Definimos a las personas que viven en una ciudad como “ciudadanos”, pero ser un ciudadano implica mucho más que eso. Además de ser alguien que vive en una ciudad, un ciudadano es quien tiene la posibilidad de ejercer los derechos que le permiten tener una buena calidad de vida.

El Dr. Jordi Borja, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña (España) y presidente del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de Barcelona, hace un símil con la célebre frase de la pensadora feminista Simone de Beauvoir (“No se nace mujer: llega una a serlo”) para explicar que “no nace el ciudadano, se hace el ciudadano ejerciendo derechos”.

Los derechos con los que un individuo debe contar para ser un ciudadano, asegura, deben ser los mismos para cada habitante de una ciudad, independientemente de su nivel económico, y deben ser también integrales. “Por ejemplo, no basta con tener vivienda si no tienes una buena movilidad, equipamientos, trabajo, acceso a las áreas centrales, etc. Si tienes trabajo y tienes vivienda, pero tienes que hacer dos horas de viaje cada día para ir y dos horas para volver, es un problema, ¿no? No basta con los derechos más vinculados a la ciudad física, como la casa, sino también si tienes los mismos derechos que otros”, detalla.

Para el Dr. Borja, algunos otros derechos ciudadanos son la salud, la seguridad social, la formación continua y todos aquellos que aparezcan a medida que las sociedades evolucionan. Por ello, considera entre los derechos básicos el acceso a internet. “Lo que se llama la fractura digital excluye a un sector importante de la población, como antes lo hacía el analfabetismo”, dice.

El especialista considera que “estamos en países en que los ciudadanos, de hecho, no tienen derechos básicos, aunque estén en la Constitución” y, en ese sentido, indica que será la unión de las fuerzas sociales lo que consigne orientar las políticas públicas a satisfacer las necesidades de los habitantes de una ciudad.

Coincide con esta idea la Dra. Alicia Ziccardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autóno ma de México (UNAM), quien considera que las universidades también pueden ayudar a que las políticas urbanas vuelvan a tener un carácter público. “Creo que hay que recuperar el carácter público de las políticas urbanas, más que ninguna otra política, porque son las políticas que atañen a la calidad de vida de la gente”, declara. “Público en el sentido de que las decisiones no las tomen solamente técnicos y sectores con intereses económicos muy fuertes, sino también que, por ejemplo, las instituciones académicas tengan la posibilidad de incidir en las políticas urbanas, y, por supuesto, los actores y las organizaciones sociales también”, explica.

Ambos especialistas estuvieron en la PUCP para participar en el II Seminario Internacional “El derecho a la ciudad en América Latina: lo político de las políticas urbanas”.

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