Hace 15 años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su Informe Final. Era el resultado de dos años de investigación del equipo presidido por el ahora rector emérito de la PUCP, Dr. Salomón Lerner Febres, donde se buscaba esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades del período del conflicto armado interno en nuestro país, ocurrido entre 1980 y el 2000.

“La existencia de la CVR, sus trabajos y su Informe Final tienen que ser mirados como una nueva y afortunada ocasión para que empiecen a cambiar asuntos fundamentales en el Perú”, remarcaba en un fragmento el Informe Final. Para este fin, se formulaban recomendaciones que el Estado -que fue el que encargó realizar esta investigación- y la sociedad debían cumplir.

Entre ellas se mencionaban reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de derecho y prevenir la violencia, reparaciones integrales a las víctimas y un Plan Nacional de sitios de entierro. Además de estos cinco ejes, había algunas adicionales, como difundir el Informe Final, promover la investigación científica y académica de los temas señalados, abrir investigaciones contra los presuntos responsables de los crímenes, entre otras.

Al cumplirse el aniversario número 15 del Informe Final de la CVR, es un momento apropiado para preguntarnos en qué dirección estamos yendo. El sociólogo Félix Reátegui, asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), remarca: “No se trata de cumplir las recomendaciones porque lo ha dicho la CVR, sino porque tendrían que ser atendidas debido a la importancia que tienen al referirse a los derechos de las víctimas y a las fracturas de la sociedad peruana”.

¿Cambio social y estatal?

En el tomo VIII del Informe Final de la CVR, llamado Los factores que hicieron posible la violencia, se explica el conflicto armado interno. Allí se indica que las zonas con menos recursos económicos fueron las más golpeadas. “La pobreza no explica por sí sola el estallido de violencia sin precedentes que vivió el país. Es más preciso verla como uno de los vectores importantes que contribuyó a encender el conflicto y como el telón de fondo sobre el cual se desarrolló este drama”, menciona el texto.

Un dato doloroso que recoge la CVR indica que el 75% de víctimas eran quechuahablantes o tenían otras lenguas nativas, lo que demuestra que los grupos tradicionalmente excluidos fueron los más perjudicados. Actualmente, ¿se ha mejorado la situación de estas personas? “Persiste una discriminación en términos étnicos, sociales y culturales en el Perú. La vivimos cada día, como el caso del conductor que agredió a inspectores de tránsito en San Isidro”, dice Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP. Por su parte, Reátegui sostiene: “Subsiste una falta de conciencia del Estado de proteger los derechos de las poblaciones más pobres o excluidas por razones culturales, étnicas o género”.

Sobre la recomendación de efectuar una reforma institucional, Reátegui sentencia que no se han efectuado: “Hoy hacemos un gran escándalo, justificado ciertamente, por la corrupción del sistema de administración de justicia. Precisamente, ahí vemos el resultado de no haber querido hacer reformas fundamentales desde hace 15 años”.

Búsqueda de respuesta

La CVR documentó diferentes violaciones a los derechos humanos en la instalación militar Los Cabitos en 1983. Recién el año pasado se dio la primera sentencia sobre el caso, tras un proceso judicial que se alargó por 12 años, y el último jueves 23 de agosto se entregaron a los familiares los restos óseos de 4 víctimas de este suceso. Esto demuestra que la celeridad a la hora de hacer justicia no ha estado acorde con la espera de los deudos.

“De todas las recomendaciones de la CVR, en la que más se ha avanzado es en materia de reparaciones. Hay todavía una deuda grande con las víctimas, pero sí existe un marco institucional y legal que ha sido creado por el Estado para ese fin”, señala Reátegui. Entre las acciones destacables podemos mencionar el Plan Integral de Reparaciones y los 85,148 beneficiarios de reparaciones económicas que hay hasta la fecha. De otro lado, Iris Jave opina: “Si uno mira la normativa, podría decirse que sí hay un avance, pero en la práctica no es suficiente”.

