El Perú arrastró, durante muchos años, la tradición de la colonia y el gamonalismo. Fue un país centralizado que creció de espaldas a las regiones rurales del interior. No fue hasta mediados del siglo XX, en la década del 60, que se dieron los primeros visos de un pedido justo y de un anhelo histórico: la descentralización. Actualmente, nuestro país es unitario y descentralista, y se organiza en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. El actual proceso de descentralización, que se dio con la creación de las regiones en el 2002, es una institucionalidad aún joven y en proceso de implementación. Sin embargo, son muchas las críticas que se han formulado contra esta reforma, y que la califican de improvisada y voluntarista.

VOCES ESPECIALIZADAS

«La descentralización no fue el resultado de una demanda social articulada, sino de una confluencia de diversas voluntades políticas. Alejandro Toledo prometió, en la campaña del 2000, impulsar la descentralización, aunque luego no supo cómo llevarla a la práctica, porque nunca quedó claro cuál iba a ser el territorio de las regiones ni cómo se iban a organizar», cuenta el Dr. Martín Tanaka, coordinador de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno. La Mg. Mayén Ugarte, especialista en gestión y políticas públicas, y docente del Departamento de Ciencias de la Gestión, afirma que ese shock descentralizador fue un sinsentido, pues el gobierno entregó decenas de funciones a entidades que no estaban preparadas para ejecutarlas. “La idea era dar capacidades a las entidades y, a partir de ello, transferirles funciones relacionadas con sus prioridades. En la práctica, lo que se hizo fue un proceso masivo: se asignó a los gobiernos regionales y locales un listado interminable de tareas idénticas, algo totalmente absurdo pues su capacidad de ejecución no era la misma, tampoco sus intereses, ni sus recursos”, asegura.

Jorge Aragón, doctor en Ciencia Política y docente del Departamento de Ciencias Sociales, es de la misma opinión. “La aplicación fue desordenada y cortoplacista. En este proceso, el gobierno transfirió funciones complejas de golpe, antes de que se capacite a los gobiernos regionales para lograr una gestión eficiente”, explica. Así, los gobiernos regionales quedaron como responsables de gestionar los servicios de educación y salud, con todo lo que ello implicaba, sin embargo, otros temas, como la descentralización fiscal, la zonificación o la planificación territorial, continuaron siendo atribuciones del gobierno central. “Parte del problema fue que la ley tenía expectativas muy altas y ambiciosas. El proceso de descentralización refleja cómo funcionan la política y el Estado en nuestro país: sin planificación, con poca previsión y sin un horizonte mínimo de racionalidad”, agrega.

El Dr. Aragón, junto a la Lic. Noelia Chávez, elaboró el estudio “Diez años de descentralización en el Perú: ¿Y usted qué opina de todo esto?”. El artículo, publicado en la plataforma Perú Debate, revista editada por el Departamento de Ciencias Sociales, señala una serie de deficiencias en la implementación de esta reforma, así como en los resultados conseguidos hasta la fecha. Según el documento, no se aprecia una integración efectiva entre las regiones, tampoco una clara separación de roles ni de responsabilidades entre los gobiernos locales y regionales. Por ello, se recomienda una adecuada articulación y manejo del proceso, así como un verdadero compromiso de los gobiernos regionales elegidos.

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