Informe PuntoEdu sobre trata de personas
La trata de personas es una realidad mundial que padecen poblaciones vulnerables como mujeres, adolescentes y niños. El Perú no escapa de esa situación. ¿Qué estrategias hay para combatirla?
Texto:
Lourdes Mochizuki
Jhinna Pinchi, natural de Tarapoto y estudiante universitaria, nunca se imaginó que una visita a la peluquería podría costarle su libertad. Le ofrecieron trabajar como anfitriona en un restaurante en Máncora y ella aceptó, pues necesitaba dinero para seguir estudiando. Días después, no llegó a ningún restaurante sino a un precario night club piurano, donde fue explotada sexualmente. Ni siquiera tuvo tiempo de negarse, fue prácticamente secuestrada. Harta de los abusos y las amenazas, y a pesar de su impotente situación, logró escapar dos años después, en el 2009, y denunció a la red que la obligó a prostituirse. Su caso fue el primero en ser judicializado por trata de personas en la historia del Perú, pero Jhinna es solo una de las tantas víctimas.
Aunque la esclavitud está prohibida en nuestro país desde 1854, la práctica ilegal de explotación laboral y sexual, considerada como una situación de semiesclavitud, es una dolorosa realidad que viven miles de niños, adolescentes y mujeres. Se trata de una actividad criminal altamente rentable: según la Organización de Estados Americanos (OEA), la trata de personas moviliza, proximadamente, 6,600 millones de dólares al año en América Latina y 32 mil millones en el mundo.
CRIMEN EN CRECIMIENTO
“Es una realidad que vive nuestro país y que, lamentablemente, no es todavía visibilizada de forma adecuada por las autoridades encargadas de la lucha contra la trata de personas”, dice Mayda Ramos Ballón, defensora adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Si bien los términos “trata de personas” y “tráfico de migrantes” pueden ser confundidos y usados como equivalentes, se refieren a conceptos diferentes. “El primero implica la explotación de un ser humano por otro, por lo que es un delito que atenta contra los derechos humanos más elementales. El tráfico ilícito de migrantes significa cruzar, sin autorización, de una frontera a otra, y es un delito contra los derechos administrativos”, explica, por su parte, Ricardo Valdés, presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo).
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