El calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) ha desencadenado graves impactos climáticos en el mundo. Por nuestra diversidad de pisos altitudinales, ecosistemas y especies, los científicos señalan que somos uno de los 10 países más afectados por el cambio climático producido por la acción humana.

La voz de alerta sobre sus efectos estaba dada hace más de 20 años en documentos como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brasil, 1992) y el Protocolo de Kioto (Japón, 1997), y en las posteriores reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya vigésima edición se llevó a cabo en Lima en diciembre del 2014.

En el Acuerdo de París, firmado durante la COP 21 a fines del 2015, los países (o “partes”) se comprometieron a lograr que el aumento de la temperatura general del planeta se mantenga por debajo de los dos grados centígrados. Cada nación estableció la reducción de un porcentaje significativo de sus emisiones de GEI.

El Perú suma esfuerzos a este proyecto global a través de propuestas desde el Estado. A mediados de abril, el presidente Martín Vizcarra promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente -que este año cumple 10 años de labores mientras prepara el reglamento de esta norma-.

“El tema de cambio climático se empieza a trabajar en el Perú hace 20 años. El trabajo para esta ley empieza en el año 2014, cuando el Perú asumió la presidencia de la COP 20. En ese momento hubo mucho interés por preparar varios proyectos de ley en el Congreso. A partir del 2016, se retoman estas iniciativas. La ley propone trabajar fuertemente los impactos producidos por el cambio climático en el país. Plantea cómo las autoridades de los distintos niveles de gobierno (nacional, regional, local) deben considerar los factores de riesgo en un contexto de cambio climático para formular sus políticas”, señaló la Mg. Rosa Morales Saravia, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam.

“París establece un acuerdo importante que son las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que tiene que ver con la meta de cada país para reducir sus emisiones de efecto invernadero para no superar los dos grados en la temperatura promedio del mundo. En el Perú, es interesante cómo esta Ley Marco logrará articular varios ministerios y organismos”, dice el Dr. Luis Chirinos, docente del Departamento de Ingeniería y especialista en ciencias ambientales.

 Principales propuestas

La ley empodera al Minam como autoridad nacional en materia de política climática. Es así que establece medidas transversales con otros ministerios, gobiernos regionales y locales, que deben incorporar la variable climática en su gestión. Para facilitar esto, la Ley establece una Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, y cuya secretaría técnica recae en el Minam.

Además, se promueve que cada ente público diseñe y ejecute acciones concretas de adaptación y mitigación al cambio climático. El documento también indica los instrumentos eje para la aplicación de políticas, como la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, y los Instrumentos de gestión, planificación e inversión sectorial, territorial y de recursos hídricos, que podrán ser usados por los gobiernos locales.

“En la gestión de los distintos niveles de gobierno, ha habido un trabajo de capacitación. En 22 de las 24 regiones del Perú, hay estrategias locales de cambio climático. Hay regiones que han avanzado más. Por ejemplo, Cuzco y Apurímac tienen consejos regionales que trabajan muy activamente. En los últimos dos años, Arequipa ha realizado trabajos importantes en fábricas de agua y de energías limpias. Tenemos el reto para que esto sea así en otras regiones”, indica Morales.

La directora de Cambio Climático y Desertificación añade que estos temas son trabajados por un grupo multisectorial conformado por trece ministerios y por el Ceplan. “Desde febrero del 2017, analizamos cómo incorporar medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de GEI, así como la sostenibilidad en cada sector, tanto si se construye un puente como si se realizan obras de saneamiento”, explicó Morales, economista egresada de la PUCP.

Fortalezas y debilidades

“Aunque no salen directamente de la norma, la Ley Marco (…) sí impulsa un conjunto de lineamientos de acción para el Estado que priorizan la mitigación y adaptación. La creación de una comisión de alto nivel para discutir los temas de la política climática me parece un elemento importante porque gran parte del problema radica en la coordinación. Muchos sectores están involucrados en el tema de cambio climático y se debe tener un espacio de alto nivel que los coordine”, dijo Iván Lanegra, docente del Departamento de Ciencias Sociales y autor del libro ¿Qué es el cambio climático?

