Si bien en toda América Latina el poder presidencial es bastante alto, Dargent resalta que en el Perú “tenemos muy poca fortaleza en organizaciones buscando ocupar el poder”, de esta manera, el debate se centra en candidatos concretos. Los efectos son varios: mayor volatilidad por parte del electorado y menor claridad para leer qué tipos de propuestas –clientelistas o estructuradas– son atractivas para determinados sectores. “Son campañas interesantes por lo desordenadas y por los cambios que se pueden dar en el proceso”, resume.

En estas condiciones, explica el politólogo, los financistas de las campañas concentran mucho poder y buscarían establecer agendas particulares con los candidatos. “Los candidatos muy personalistas y los financistas, que obviamente están pidiendo algo a cambio, son una mezcla bastante explosiva”, advierte. En ese sentido, es importante leer con cuidado lo que dicen los candidatos sobre ciertos temas, pedir que sean específicos en sus propuestas y hacer el seguimiento de su implementación.

Ley universitaria

Para Dargent, no es casual que la mayoría de candidatos esté en contra o no hable de la reforma universitaria. “Eso indica que grandes financistas de campañas vienen de universidades que se verían afectadas con esta norma”, señala. Derogar la norma de manera oficial requeriría pasar por el Congreso, pero el experto recuerda que “en el Perú no hay que ser un presidente que derogue una norma para que no se aplique. Pueden dejarla vigente, pero si no le pone fiscalización, seguimiento, apoyo a la Sunedu o recursos al sistema, todo va a seguir exactamente igual. La ley va a morir sola”, observa.

Consulta previa

Dargent considera que los avances en su implementación son señales positivas, pero recuerda que es crucial pedir más detalles sobre las posturas que ya han señalado los candidatos. “Es importante que digan cómo van a actuar frente a ella: ¿van a dar más recursos a los órganos encargados de implementar consultas? ¿Van a buscar la forma de hacerlas más abiertas?”. De estar en contra, indica que deberían señalar, también, hacia qué otro modelo de consulta se inclinarían. Si bien rechazarla formalmente y en su totalidad implicaría oponerse a un tratado internacional, el politólogo recuerda nuevamente que “si no se quiere implementar una norma, lo más simple es dejarla morir”.

Economía y reformas tributarias

En este punto, el especialista señala que hay bastante libertad en términos formales. El Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la Sunat, tiene herramientas para proponer cambios de manera independiente -el BCR, eso sí, es un ente autónomo que no responde directamente al Ejecutivo-. “Aun así, llega un momento en el que el gobierno entra en conflicto con actores sociales con poder”, indica, y señala un patrón común: “Cuando llegan al gobierno y ven las cuentas nacionales, suelen volverse más calmados que cuando están en campaña”.

Cambios constitucionales

Un cambio en la Constitución necesita el apoyo de dos tercios del Congreso en dos legislaturas ordinarias y consecutivas o, en caso contrario, un referéndum que debe iniciarse con la aprobación de una mayoría simple en el Congreso. “Es algo muy complejo con una clase política pobre y débil”, opina Dargent. Para el politólogo, si bien hay cambios drásticos que podrían realizarse, es más importante implementar, de manera efectiva, muchas leyes ya dadas. “Se tiene que fortalecer al Estado para que haga bien una serie de servicios que, al hacerlos mal, le causa una pérdida de legitimidad”. En cualquiera de los dos casos, considera que es importante acompañar estos esfuerzos con un discurso político que permita a la población ver que se trabaja por ella.

Seguridad

“Este es un tema en que las encuestas muestran mayorías muy autoritarias, con una visión muy dura, por lo cual habría que exigir más inteligencia a los políticos”, indica Dargent. Formalmente, un presidente tendría mucha libertad para implementar propuestas que van desde la salida de militares a la calle a una reorganización de la Policía. Sobre la primera medida, señala que ya se ha comprobado su poca efectividad para combatir el crimen organizado y considera que “hay mala fe” por parte de los candidatos que la proponen solo para ganar votos. A su vez, indica que “los mecanismos de control horizontal son, por lo general, débiles. En ese contexto, un presidente podría hacer muchas cosas –en temas de derechos humanos- y, mientras llega una denuncia a la Corte Interamericana, evadir su responsabilidad”.