Chungui se encuentra en la entrada de la zona que se conoce como Oreja de Perro y fue duramente azotada durante el conflicto armado interno. En su historia, se encuentra un pasado de enfrentamientos en la década de 1960 que se realizaron en contra de los grandes hacendados por la tenencia de tierras y en los 80 es cuando Sendero Luminoso ingresa a este territorio. Este caso fue estudiado a profundidad por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ya que el grado y envergadura de violencia sucedida ahí es de un alcance inimaginable.

“En Chungui, cada familia ha perdido algún ser querido”, menciona la profesora Ulfe. Y es que si comparamos los censos realizados en el 81 y en el 93, se puede ver que de una población de 8257 habitantes, en el curso de 12 años, se redujo a 4338, según datos de la CVR. Es decir, que hubo un descenso del 47.5% de la población total, sin embargo, hay distritos que se encuentran más alejados y  que registran mayores índices de pérdida.

Violencia en Chungui

El informe final de la CVR describe que en esta población sucedió la desaparición forzada por parte del Estado, según se describe en el diario La República, al costado de varios de los cuerpos exhumados se encontraron casquillos del Ejército. “Esto da cuenta de una tecnología de violencia sistemática aplicada desde el Estado y ha sido un punto muy criticado en el informe, porque es muy difícil reconocer por parte de los políticos y agentes del Estado que hayan realizado este grado de violencia”, explica la antropóloga.

En las 19 fosas que han sido exhumadas se encontraron trece menores entre 2 y 16 años; y dos mujeres entre 25 y 40, que pudieron ser fusilados y desmembrados. Esto denota que la violencia en Chungui fue masificada y existieron diversos actores implicados en esa violencia, desde las Fuerzas Armadas, los distintos oficiales de la policía, los Comités de Autodefensa y Sendero Luminoso.

Las Naciones Unidas define la desaparición forzada como un terrorismo de Estado, ya que en vez de ser el garante de los derechos y del bienestar de la población, es el que perpetra actos de violencia contra sus propios habitantes y Chungui es una muestra de eso, de la violencia de Estado.

Cuerpos políticos

¿Qué significa la exhumación de estos cuerpos? Para los familiares es una forma de cerrar el duelo, la profesora Ulfe explica que es una forma de restituirles su dignidad, su ciudadanía como seres humanos y es por eso que tiene dos componentes, es tanto humana como política. “El cuerpo es político porque representa aquello que has querido ocultar como Estado, y cuando salen a la superficie te hablan de un grado de ensañamiento y violencia que pocas veces se ha visto en la sociedad”, explica Ulfe.

La desaparición forzada es una afectación reconocida en el registro único de víctimas para que los familiares puedan inscribirse y resultar beneficiados con el programa de reparaciones. Por esto, es importante que se hagan las exhumaciones y recuperar los cuerpos, sin embargo, la antropóloga resalta que no existe un plan nacional o una política de Estado para realizar una búsqueda sistemática de los desaparecidos.

La profesora Ulfe explica que es importante para los familiares el conocer dónde están sus familiares y por otro lado, genera preguntas del por qué se dio este tipo de ensañamiento, qué buscaban dichos oficiales, si dar un castigo ejemplar, disciplinar a una población, generar pánico y terror en la población y cuál era la necesidad de ejecutar extraoficialmente mujeres y niños menores de 5 años. En esta ocasión, la exhumación se hace con la participación del Ministerio Público y de la Oficina de Apoyo para la paz en Ayacucho. Cabe resaltar que son muy pocos o ninguno de los altos mandos militares y oficiales de la policia, los que hayan sido señalados como los autores de estos crímenes.

“Desde el Estado se puede percibir que la acreditación del registro único de víctimas, se puede percibir como una suerte de pequeña reparación simbólica, pero nunca ha habido un reconocimiento real de esto, de reconocer que no fueron capaces de salvaguardar la dignidad de nuestra población”, explica la antropóloga y agrega que sería importante realizar un plan de búsqueda de desaparecidos, que daría cuenta de que se reconoce que si hubieron este tipo de prácticas en el país, sin embargo, esta voluntad todavía no se ha tenido.