Sin embargo, para el investigador, la norma no precisa temas como el financiamiento. “No crea un mecanismo financiero potente que canalice recursos hacia el tema climático. No indica incentivos claros que lleven al sector privado a incorporar la variable climática”, señala Lanegra, para quien la capacidad y efectividad de los gobiernos regionales para trabajar en el cambio climático varía en cada lugar. “Hay gobiernos regionales, como el de Arequipa, donde hay cierto interés y capacidad para impulsar acciones. Es evidente que el gobierno regional de Madre de Dios no es un actor que priorice la sostenibilidad ambiental, sino que busca negociar la continuidad de la minería ilegal e informal”, añadió.

¿Crecimiento o ambiente?

Más allá de la norma legal, un punto a considerar para la efectividad de las actividades a cargo del Minam es la orientación de la agenda ambiental, subordinada al crecimiento económico. Para la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz (ver Enfoco), es viable promover la inversión con un enfoque de sostenibilidad ambiental.

“Es una falacia pensar que no vamos a crecer económicamente porque vamos a cuidar el medio ambiente y, a la vez, explotar los recursos. La intervención en el sistema natural siempre genera una contaminación. Por ello, se debe buscar la alternativa de menor impacto que genere la actividad. Puede haber un equilibrio. Por ello, en la elaboración del reglamento de la Ley Marco, deben participar los ingenieros ambientales para entender cómo aprovechar los recursos con el mínimo impacto. Hacer esto correctamente es trabajar con sostenibilidad”, indicó el Dr. Chirinos.

“El tema económico aparece casi siempre en primer lugar en la prioridad de los gobiernos. Hay oportunidad en la medida que se convence de que los temas climáticos son posibilidades para la economía. Se deben mostrar los enormes costos generados por la falta de adaptación. La oportunidad para que el Minam tenga un liderazgo mayor es conectar la agenda ambiental con la diversificación productiva y con el ordenamiento del territorio”, señaló Lanegra, para quien persisten otras contradicciones.

“En el caso de la venta de la planta metalúrgica de La Oroya –un complejo obsoleto que no cumplió con normas exigentes–, el gobierno de Kuczynski redujo el estándar de calidad ambiental del aire, en lo que se refiere al dióxido de azufre, para hacerlo más compatible con la pretensión de un sector. Fue una mala política hecha para facilitar una inversión”, dijo con preocupación.

La meta 2030

Aunque las emisiones del Perú representan menos del 1% del total global (suele aparecer en la categoría “otros”), la meta con respecto al Acuerdo de París es realizar acciones para reducir en 30% las emisiones de GEI previstas para el año 2030.

“Es una forma de decirle al mundo que el crecimiento económico peruano no va implicar un crecimiento de los GEI. Aproximadamente, el 40% del total de nuestras emisiones son resultado de la deforestación. Gran parte del esfuerzo se enfoca en reducirla”, dijo Iván Lanegra. En ese sentido, el experto considera que ha sido un logro alcanzar este porcentaje objetivo. “Estamos muy cerca de lo máximo que se podía acercar en el contexto político existente. El desafío es cómo lograr que las decisiones políticas estén a la par de las evaluaciones científicas que se tienen sobre estos temas”, consideró.

“En el Perú creemos que, por ser contribuyentes menores, no es necesario reducir las emisiones. Pero no nos damos cuenta de cuánto perdemos por la actividad humana. ¿Qué ocurre con la despensa alimentaria cuando cambian las condiciones del clima? Cuando no hay lluvias o llueve demasiado, se pierden cosechas. La seguridad alimentaria debe preocuparnos”, manifestó el investigador Chirinos.

Los expertos concordaron en la urgencia de priorizar políticas de adaptación al cambio climático. “A veces pasan cosas graves como un gran desastre climático para empezar a adaptarnos. Necesitamos liderazgo político. El desafío del Minam es lograr que las personas se den cuenta de que el costo del riesgo de esperar es muy alto. Hay que empujar a los actores económicos y políticos para que las acciones se aceleren. Las tecnologías para lograr estos cambios están disponibles y son económicamente factibles”, concluyó Lanegra.