Eran las 6:40 p.m. del 15 de agosto del 2007. Un minuto antes, la vida transcurría con normalidad. Un minuto después, el tiempo exacto que duró el terremoto, la vida, tal como la conocían, había acabado para miles de personas. El terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter tuvo su epicentro en las costas del centro del Perú. Al hacer el balance posterior, se contaron 595 muertos, 2,291 heridos, 76,000 viviendas destruidas e inhabitables y 431,000 afectados.

A diez años del evento, el Dr. Antonio Peña Jumpa, docente del Dpto. de Derecho, señala que “se conoce poco de los resultados de la reconstrucción. A pesar de la inversión pública realizada, miles de familias damnificadas siguen viviendo en módulos de madera o viviendas inseguras”. Esto se debe, según el Dr. Peña, a tres factores: la falta de participación de los damnificados en la reconstrucción, la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y la inexperiencia para la prevención y control de la corrupción en las obras de reconstrucción.

Sobre el primer punto, el Dr. Peña explica: “Tras el terremoto hubo solidaridad y reacción inmediata de los necesitados, pero pasado el periodo de emergencia, y con la rehabilitación, se fue alejando esa participación. Las autoridades locales, regionales y nacionales recuperaron poco a poco su autoridad centralizada y anularon a las personas”.

Sobre el último punto, Peña Jumpa añade: “No hubo falta de recursos económicos ni falta de solidaridad. La corrupción no fue solo de funcionarios públicos, sino también privada. En la experiencia de Pisco se ha notado el aprovechamiento de funcionarios públicos del más alto nivel, incluidos ministros hasta ingenieros a cargo de las obras. Luego se perdieron documentos, las investigaciones fiscales fueron muy débiles por falta de pruebas, y, finalmente, se conoce muy poco de personas procesadas efectivamente por los actos de corrupción”.

CASO FORSUR

Como respuesta al desastre, el Gobierno Peruano promulgó, el 28 de agosto del 2007, la Ley No. 29078 que creó el Fondo de Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 (Forsur). Esta norma declaró en emergencia, y de interés nacional, la ejecución de planes y proyectos destinados a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, centros educativos, hospitales, postas médicas, así como la infraestructura de comunicaciones, caminos, riego, energía eléctrica, saneamiento, rehabilitación urbana y otros servicios públicos en las zonas declaradas de emergencia. Sin embargo, dos años después del terremoto, aparecieron las primeras denuncias contra Forsur. La principal de ellas señalaba que, al estar exonerado del SNIP, Forsur aprobaba los proyectos con una ficha que no contiene la información mínima indispensable. Además de esta informalidad, se denunció la lentitud para la asignación de los recursos financieros.

La Dra. Sandra Santa Cruz, directora de la Maestría en Ingeniería Civil, ve las analogías entre la respuesta a la emergencia del 2007, en Pisco, y la de este año, por el Niño costero. “Forsur no tuvo el impacto esperado por varias razones. Una de ellas, es que la sede principal de Forsur estaba en Lima, cuando el evento dañó principalmente la región Ica y el país no tenía un proceso de descentralización maduro. Ahora, en equivalencia, se ha formado la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (ARCC), cuyo trabajo no se ve aún porque recién está empezando. De hecho va a presentar su plan de trabajo a finales de agosto y se espera que en octubre se inicie la reconstrucción de las viviendas. Pisco nos enseñó que es importantísimo estimar el número de afectados y la magnitud de los daños de manera rápida porque si lo subestimas, como pasó entonces, vas a dejar a varias personas fuera de los beneficios o no vas a saber cómo distribuirlos”, explica.

En el documento Pisco + 5, editado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Care Perú y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), se señala que en el sismo de 2007 se presentaron dificultades en el acceso a subsidios y créditos para la construcción de viviendas a causa de la poca claridad en la determinación de las condiciones de damnificado y beneficiario. “La implementación del subsidio del Bono 6000 de reconstrucción, emitido por el Gobierno, evidenció mucha improvisación, irregularidades e impactos negativos. Una de las principales irregularidades fue que muchos subsidios se entregaron a familias que no eran damnificadas reales”, puntualiza el documento. Así, muchos damnificados no accedieron a créditos ni subsidios por desconocimiento de los programas de vivienda.

