Como es de conocimiento público, una de las reformas constitucionales que se aprobó en el referéndum, el 9 de diciembre, fue la creación de un nuevo órgano constitucional autónomo: la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta reforma fue la salida a la severa crisis judicial y política que se desató a partir de la exposición por parte de la prensa de conversaciones telefónicas entre jueces, fiscales, abogados, empresarios y otras autoridades, que reveló graves actos de corrupción.

Ese mismo mes, el Dr. David Lovatón, director del Cicaj, junto con profesores de la Universidad postularon a un financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), que subvenciona proyectos que velen por la democracia. Fue a principios de marzo de este año que se enteraron de que la organización había aprobado el monto solicitado.

En ese marco, el Cicaj pretende impulsar una iniciativa de seguimiento de la implementación de la junta: su desarrollo legislativo, la selección de los nuevos integrantes, la transparencia de la información, entre otros. “Consideramos que esta es una buena oportunidad para que nuestra Universidad siga cumpliendo un papel crítico y de mejora en la justicia en el Perú”, señala orgulloso el Dr. Lovatón.

ESFUERZO EN CONJUNTO

Este trabajo se hará de la mano de aliados nacionales e internacionales, como Proética, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Constitucionalismo Crítico y la Fundación para el Debido Proceso -DPLF (por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Washington D.C. Además, se sumarán algunas universidades en los próximos meses.

“La lucha contra la corrupción debe ser trasnacional, porque es la única forma de combatir a grupos cleptocráticos que buscan beneficiarse de las limitaciones legales que tienen los sistemas de justicia nacionales. Temas como la persecución criminal utilizando criterios de extraterritorialidad, el monitoreo coordinado de la sociedad civil unida en coaliciones regionales y la creación de redes de periodistas de investigación son fundamentales para caminar en esa dirección”, manifiesta Úrsula Indacochea, oficial del programa de la DPLF y egresada de Derecho de la PUCP.

El plan del proyecto se viene trabajando desde mayo y ya hay algunas actividades programadas. A principios de julio, se llevará a cabo el evento Hablan las mujeres, en el que abogadas, juezas y fiscales expondrán temas relacionados con la JNJ. Y a fines de agosto, se realizará un seminario internacional con Carlos Ayala, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, y Magdalena Correa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. “No nos detendremos porque tener buenos jueces es clave en una democracia”, concluye Lovatón.

Conoce más

• La National Endowment for Democracy (NED) es una organización estadounidense privada sin fines de lucro creada en 1983.
• Al año, otorga más de 1,600 subvenciones para apoyar proyectos que promuevan la democracia.
• Se ha convertido en una institución multifacética de intercambio intelectual para activistas, profesionales y académicos en el mundo.