Si bien la responsabilidad de quien comete un asesinato utilizando a un menor de edad ya está planteada en el Código Penal, el Ejecutivo desea legislar para individualizar el delito de quien comete materialmente el asesinato, es decir, los mismos menores. Sin embargo, el Dr. Meini asegura que el sistema ha fallado al creer en la función de la pena como disuasión y al darle una forma de problema penal antes que considerarlo un tema de políticas públicas.

El sicariato de menores es un fenómeno más complejo, pues detrás de ellos están organizaciones criminales, muchas veces transnacionales, que no se dedican solo al sicariato. Lamentablemente, no se desarticulan estas redes y solo son apresados los sicarios que son sustituibles. Para Meini, la mejor solución no es modificar la ley, sino diseñar e implementar políticas de prevención y de acompañamiento para los menores infractores de la ley penal.

Los fracasos del endurecimiento de penas

Deberían darse ciertas consideraciones ante las propuestas de agravar la sanción penal. Se olvida la elevada tasa de reincidencia, así como el hecho de que si se reduce la edad penal a 15 años, lo más probable es que se contraten a menores de 14. A su vez, se especula sobre aumentar el máximo de pena de cárcel, pero este, en el Perú, es de 35 años y la cadena perpetua es inconstitucional en nuestro país, por lo que solo podría subirse el mínimo de pena. Asimismo, cada vez que se ha legislado en materia penal, se han elevado las penas; sin embargo, el índice de criminalidad revela que los delitos han ido aumentando casi de manera proporcional. “Lo que se está haciendo es postergar el problema para dentro de 30 años. Y cuando esa persona salga de la cárcel, no va a salir rehabilitada. A lo mejor, los políticos que proponen esas medidas no lo verán, pero sí la siguiente generación”, observa Meini.

Por otro lado, el Dr. Meini asegura que mientras se siga intentando resolver el sicariato juvenil únicamente mediante la sanción penal, este solo se va a incrementar. Esto lo demuestran ciertos países de Centro América, como El Salvador y Honduras, donde las pandillas son un problema grave, pues los menores de edad tienen una vida criminal consolidada. También deberían considerarse los diferentes modelos jurídicos con los que se enfrentan estos problemas. En Inglaterra, por ejemplo, se juzga como adulto a un menor de edad siempre que las pericias psicológicas y antropológicas demuestren que tiene un desarrollo mental y una capacidad de inhibirse como para no cometer el delito. En algunos países reducen la edad penal a los 12 años. En otros, como Austria, ni una persona que tenga menos de 18 años puede ser juzgada penalmente. Según Meini, estos modelos responden a cada sociedad, determinados valores y posibilidades.

El plan de prevención del Estado

No debemos ignorar que el Perú ha suscrito y ratificado la Comisión Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece cuáles son las garantías o presupuestos para considerar a un menor como responsable penal, bajo qué modelo de juicio y cuál debe ser la orientación que deben tener las sanciones. Estas convenciones establecen que la sanción a un menor no puede ser igual a la de un mayor de edad, porque no ha culminado su proceso de socialización y no es pertinente internarlo en un centro penitenciario rodeado de criminales durante tantos años.

El trabajo de prevención recae principalmente en el Estado, específicamente al ejecutar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, el primer programa que aprobó el Consejo Nacional de Política Criminal del gobierno actual, para que el adolescente tenga un tratamiento especialmente preventivo. “Sería contradictorio que una política pública aprobada por este mismo gobierno, ahora, quiera dejarse de lado y se piense en endurecer el marco punitivo”, asevera Meini. La Policía Nacional del Perú tiene programas piloto en Trujillo y Lima para demostrar que hay formas distintas para intentar reducir el problema, y, aunque requieren presupuesto y tiempo, están funcionando.

Los programas cuentan con el apoyo de educadores, psicólogos y presencia policial. Se trata de tomar contacto con las poblaciones juveniles expuestas a la delincuencia. Si el menor comete una infracción, se trabajará en su rehabilitación y que culmine su proceso de socialización. Si bien la criminalidad juvenil es un problema grave, se debe trabajar en los problemas que realmente sientan las bases de la inseguridad. No es casual que las zonas más expuestas a la criminalidad sean aquellas en donde hay menor presencia del Estado. “Si se quiere reducir la utilización de jóvenes como sicarios o delincuentes, el Estado debe invertir en educación y empleo. Pero eso es lo que no queremos escuchar”, asegura Meini.