A pesar de que la percepción de inseguridad ciudadana ya asomaba como insostenible desde hace algún tiempo, el ataque con granada a un circo en plena función –un espacio colmado de niños– demostró la perversión y brutalidad a la que pueden llegar los crímenes en el país, y nos dejó con una sensación de impotencia y vulnerabilidad. El Decreto Legislativo 1182–denominada Ley de geolocalización o Ley stalker– propuesto y aprobado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de enfrentar la extorsión y el secuestro, en ejercicio de las facultades legislativas que el Congreso le delegó, parecía estar justificada.

Pero, ¿poder geolocalizar un equipo móvil responde a una lectura real del problema? La polémica se ha desatado entre quienes justifican la medida, y aquellos que indican que esta ley abre las puertas a la violación de los derechos a la intimidad y al secreto de las telecomunicaciones. Veamos qué dicen los especialistas.

La Lic. Fátima Toche, abogada egresada de la PUCP, explica que el Decreto Legislativo 1182, que aún espera su reglamentación, es una ley que permite a la Policía solicitar a las empresas operadoras de telecomunicaciones los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, sin autorización previa de un juez o fiscal. “Es decir, se omite una garantía básica en todo el país donde prime el estado de derecho: que cuando se limite algún derecho constitucional, por perseguir un fin superior, sea un juez el que otorgue la autorización respectiva. Esto ha sido reemplazado por una autorización posterior que convalidaría o no la utilización de esta información, luego de que la Policía ya tuvo acceso a ella”, dice.

Sobre las responsabilidades que tendrían que asumir las empresas de telecomunicaciones en el marco de la ley, para Toche se genera, sin duda, otra polémica. “Se obliga a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y las entidades públicas relacionadas con estos servicios a conservar, hasta por tres años, los datos derivados de las telecomunicaciones –no la comunicación en sí– de todos sus usuarios, sospechosos o no”, comenta. La abogada explica que estas empresas tendrán que almacenar toda la metadata relacionada con nuestras comunicaciones, tales como el origen y destino de nuestras llamadas, duración de las mismas, características de nuestros equipos móviles, entre otras. “El manejo de tal flujo de información relacionada con el secreto de nuestras comunicaciones constituye un potencial contingente de vulneraciones a nuestro derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones”, enfatiza.

¿Geolocalización?

El Dr. Carlos Silva, director de la Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones, cuenta que, según algunos autores, la idea de localizar celulares se pudo haber iniciado en Estados Unidos ante la necesidad de conseguir la ubicación de las personas que, mediante un equipo celular, llamaban al 911 para solicitar ayuda. “A partir de esta acción, se amplió el espectro de aplicaciones, se mejoró la tecnología con aportes significativos, como, por ejemplo,el grado de precisión en la ubicación del equipo. Todo esto constituye lo que se denomina geolocalización de celulares”, dice.

Para Silva, de acuerdo con las diferentes técnicas que existen para poder realizar una geolocalización, se necesita un conocimiento de la ubicación de las estaciones base, de las que son propietarias las empresas operadoras de telecomunicaciones. “Allí tendría que haber una coordinación muy estrecha entre la Policía y la empresa para poder recibir esta información”, dice.
Por su parte, el Dr. Manuel Yarlequé, docente del Departamento de Ingeniería con experiencia como consultor y asesor en proyectos de telecomunicaciones, explica que las técnicas para ubicar un dispositivo son muy clásicas y se han venido aplicando a distintos tipos de redes. “En principio, se usaba el GPS, que es el más conocido y que tiene cobertura en cualquier parte del mundo. En cambio, el WiFi y la red de celular están condicionados a la cobertura”, dice. Añade, además, que en los tres casos se usa casi con el mismo principio, cuyo método más simple es la triangulación: “Tienes tres puntos de referencia, en la cual puedes determinar el lugar donde te encuentras y medir la velocidad que demora en llegar la señal con la ecuación velocidad – distancia – tiempo”, explica.

Yarlequé comenta que tanto el GPS, el WiFi y la red celular son redes independientes con su propia infraestructura y, para lo que plantea inicialmente la ley, la red celular es suficiente para determinar por dónde te encuentras, aunque no con tanta precisión. “La resolución de estos servicios no es tan alta: ofrece un rango de 10 a 100 metros, así que no puedes saber con certeza quién es. Se sabe que la mayor parte de extorsiones vienen de los penales, pero hay que saber qué penal es y eso sí se puede determinar”, señala.

Explica también que el operador es el único que tiene acceso a esa información y la Policía solo la solicitaría. “La mayoría de empresas tienen el servicio implementado dentro de su red celular. Si no se exige un mayor grado de precisión, lo podrán mantener tal como está, sino van a tener que invertir”, comenta.

Sobre la polémica desatada ante una ley que podría vulnerar la privacidad de las personas, Yarlequé percibe ciertas contradicciones en las opiniones. “No pensé que iba a ver tanta adversidad cuando hay situaciones en las que brindamos, constantemente, nuestra ubicación mediante aplicativos. Por ejemplo, cuando uso Waze, estoy mostrando mi ubicación y nadie siente que su privacidad esté siendo vulnerada. En ese caso, no hay necesidad de que un policía la solicite. La tecnología es un recurso que siempre ha estado disponible y no sé por qué no la utilizaban en temas de seguridad”, agrega.

Y, más allá de la preocupación de ser geolocalizados, algunos sectores de la sociedad vienen debatiendo sobre la posibilidad de que la ley abra un campo más amplio dirigido a la interceptación telefónica. Silva dice que, en ese contexto, el riesgo es posible. “En tanto se use la red que sirve para comunicar a los celulares, la probabilidad existe. Las escuchas son una prueba de que, mediante equipamiento sofisticado, se puede lograr sin ningún problema. En la medida en que la norma se ajuste, sea muy precisa y que los pasos que se tengan que dar siempre estén controlados, el riesgo podrá ser menor”, dice.

Problema de fondo. “Los extorsionadores o bandas organizadas pueden prescindir del uso del teléfono para seguir cometiendo los mismos delitos, usando, por ejemplo, cartas anónimas, correos electrónicos, entre otros”, señala Fátima Toche. Para la abogada, queda claro que la ley no soluciona el problema real. “Todo esto sería innecesario si existiera una comunicación rápida y fluida entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que las autorizaciones de levantamiento del secreto de las telecomunicaciones o la geolocalización sean expedidas con las garantías del caso y en cuestión de horas. La alternativa más viable podría ser la designación de jueces ad-hoc que cubran turnos de 24 horas para poder atender este tipo de casos”, explica como alternativa. “Ataquemos el tema de fondo y no legislemos para perpetuar problemas estructurales en nuestro sistema judicial”, finaliza. Sin duda, con las opiniones divididas y la polémica abierta, la ley tendría que debatirse.