El último estudio del IOP, en coordinación con el Grupo de Investigación en Instituciones, Políticas Públicas y Ciudadanía, arroja que los limeños y chalacos desean un sistema de transporte que sea rápido (50.9%), que no contamine (44.9%), y que sea seguro para niños, ancianos y personas con capacidades diferentes (47.1%). También indaga en el conocimiento de los ciudadanos acerca de algún tipo de reforma del transporte que se estuviera implementando en Lima Metropolitana.

Jan Marc Rottenbacher, director ejecutivo del IOP, hace un apunte relevante: ¿realmente estas diversas formas que existen para trasladarse de un lugar a otro pueden considerarse un “sistema” de transporte? “Dudo mucho que los limeños y chalacos contemos actualmente con algo similar. Lo que existe en nuestra ciudad es una variada oferta de servicios de transporte —ya sean públicos o privados— que los limeños tenemos a disposición: rutas de combis, cústers o buses, el Metropolitano, el Corredor Azul, el Tren Eléctrico o Metro de Lima, las mototaxis, los colectivos piratas, los taxis, etc. Si estos servicios están interconectados, no es por decisión de alguna autoridad municipal o política gubernamental. Los interconecta el uso cotidiano que los usuarios les dan de manera espontánea y, como es de esperar, ciertamente caótica”, comenta.

Por su parte, Jessica Bensa, docente del Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Investigación en Instituciones, Políticas Públicas y Ciudadanía de la PUCP, rescata que la encuesta del IOP haya incluido preguntas sobre la situación de las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con capacidades diferentes. Por lo general, en la discusión de las propuestas de políticas públicas, estas se orientan a un “ciudadano tipo”, que, como señala Bensa, es “imaginado como masculino, joven y con todas sus facultades, y que realiza traslados lineales para ir y venir del trabajo, y se deja afuera a la diversidad de usuarios cuyas condiciones de seguridad y movilidad son diferentes”.

Un alto porcentaje de personas manifiesta no estar nada satisfechas con la seguridad en el transporte público en general (42.9%), y con la seguridad de las mujeres y niñas en particular (51.3%). Sin embargo, llama la atención que, cuando los ciudadanos son preguntados acerca de qué factores les parecen más relevantes en el sistema de transporte, la seguridad de las mujeres ocupe el penúltimo lugar (con un escaso 1.3%). “Una primera lectura nos llevaría a pensar que si bien el problema de la seguridad de las mujeres en el transporte genera altos niveles de malestar, permanece naturalizado como algo que no es posible cambiar y que, por lo tanto, no tendría mucho sentido señalar su relevancia”, apunta Bensa.

Rosa Alayza, docente del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación en Instituciones, Políticas Públicas y Ciudadanía de la PUCP, plantea leer los datos a la luz de las diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos. Así, mientras que los niveles socioeconómicos C y D/E son los que más utilizan los servicios de transporte público, el nivel socioeconómico A/B se moviliza principalmente en vehículo particular. Esto hace que experimenten el espacio público desde una condición que les ofrece una mirada particular.

La seguridad de niños, ancianos y personas con capacidades diferentes es uno de los principales problemas del sistema de transporte: lo menciona un 11.8% en el nivel socioeconómico A/B, un 15.7% en el C y un 21.3% en el D/E. Estos datos muestran claramente un mayor nivel de conciencia ciudadana respecto a la vulnerabilidad de estas personas. “Nuevamente, la precariedad y las carencias del servicio público de transporte hacen evidente la necesidad de ofrecer seguridad para los sectores más vulnerables, lo cual se presenta con mayor peso en los sectores que más utilizan este servicio”, señala Alayza.

Además, es necesario resaltar que el alto nivel de coincidencia en los tres primeros aspectos de preocupación de los usuarios del servicio de transporte público en Lima y Callao muestra claramente algunos temas prioritarios en la agenda pública. De cara a las próximas elecciones regionales y municipales, Alayza propone exigir a los candidatos propuestas concretas y viables, y que estos temas sean, como mínimo, materia de debate electoral.

Para Daniel Casal, docente de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, los limeños y chalacos son bastante conscientes de sus principales problemas: la informalidad, la contaminación y la falta de accesibilidad. “Esta conciencia ciudadana contrasta con la realidad limeña: un modelo basado en la informalidad, que sin duda dificulta la fluidez del tránsito vehicular”, señala. Hay un número considerablemente mayor de vehículos que el necesario para las características sociodemográficas de la ciudad. Según la Gerencia del Transporte de la Municipalidad de Lima, en la capital peruana deberían circular 75 mil taxis, pero existen actualmente más de 200 mil, de los cuales la mayoría (115 mil) son informales. Este exceso de vehículos ha colapsado las vías públicas.

La informalidad también afecta a la seguridad y accesibilidad deseables para niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. La Defensoría del Pueblo en más de una ocasión ha reclamado a las autoridades incluir políticas de accesibilidad en el transporte, especialmente para las personas con capacidades diferentes, a quienes les es extremadamente difícil movilizarse en Lima y Callao. Finalmente, la encuesta del IOP revela que un 59.2% afirma no conocer ni haber oído hablar de ninguna reforma del sistema de transporte en Lima Metropolitana. “Esto podría darse por dos razones: porque esta iniciativa no ha sido adecuadamente comunicada o porque sencillamente no existe ningún plan para implementarla”, explica Rottenbacher.

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