La Agenda de Derechos Humanos presenta evaluaciones sobre el marco legal y cómo están articuladas las oficinas estatales para resolver estos problemas. Esta agenda está dividida en tres ejes temáticos con propuestas concretas para que los gobernantes puedan atender esta problemática con mayor facilidad.

La iniciativa surge debido a que muchos candidatos no conocen en profundidad cómo incorporar una perspectiva de derechos humanos a sus propuestas. “Como Universidad, nos parece fundamental asumir nuestra responsabilidad social de educar y comunicar a los partidos sobre cuál es la situación actual de los derechos humanos en el país y por qué priorizamos determinados temas”, explica Jave.

De este modo, la especialista espera que los futuros gobernantes hagan políticas o leyes a partir de una investigación seria, respaldada y no de improviso o porque la «opinión pública» lo pide.

La justicia transicional

El primer eje de la agenda es el de justicia transicional y está vinculado a los temas de justicia, memoria, verdad y reparaciones, que han quedado pendientes después del conflicto armado. Jave destaca que esta justicia puede alcanzarse principalmente con la política de reparaciones y la ubicación de los desaparecidos.

Por el lado de las reparaciones económicas, el Registro Único de Víctimas solo paga reparaciones a quienes se inscribieron hasta el 2012. La agenda propone reabrir el registro para que se incluya a quienes se inscribieron posteriormente. Asimismo, la Sección Multisectorial de alto nivel, que da seguimiento a las reparaciones, necesita pasar a ser una dirección del Ministerio de Justicia para tener poder político en la toma de decisiones.

Por otro lado, según el Ministerio Público, tenemos la alarmante cifra de 16 mil personas desaparecidas aproximadamente y solo se ha encontrado al 0.5%. La agenda recomienda que se apoye un proyecto de ley pendiente que organiza a todas las oficinas estatales responsables de atender a las personas desaparecidas para que así trabajen de forma integral.

Uso de la fuerza pública

El segundo eje es el de uso de la fuerza pública. Pese a que tenemos normativa para regularla, todavía tenemos dificultades por el mal uso de la fuerza cuando se interviene en conflictos o manifestaciones, debido a que el personal policial y militar no conoce o no está actualizado sobre cómo actuar en estas situaciones.

Específicamente, “el problema de uso de la fuerza se concentra en las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para la seguridad ciudadana y el uso de la fuerza pública con enfoque de derechos humanos. Así, tenemos muchas víctimas alrededor de los conflictos”, opina Jave.

Por eso, la iniciativa del plan es incorporar la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario en el uso de la fuerza. Así los agentes, cuando realicen detenciones, no deben torturar a las personas y deben tratarlas de acuerdo con la justicia.

Poblaciones vulnerables

El tercer eje es el de poblaciones vulnerables y está conformado por distintas problemáticas. Estas son las principales: trata de personas, pueblos, indígenas, población LGTBI, mujeres y discapacitados.

Algunas poblaciones mencionadas necesitan ser consideradas dentro de los Plan de Derechos Humanos. Asimismo, cada población requiere de la creación o la actualización de planes particulares. “Esto ayudará a que los planes se conviertan en políticas públicas y que las distintas oficinas del Estado puedan intervenir de forma articulada y no por separado o según sus intereses”, justifica Jave.

Para incluir a estas poblaciones, es fundamental capacitar a los funcionarios para que las atiendan equitativamente, ya que sus demandas no son tomadas en cuenta debido a estereotipos o prejuicios. Por eso, las poblaciones requieren la supervisión del Estado para ejecutar los planes y leyes ya existentes. Por ejemplo, se deben hacer efectivas las cuotas laborales para incorporar a estas poblaciones, así como a los discapacitados físicos y mentales, dentro del sistema educativo regular para una educación igualitaria.

Por otro lado, un problema muy particular es el de las 500 comunidades amazónicas que aún no tienen títulos de propiedad. “Si tuvieran ese reconocimiento, podrían proteger sus tierras de las industrias extractivas o tendrían facultades para negociar adecuadamente. También evitarían la invasión de traficantes ilegales”, opina la coordinadora.

La especialista critica que, en anteriores contiendas, se ha puesto en debate las problemáticas y las violaciones de los derechos de estas poblaciones pero solo como forma de ataque. “Sería importante que los candidatos asuman con firmeza la investigación de estos hechos lamentables”, declara Jave.

La agenda en acción

En el 2015, IDEHPUCP envió la agenda a todos los partidos políticos durante la etapa de elaboración de los planes de gobierno. “Invitamos a cada partido a una reunión para explicar de qué trata el documento y cómo podrían incorporarlo en sus planes de gobierno”, detalla Jave y agrega, “los partidos han incorporado las recomendaciones a sus planes de gobierno, algunos no con tanta rigurosidad”.

Este año se ha enviado el documento a los 18 partidos ya inscritos en el JNE y actualmente IDEHPUCP trabaja en la divulgación de la agenda a nivel regional para las listas congresales. “Aunque los congresistas electos no van a implementar estas acciones, deben estar informados para fiscalizar al Ejecutivo”, sostiene Jave.

Este 1 de marzo será la presentación de la agenda de derechos humanos en el Hotel Meliá. El evento contará con la participación de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), Julio Guzmán (Todos Por el Perú), Verónika Mendoza (Frente Amplio), Alfredo Barnechea (Acción Popular) y Yehude Simon (Partido Humanista), quienes lanzarán sus propuestas vinculadas al tema y participarán en un panel de preguntas.

Puedes ver la agenda aquí.