5:30 a.m. Un zumbido metálico rompe la serenidad del alba. Un camión cisterna se aproxima por el camino empinado que lleva hacia el AA.HH. La Grama. Personas aún soñolientas salen de sus casas con bidones y baldes. El agua se precipita por todos los flancos en una imagen de abundancia que se repite cada mañana y ya es parte de la rutina de Puente Piedra. Escenas como esta ocurren en diferentes regiones del Perú y son un indicador de la desigualdad social. Según el Índice de Progreso Social 2015 (IPS), el Perú ocupa el puesto 73 de 133 países en el rubro de acceso al agua y saneamiento y el puesto 104 en acceso rural a fuentes de agua de buena calidad. Tal vez por ello, uno de los principales objetivos del presidente Pedro Pablo Kuczynski es la universalización del servicio de agua en todo el territorio. Esto, queda claro, implica una gran inversión –S/ 35 mil millones– y la suma de esfuerzos de todos los actores sociales.

Orden institucional

A fines de septiembre, el Ejecutivo, en la figura del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, pidió al Congreso de la República la simplificación y modificación de un conjunto de normas en materia de agua y saneamiento con el fin de hacer más eficiente la gestión de este sector y agilizar las inversiones. El objetivo es alcanzar la cobertura universal de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas para el 2021. Sin embargo, como mencionó el presidente Kuczynski en su mensaje a la nación del 28 de julio: “(..) Tengo que ser realista, los programas de inversión pública toman tiempo y creo que si lo hacemos en siete años, será un gran logro”.

Entre las demandas del gobierno se encuentra el fortalecer la rectoría en saneamiento (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS), así como las funciones de las entidades prestadoras (EPS, municipios, JASS y Ocsas), del organismo regulador (Sunass) y de aquellas entidades que intervienen en la prestación de servicios de saneamiento. Esto consiste en una serie de prerrogativas que pasan por transferir capacidades y recursos para aspectos operativos y comerciales; atraer profesionales y técnicos calificados; sanear los estados financieros de las instituciones y garantizar tarifas justas que cubran los costos de operación y mantenimiento; mejorar la supervisión y fiscalización de la calidad de los servicios; y modernizar la gestión empresarial de las entidades prestadoras, la infraestructura y los servicios de saneamiento.

El Dr. Manuel Glave, docente del Departamento de Economía, piensa que el problema de acceso al agua viene por una serie de trabas institucionales:
“El interés que tiene el actual gobierno por ampliar la cobertura de servicios de agua y saneamiento para toda la población enfrenta un dilema de planificación. Los organismos públicos que están vinculados a los recursos hídricos -Sunass, ANA, Minsa, Digesa, etc.- conviven en un desorden institucional, en la medida que no hay una única cabeza que los rija. Más allá de la opinión del sector privado, que percibe esta situación como demasiado costosa y reduce la iniciativa de inversión, tenemos un problema macroinstitucional de indefinición de rectoría multidimensional y multisectorial”.

Otra demanda, que ha sido debatida y genera opiniones encontradas, es la de ampliar y promover las Asociaciones Pú- blico Privadas (APP) en saneamiento e incluir mecanismos para simplificar la ejecución de proyectos y agilizar el procedimiento de expropiación de terrenos. Esta medida contempla la privatización de los servicios de agua, pues existe un compromiso contraído por el presidente Kuczynski durante la campaña electoral de no privatizar ni concesionar Sedapal, sino en destrabar proyectos de inversión que llevan varios años en espera.

“Hay corrientes de opinión que consideran a las EPS como actores ineficientes que no están en condiciones de ampliar la cobertura y garantizar la provisión de un servicio de calidad y que requieren de, por lo menos, una alianza con el sector privado; hay otros que dicen que el agua es un recurso público que no puede tener ningún grado de privatización. Si se pueden encontrar mecanismos de alianzas pú- blico-privadas que garanticen el acceso al recurso hídrico en condiciones adecuadas para la población, y que no conduzca a una privatización completa del servicio, no deberían existir problemas en su ejecución”, dice Glave.

159 cuencas hidrográficas tiene el Perú y están administradas por 72 empresas locales.

88.7% de la demanda de agua del Perú viene del sector agrícola.

2.5% del agua mundial es consumible. Esta se encuentra en ríos, lagunas, nevados, entre otros.

Planificación territorial

De una población de casi treinta millones, cerca de ocho millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. La cobertura de este servicio en el ámbito urbano es de 93.4%, mientras que en el ámbito rural es de 63.2% (MVCS, 2014). Es decir, en las ciudades, nueve de cada diez personas tienen acceso a agua potable y saneamiento de redes públicas al interior de sus viviendas, mientras que, en el campo, cuatro de cada diez personas consumen agua de fuentes menos se guras, como pilones de uso pú- blico, camiones cisterna, pozos, ríos, acequias y manantiales. En algunas regiones, como Loreto (71%) y Ucayali (57,7%), la población que no cuenta con agua supera a la que sí goza del servicio.

La situación se torna más grave si tomamos en cuenta que, en algunas provincias donde la provisión de agua potable está administrada por una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), aun las familias que pagan una tarifa mensual solo tienen agua por pocas horas. En la región Pasco, por ejemplo, este servicio básico es administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Emapa-Pasco, y solo llega una o dos horas, cada dos días.

