El distrito de Cañaris se ubica a 3066 m.s.n.m. en Ferreñafe, Lambayeque. Es allí donde una de las subsidiarias de la canadiense Candente Copper opera el que sería el mayor proyecto cuprífero del Perú. El proyecto Cañariaco continúa las labores de exploración y estudio de factibilidad, a pesar de que en enero se produjeron enfrentamientos entre algunos pobladores y la Policía.

“En una primera consulta a los pobladores hecha por el Proyecto, las tres cuartas partes estuvieron de acuerdo con la exploración. Prueba de ello es que se firmó un acta. Sin embargo, luego se hizo una consulta popular y hubo mayoría en contra. Alegaban que se producirían impactos ambientales irreversibles”, relata César Guzmán-Barrón Sobrevilla, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP.

Posteriormente se instaló una mesa de trabajo para proponer proyectos de desarrollo a la comunidad. “En una de las últimas asambleas, la comunidad se mostró dispuesta a llegar un acuerdo para obtener los recursos que les ofrecía la empresa. A pesar de que el Estado debería ser el encargado del acceso a la educación, la salud y al transporte, esto ahora se logra con recursos del sector privado”, añade.

La Consulta Previa

Otro tema que se ha tocado a raíz de los constantes conflictos socioambientales es la Ley de Consulta Previa, pero ¿es la única figura legal bajo la que se amparan los pobladores afectados por la actividad extractiva?

“No. En este momento existe la consulta (diferente a la Consulta Previa), una norma general vigente contenida en la Ley General del Ambiente. El reglamento del sector minero establece que toda comunidad debe ser objeto de consulta para efectos de cualquier actividad de exploración, como un paso previo obligatorio. Además, de iniciarse las labores mineras, está prevista la participación de las comunidades en los resultados y los beneficios económicos que genere dicha actividad extractiva”, aclara Guzmán-Barrón Sobrevilla.
La Consulta Previa, por su parte, tiene algunos requisitos. “Las características y condiciones de la Ley de Consulta Previa son bastante diferentes, pues la comunidad debe tener la condición de comunidad indígena originaria y estar registrada en el listado actualizado que aún no emite el Viceministerio de Interculturalidad”, agrega.

Guzmán-Barrón cree que la propuesta puede ser perfectible: “El proceso podría ser mixto, en este caso el Estado no debería ser el único encargado, sino que ayudaría la participación de la empresa”.

Con miras al futuro

En opinión de Guzmán-Barrón se necesitan mecanismos de prevención en el manejo de los, cada vez más numerosos, conflictos en el Perú. “Se debe hacer un análisis objetivo de la situación y presentar propuestas de solución”, indica.

“Asimismo, es importante que se cree una entidad de prevención y resolución de conflictos sociales con recursos y fondos transparentes, donde luego de mapear el Perú, se haría una evaluación de la situación en general y se le daría al inversionista, al comunero y al Estado una estrategia de acción. Este es un aporte que nuestra Universidad puede ofrecer, debido a nuestra naturaleza independiente y autónoma”, manifiesta.

Finalmente, el director de Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP da unas recomendaciones para el manejo del conflicto de Cañaris: “Lo primero que se debe hacer es definir qué comunidades están bajo el área de influencia del proyecto Cañariaco y cuáles son los actores del conflicto. Y en segundo lugar, se debe analizar los acuerdos firmados anteriormente para saber si es necesario convocar a otra asamblea para lograr un acuerdo final sobre el derecho de ingreso de la minera”, concluye.