“La expresión más cruel de la pobreza es el hambre”, afirma la Dra. Martha Rodríguez, docente de la Sección Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Y agrega: “La producción alimenticia se ha convertido en un gran negocio donde el mercado controla el acceso a los alimentos. El capital vela por la ganancia y no por la satisfacción de las necesidades básicas de la población”.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un país cuenta con seguridad alimentaria cuando todos sus habitantes tienen, en todo momento, “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Si se presentan limitaciones para disponer, acceder o usar estos alimentos, estaríamos ante un caso de inseguridad alimentaria que, según el periodo afectado, puede considerarse transitoria (temporal) o crónica (persistente).

El acceso al alimento

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) estimó en el 2010 que alrededor de 14 millones de habitantes (es decir, el 47,5% de peruanos) se encontraban expuestos al riesgo de inseguridad alimentaria. El Mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 2012, elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), señala que los departamentos con mayor nivel de vulnerabilidad son Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Amazonas.

“En países como el nuestro, quienes tienen mayores dificultades de acceso a los alimentos son los pobres urbanos de origen rural. El Perú tiene una canasta alimenticia bastante diversa que se encuentra focalizada. No somos un país homogéneo, hay zonas de alta biodiversidad (hotspots) y de baja biodiversidad”, precisa la socióloga.

La caza, la pesca y la recolección han sido indispensables para satisfacer las necesidades biológicas de la población indígena y rural. Pero estas actividades ancestrales no solo suministran alimentos, también son espacios de transmisión de conocimientos y habilidades que constituyen la herencia social de una comunidad. “Cuando industrias que no respetan el hábitat operan en pueblos vulnerables, no solo impiden el acceso a esta diversidad de alimentos, sino que se pierden recursos culturales y sociales que no son considerados normalmente al momento de cuestionar el impacto de grandes proyectos”, comenta Rodríguez.

Biodiversidad en peligro

Hasta hace unos años, las políticas de Estado exhortaban a expandir la frontera agropecuaria hacia la Amazonía porque se consideraba que sus suelos eran per se más ricos que el resto. Pero esta riqueza –explica Rodríguez- se debe a la presencia de bosques en la zona: “La capa fina de nutrientes se retroalimenta con las hojas y frutos del bosque. Si se talan los árboles, la fertilidad de estas tierras se lava con las lluvias y queda en nada”.

Tenemos tal variedad geográfica y ecológica que el cambio climático se presenta de diferentes maneras en nuestro país: abundancia de lluvias en el sur, sequía en el norte, deshielo en la cordillera, etc. “Como política de Estado, no se está trabajando para generar mecanismos de aprovechamiento de los recursos y guardar pan para mayo. Necesitamos implementar una política general y acciones especializadas, de acuerdo con los ecosistemas y los impactos de esta variabilidad climática”, opina la docente.

Rodríguez pone como ejemplo el manejo del agua. El incremento de la temperatura (uno de los signos más graves del cambio climático) ocasiona que los glaciares se deshielen y que, eventualmente, nos quedemos sin agua dulce. Pero durante un primer periodo (que puede durar décadas) habrá un exceso de agua dulce que causará inundaciones, destrozos de cultivos y viviendas antes de llegar al mar. ¿Cómo hacemos para capturar, aprovechar y “cosechar” el agua antes de que escasee aún más? Esa pregunta sigue sin resolver.

Otra acción que modifica sustancialmente el ecosistema -y contribuye al cambio climático- es la deforestación de bosques con diversidad biológica que, por razones económicas, son transformados en espacios de monocultivo. Miles de hectáreas en la Amazonía se dedican al cultivo de la palma aceitera, el maíz amarillo, el arroz y la coca.

La Estado y el mercado

El año 2013 tuvo como nombre oficial “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” para poner sobre el tapete esta problemática. Pero no se visibilizan avances al respecto: en junio del 2012, el grupo Alianza Parlamentaria presentó el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que reconoce y garantiza el derecho a una alimentación adecuada y saludable, en particular de la población más vulnerable (pobres extremos, niños, gestantes, adultos mayores). Fue aprobado en primera votación en diciembre del 2013 y remitido al Ejecutivo en noviembre del 2014. Dos años y aún nada.

Una alternativa para apoyar la seguridad alimentaria es la creación de sistemas agroecológicos; es decir, reproducir ecosistemas que naturalmente se dan en los bosques. Esta interacción de cultivos permite una mayor resistencia a las plagas y las enfermedades, una mayor retención de nutrientes y una mejor productividad. En la región San Martín, el cultivo de café se realiza bajo la sombra de árboles frutales y especies leguminosas.

Sin embargo, queda una pregunta: ¿cómo revalorizamos los productos nativos sin llegar a la elitización y el encarecimiento desmedido? Para la especialista, la relación entre el mercado y el Estado debería tomar en cuenta otras consideraciones sociales. Por ejemplo, en vez de pelear el título de primer productor mundial de quinua, debería preocuparnos saber cuánta población está accediendo a este recurso y quiénes han mejorado su nutrición por su consumo.

“Hay fuerzas de mercado y políticas neoliberales del Estado. Si uno deja que el mercado lo regule todo, entonces tendremos casos como el de la quinua, que, a pesar de ser un alimento de primerísima calidad para combatir la desnutrición, casi toda su producción termina exportándose o vendiéndose a precios tan elevados que las poblaciones urbanas más pobres no pueden acceder a ella”, dice Rodríguez.