Todas las personas tenemos derechos fundamentales para tener una vida digna. La capacidad jurídica es uno de estos, y nos permite tener derechos y obligaciones legales sin la intervención de otra persona. Por lo tanto, todos deberíamos contar con este beneficio. Sin embargo, la realidad es otra y hasta la fecha, en casi todos los países del mundo, la capacidad jurídica sigue restringida para personas con discapacidad. Regímenes como la tutela, curatela o la interdicción son avaladas por leyes que asignan a una persona legal para que decida en lugar de la persona con discapacidad.

Silvia Quan, vicepresidenta del Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sustenta que estos regímenes se sostienen bajo el prejuicio de que las personas con discapacidad  no pueden tomar decisiones por su cuenta en algunos o todos los aspectos de su vida. No obstante, “la persona en cuestión es quien debería decir en qué momento requiere el apoyo y en qué momento no. Para eso, el Estado debería garantizar que ese apoyo exista y que no ejerza una influencia indebida sobre la persona asistida”, señala la especialista.

Avance internacional

En la actualidad, la CDPD cuenta con 168 Estados parte. Desde su posición en dicha organización, Quan observa que, en las últimas décadas, los cambios sociales más importantes se dan donde la movilización es más fuerte. Particularmente, por parte de aquellos grupos que han sido más afectados por la negación a su capacidad jurídica. Es decir, personas con discapacidad intelectual, psicosocial o múltiple.

Pese a que las movilizaciones son de larga data, recién se están realizando los cambios y aún no se puede analizar el impacto. Lo que sí es evidente es que el avance es desigual entre países. La experta pone como ejemplo a Guatemala. “En mi país, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no han tenido oportunidad de formarse social ni políticamente para consolidar una movilización que exija la eliminación de regímenes de restricción a la capacidad jurídica, así como generar otros regímenes que brinden asistencia necesaria para ejercerla”, revela.

Por otro lado, en algunos países nórdicos existen sistemas de ombudsman personal para personas con discapacidad que tienen más dificultad para expresar su voluntad. “Estas personas son responsables de velar por que se tome una decisión que respete las preferencias y la voluntad de la persona en cuestión”, explica Quan.

Conciencia en el servicio

El cambio debe darse desde la sociedad misma, porque persiste la idea de que las personas con discapacidad no son capaces de decidir con autonomía. Quizás después de este proceso de toma de conciencia, la sociedad reconozca que los regímenes actuales violan la voluntad y los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, Quan insiste en que es necesaria la formación de los operadores de justicia, abogados y psiquiatras involucrados en este tipo de garantías. Nuevamente, la especialista hace referencia al escenario de su país. “Todavía no se ha iniciado la toma de conciencia que deben tener los profesionales, ya que, por falta de conocimiento, rechazan propuestas para eliminar los regímenes de sustitución. Debemos iniciar ese proceso de crear conciencia en los profesionales antes de avanzar con cambios importantes en la legislación”, concluye la experta.

Silvia Quan nos visitó para participar en el ciclo internacional de Seminarios-Talleres sobre Capacidad Jurídica y Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad “Sin capacidad jurídica, no hay derechos humanos ni inclusión social”, organizado por la Facultad de Derecho y la Organización de Estados Americanos (OEA).