DIEZ AÑOS, ¿EN VANO?

A inicios del 2017, el Niño costero golpeó diversas regiones de nuestro país. Y a estas alturas del año, cuando se está esperando conocer el plan de reconstrucción, y al coincidir la fecha con el décimo aniversario del terremoto de Pisco, las comparaciones son inevitables.

El Dr. Jorge Vargas, coordinador del Grupo para el Manejo de Crisis y Desastres, considera que el aprendizaje en todos los niveles ha sido pobre. “El Niño costero nos ha demostrado que en el área de infraestructura ha estado ausente la prevención, que debió haberse tenido como un referente de línea base para pensar que, más allá de Pisco, otras regiones del país van a estar siempre en riesgo de ser afectadas por fenómenos. En la costa y el centro del país, serán los movimientos sísmicos; en el caso de otras partes, serán los huaicos; y en otras partes, será el friaje. A partir de esta experiencia se pretende colocar infraestructura preventiva y eso está bien”, dice.
Pero, para Vargas, es claro que “nos hemos olvidado de Pisco”. Añade: “Hay noticias que, en infraestructura, la población se encuentra tal cual hace 10 años después del sismo. Una parte de la población está haciendo un trabajo de picapedrero. Es lamentable que el esfuerzo sea de abajo hacia arriba, donde la población se organizan en proyectos para mejorar las condiciones en las que se encuentran, pero no de arriba hacia abajo”.

La Dra. Silvia Rosas, coordinadora de la Especialidad de Ingeniería Geológica, destaca que no debemos olvidar en la región geológica en la que nos encontramos, que somos parte de este cinturón del Pacífico de alta sismicidad, debido a las condiciones geotectónicas. “Lo sabemos, pero lo seguimos olvidando. Siempre me pregunto qué pasará el día que el epicentro sea en Lima, esta ciudad que ha crecido exponencialmente desde el último terremoto frente a nuestras costas, del año 74”, dice.

La Dra. Rosas compara Lima con ciudades análogas en aspectos geológicos y geotectónicos, pero con mayor desarrollo en cuanto a tecnología de construcciones antisísmicas y similares, y señala las grandes ciudades japonesas. “Por ejemplo, en los últimos años aquí en Lima se han instaurado todas las redes de gas. Uno de los problemas en las ciudades japonesas fue que, tras los sismos, se desataban incendios en las redes de gas y ahora ellos han desarrollado una tecnología que permite la seguridad en este aspecto. Sería interesante saber qué aspectos de seguridad se han tenido en cuenta en la instalación de redes de gas en nuestra ciudad. Lima, con sus diez millones de habitantes, probablemente sea la ciudad que se encuentra en más alto riesgo en cuanto a población e infraestructura”, puntualiza.

El papel de la geología en la prevención consiste en desarrollar mapas de riesgo sísmico. La Dra. Rosas explica que eso está muy bien desarrollado para ciudades como Los Ángeles y San Francisco, también de alto riesgo sísmico. “El problema con nuestra ciudad es que si su crecimiento no se ciñe a ese tipo de información, poco o nada sirven. Lima ha sufrido un crecimiento sumamente desordenado a raíz de la época del terrorismo, de la migración hacia las grandes ciudades, entonces, sin un ordenamiento urbanístico territorial en torno a estos aspectos, poco o nada sirven los mapas”, explica.

En el Perú existe el plan nacional de gestión de riesgos 2014 – 2021, y tiene como línea evitar y reducir las condiciones de riesgo de la población con un enfoque territorial. “Está ahí y está muy bien planificado. La reconstrucción tiene que enmarcarse en estas líneas. Dentro de eso, lo que se propone desde la academia, específicamente desde la PUCP, es definir los criterios de diseño hidrológico e hidráulico, y tomar en cuenta los efectos del cambio climático y el calentamiento global. También hay que ver y revisar la normativa para la expedición de las licencias de construcción y el uso de suelo, fortalecer a los municipios para que desarrollen su plan de desarrollo urbano con enfoque de gestión de riesgos, de tal manera que se definan claramente las zonas donde no se puede construir. Ahí hay que mover a las personas y reubicarlas”, dice la Dra. Santa Cruz.

Foto: Andina