Tras el incidente del derrame de petróleo en Loreto, debemos conocer qué obligaciones tiene Petroperú para remediar este grave daño y qué sanciones deberá aplicar el Estado a esta empresa. Iván Lanegra nos explica que esta entidad, así como todas las que se sirven de actividades extractivas, tienen obligaciones en materia ambiental y de seguridad.

Las obligaciones de seguridad tratan de certificar que la instalación de oleoducto cuente con todas las garantías para evitar cualquier tipo de incidente. Esto implica el mantenimiento del ducto y asegurar su adecuado funcionamiento. La obligación ambiental implica todo un plan de contingencia en caso de accidentes para evitar que ese daño sea mayor.

Lanegra explica también que este plan de contingencia tiene dos niveles. El primer nivel es que la empresa debe actuar rápidamente para acortar el nivel de impacto, evitar que el petróleo llegue a los cuerpos de agua y movilizar rápidamente a los trabajadores para resolver problemas. El segundo nivel es el de reparación de toda el área afectada. “El solo hecho que se produzca daño al ambiente ya genera obligación de la petrolera de reparar e indemnizar a todos los afectados. La actividad es riesgosa y se genera una suerte de responsabilidad objetiva que no se puede franquear. No importa la causa, eso está fuera de discusión”, asevera el docente.

La lucha contra la emergencia

El especialista indica que también hay compromiso por parte del Estado ante estas situaciones. Por ello, la legislación ofrece las figuras de emergencia sanitaria y de emergencia ambiental.

En el caso de la emergencia sanitaria, el objetivo es proteger la salud de las personas. Por ejemplo, si los cuerpos de agua son afectados, se ofrecen alternativas para el consumo humano, como bidones o pozos en lugares no afectados. Además se debe determinar el nivel de impacto en cada cuerpo de agua para advertir qué ríos no deben utilizarse hasta que se resuelva la emergencia. Por el lado de la emergencia ambiental, el Estado deberá dedicar más recursos para atender de forma rápida este derrame. Si el plan de contingencia falla o demora, el Estado debe dedicar más recursos para que se resuelva.

Por otro lado, la petrolera dispone de personal para que solucione el problema de contaminación en la zona. “Se ha especulado sobre utilizar niños para la limpieza de este incidente, lo cual es completamente inaceptable. Por su parte, el presidente de Petroperú ha negado que eso haya ocurrido, pero igual se debe investigar”, indica el docente.

Así también, existe la práctica de pedir a los vecinos que ayuden a hacer limpieza a cambio de un pago, lo que -según Lanegra- no es malo. “En efecto, la norma de seguridad exige que siempre sean personas que tengan un mínimo de capacitación y la debida protección para hacer estos trabajos. Lo malo sería que personas no cumplan con estas exigencias para realizar las labores”, explica inmediatamente.

Las consecuencias para Petroperú

De acuerdo con las noticias publicadas sobre el caso, podríamos entender que se trata de negligencia pero tendría que probarse. Pero cuáles serían las consecuencias si hubo incumplimiento de normas.

Lanegra nos ilustra sobre la serie de medidas que debe tomar Petroperú. Primero, las medidas correctivas, orientadas a que la empresa repare y remedie todo lo ocurrido. Segundo, las sanciones de multas. Según la legislación vigente, solo se puede multar una situación muy grave o de reincidencia. “Al parecer, ambos casos ocurren, pues hubo un caso similar de derrame en el 2014 en Loreto. Además, ya es un caso de daño grave porque el petróleo ha llegado a los cuerpos de agua y ha afectado a la población local”, añade Lanegra.

La multa máxima prevista en la legislación hoy en día es de 30 mil UIT, pero de acuerdo con una ley del 2014, la multa máxima que se podría cobrar es de 15 mil UIT, alrededor de 57 millones de soles, un monto muy importante. “La indemnización y reparación ya tienen fundamento. La responsabilidad administrativa dependerá del nivel de negligencia y de daño generado”, aclara el especialista.

Además, el abogado establece que la importancia de una multa para una institución depende del origen de su capital. Mientras que las empresas privadas tienen fuertes incentivos para que sus gerencias tomen medidas de prevención y atención rápida; para las empresas públicas, la multa implicará una reducción de su balance y sus utilidades. Sin embargo, “el dinero va a salir de una cuenta estatal a otra cuenta estatal, lo que afectará al propio Estado, pero eso no es suficiente para generar incentivos importantes”, opina el docente.

Los cambios urgentes

“Uno de los problemas centrales es cómo se gobierna Petroperú. Debería tener un directorio que asegure que las mismas preocupaciones que vemos en el ámbito privado también se vean en el ámbito público”, indica Lanegra. El docente sostiene que es elemental que Petroperú esté obligado a tener estándares altos mediante mecanismos de rectoría independientes.

Para Lanegra, lo que hace diferente a una buena empresa pública petrolera de una mala radica en cómo está diseñado su sistema de gobierno. “Un sistema de gobierno sin castigo a los  funcionarios responsables por las malas decisiones que adoptan, y donde el pago de la multa proviene del presupuesto general, no incentiva a actuar bien. Pero si tuviera consecuencias fuertes, entonces se preocuparían por que todos estos temas sean debidamente atendidos”, declara y agrega, “la diferencia no se basa en los términos de las obligaciones, sino en el tipo de presión sobre los que dirigen la empresa”.

Por otro lado, Lanegra indica que el oleoducto en sí es un gran problema, debido a que fue instalado en 1974 y requiere de una renovación inmediata para evitar estos problemas. Sin embargo, la sostenibilidad de esta medida es cuestionable, ya que el oleoducto estaba pensado para una actividad de extracción petrolera cuando era importante en la Amazonía. Ahora las cifras de producción son descendentes y se experimenta la caída del precio del petróleo en la Amazonía.

Lanegra insta a repensar en cuál es el futuro de la extracción en esa región y la posibilidad real de explotar una nueva zona que produzca lo suficiente para que sea una operación rentable. Sin embargo, recuerda que la exploración en otras áreas significa una serie de dificultades, porque hay comunidades nativas y zonas ambientalmente muy frágiles. “Es una  buena oportunidad para pensar la política petrolera del país y cómo la haremos sostenible para tener petróleo sin afectar a las personas ni al medio ambiente”, concluye.