La cifra de 69,280 personas, entre fallecidos y desaparecidos, que la CVR proyectó hubo en el período del conflicto armado interno es mayor a la cantidad de pérdidas humanas que ha tenido nuestro país en todas las guerras de su vida independiente. Al respecto, una de las acciones más importantes que se han formulado es la promulgación de la Ley N° 30470, denominada Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, en el 2016. La diferencia respecto a los procesos de búsqueda preexistentes es que esta normativa se centra en los deudos de las víctimas. “No necesariamente se va pasar por un juicio, que muchas veces son muy largos, para buscar a los familiares”, enfatiza Jave.

Al año siguiente, se establece la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que entre sus funciones se encuentran crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), planificar y ejecutar la búsqueda de desaparecidos con un enfoque humanitario, y realizar un acompañamiento psicosocial a los familiares durante el proceso. Al respecto, la Mg. Mónica Barriga, actual directora general de esta dirección, explica: “La finalidad del enfoque humanitario es aliviar el dolor y sufrimiento de los familiares, darles una verdad oficial sobre lo que pasó con sus desaparecidos en el periodo de violencia y poder cerrar este círculo de dolor que se viene prolongando por tantos años”.

En el proceso de búsqueda hay tres etapas: investigación humanitaria; intervención conjunta, donde se articula con el Ministerio Público y se designa un fiscal (quien participa en la exhumación, pero no abre, necesariamente, un caso penal, pues en ese momento la finalidad es buscar e identificar al desaparecido); y, finalmente, el cierre del proceso, que en algunos casos presenta restitución de los restos humanos, en otras ocasiones es simbólico -pues no hay cuerpo- e incluso se puede encontrar que la persona está viva pero se ha cambiado de identidad o reside en otro lugar.

Según la última lista del Renade –que toma el Informe Final de la CVR como uno de sus principales insumos–, actualmente, se registra un total de 20,428 desaparecidos. El pasado 14 de agosto se realizó la primera restitución de restos óseos de 14 desaparecidos, mientras que 70 tendrán un cierre simbólico. “Hemos avanzado con la investigación humanitaria de más de 300 personas en diferentes distritos poblados y estamos próximos a realizar una intervención conjunta para realizar exhumaciones de 47 individuos, aproximadamente”, comenta la Mg. Barriga.

La agitada situación política reciente ha hecho que esta dirección, de poco más de un año, tenga varios cambios en sus miembros. Por ello, aún no se puede evaluar a ciencia cierta su funcionamiento. La Mg. Barriga señala que ahora trabajan en la elaboración de un banco de datos genéticos, herramienta que coteja las muestras biológicas de los familiares y el ADN de los restos para establecer la probabilidad de parentesco. “Es urgente tener esta herramienta para avanzar con el número de identificaciones”, añade. El proyecto de ley para hacerlo realidad se presentó en el Congreso en diciembre del 2017.

Lectura necesaria

Después de la presentación del esperado informe de la CVR, que tiene alrededor de 6,000 páginas y cuenta con los testimonios de 16,985 personas, se esperaba que se difundiera. Sin embargo, no ha sido así.

“Al comienzo hubo una indiferencia alrededor de los hallazgos de la CVR, que luego se convirtió -en los últimos 10 años, aproximadamente- en hostilidad. Hay un interés explícito en que no se conozca y en desacreditar lo que la Comisión encontró”, señala Reátegui. El asesor del IDEHPUCP pone como ejemplos la manipulación de los textos escolares -que, sostiene, se orientan a borrar toda mención de los abusos cometidos por el Estado-, así como cuando el congresista Edwin Donayre denunció al LUM por hacer apología del terrorismo.

Para Iris Jave, la situación es compleja, pues afirma que si bien la enseñanza del conflicto armado interno está incluido en el diseño del currículo nacional, nadie vigila que realmente se imparta. “Los docentes no tienen las herramientas y formación para enfrentar ese tema. Encima, si lo hacen, les cae el peso de la sanción social que puede acusarlos de terroristas”, comenta.

La lectura del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos ayuda a entender cómo fuimos en el período de violencia interna y, a partir de ello, qué buscamos ser ahora y en el futuro. Es un paso fundamental para empezar esos cambios que nuestra sociedad necesita realizar con urgencia.