Lima es un caso aparte. Cerca de un millón de personas no cuenta con acceso a agua y saneamiento. A esto debemos sumarle el costo del servicio en comparación con otras ciudades, la falta de infraestructura y los costos elevados de inversión, operación y mantenimiento de los servicios. Asimismo, es importante destacar que Lima recibe cerca de 169,000 habitantes nuevos cada año; un crecimiento de esta magnitud llega a sumar, en el plazo de cinco años, un millón de nuevos limeños, lo que se convierte en un déficit constante que el Estado y las municipalidades tienen que asumir.

La Dra. Iris Domínguez, docente del Departamento de Ingeniería, piensa que cualquier proyecto que pretenda expandir la cobertura de agua debe tomar en cuenta los cambios demográficos:
“En el mundo, la migración del campo hacia la ciudad continúa y la población urbana ya es más de la mitad. El Perú no es la excepción. Alrededor del 75% de la población peruana es urbana y esta tendencia va en aumento. Si partimos de este hecho, siempre tendremos que trabajar para atender una demanda de agua. Por eso es muy importante pensar el problema del abastecimiento de agua junto al de planificación de los usos de suelo, la planificación de las ciudades y la gestión territorial”.

Alternativas eficientes

A mediados de septiembre, el presidente Kuczynski presentó ante la ONU el programa Sierra Azul, uno de los emblemas de su plan de gobierno que, con un presupuesto de S/ 300 millones, busca la construcción de obras dedicadas a la siembra y cosecha de agua en las partes altas de las cuencas, lo que incluye represas, microreservorios, zanjas de infiltración y rehabilitación de andenes con fines agrícolas; para así tener un drenaje controlado hacia las partes bajas.

“En cuanto a abastecimiento de agua en los Andes, estamos hablando de alternativas eficientes que incluyen reservorios, tanques familiares, y cosecha de agua de lluvia. Este tipo de tecnología no solo sería una alternativa en la Amazonía, sino también en valles interandinos (Huaraz y Ayacucho), donde las precipitaciones también son abundantes”, señala Domínguez.

El gobierno ha mostrado su intención de emplear tecnología no tradicional también para afrontar la escasez de agua en zonas alejadas de la sierra y la Amazonía. Se propone un sistema de provisión de agua potable a través de tanques elevados de 500 litros y son capaces de cubrir las necesidades diarias de una familia de cinco personas. La distribución de agua a estos tanques se realizaría a través de las EPS y el pago por el servicio sería determinado por un medidor, de acuerdo con la cantidad consumida. Del mismo modo, se piensa hacer frente a la falta de alcantarillado en estas zonas, a través de un sistema de inodoros con arrastre hidráulico conectado a un biodigestor que se ocupa de separar los sólidos y líquidos de las excretas, así como tratar de manera primaria el agua residual y descomponer los sólidos en un lodo estabilizado.

“Las propuestas que plantea el gobierno –destaca Domínguez- son buenas en tanto no se concentran solo en tecnologías tradicionales, como tender tuberías o recoger aguas residuales. En cuanto a saneamiento, se habla de implementar inodoros con arrastre hidráulico. Sin embargo, existen otras tecnologías de saneamiento ecológico que tienen décadas en el Perú. Así, tenemos los baños secos, que no usan agua y separan los residuos sólidos a los que se les da diferentes usos, como el compost”.

Derecho universal

En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente, a través de la Resolución 64/292, el acceso al agua y saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los ciudadanos. Los Estados y organizaciones internacionales que forman parte de este organismo, entre las que se encuentra el Perú, se comprometieron a dirigir recursos financieros para ayudar a los países en vías de desarrollo y cerrar la brecha de desigualdad social que genera la escasez de este recurso.

El Mg. Iván Ortiz, docente del Departamento de Derecho, afirma que si bien el derecho al agua no aparece de forma explícita en la Carta Internacional de Derechos Humanos, sí está presente en diferentes acuerdos establecidos por los Estados:

“El derecho al agua se expresa en el derecho internacional en casos de conflicto. Todos los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales lo reconocen. Adicionalmente, aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En general, en otras normas internacionales vinculantes no existe una declaración expresa, lo que sí existen son las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Observación General N° 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Digamos que el derecho al agua en el ambiente internacional aún está en construcción”.

La situación en el Perú corre la misma suerte. No hay una norma específica sobre el derecho a los recursos hídricos en particular, pero se establece la regulación de recursos naturales como bienes públicos. El artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su provecho. Esto significa que no hay propiedad sobre los recursos naturales de los particulares y que el Estado es el que otorga concesiones de derechos de uso para asegurar proyectos que beneficien a la población.

“La Constitución no establece el derecho al agua de forma explícita, no obstante, el artículo tercero reconoce derechos que no han sido citados de manera expresa, pero que se derivan de la dignidad del hombre. A partir de este artículo, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho al agua como un derecho innominado o no enumerado, y hace poco ha agregado el tema de saneamiento. Esto no equivale al derecho humano al agua, que es una instancia superior, pero reconoce su importancia para la sobrevivencia” indica Ortiz.

Veremos si, en los próximos años, las iniciativas de este gobierno se concretan sin contratiempos y permitan que los peruanos sin agua también puedan abrir el caño del derecho a este elemento vital.