• El informe de la Comisión de Investigación y Reparación encuentra que la Universidad en ningún momento actuó con ánimo de ir contra la ley ni con voluntad de dejar de cumplirla: la Universidad, con base en el Código Civil, entendía que el recargo de medio crédito por pago extemporáneo de derechos académicos era una penalidad y no tenía el carácter de interés moratorio. Por ello, no aplicaba como límite la tasa de interés interbancario fijada por el BCRP. Esta comprensión había sido confirmada por una resolución del Indecopi de mayo de 1994 en relación con un caso que involucró a la PUCP.
• Ante un cambio de criterio manifestado por el Indecopi en el 2015 en relación con el caso de otra universidad, y aun siendo no vinculante tal resolución para la PUCP, esta solicita una opinión jurídica a un estudio especializado en temas de defensa y protección al consumidor. Este sugiere modificar las normas de la Universidad, considerando la aplicabilidad del artículo 2 de la Ley 29947 de Protección a la Economía Familiar.
• La PUCP habría hecho algunos intentos por ajustar su normativa interna, pero estos no fueron impulsados debidamente por situaciones disfuncionales de carácter administrativo y se retrasaron injustificadamente. Esto dio lugar a cobros excesivos a los alumnos y a una situación inaceptable de trato desigual por la coexistencia, durante un periodo prolongado, de dos criterios: uno general respecto al cobro de recargos y uno de excepción frente a los reclamos.
• En relación con la bonificación a profesores, se ha constatado que no existía en la Universidad una “planilla dorada” o una “caja 2”. Los bonos especiales otorgados a docentes investigadores tienen base en la normativa nacional e institucional, soporte contractual, compromisos y resultados esperados. El presupuesto que los cubría provenía del Vicerrectorado de Investigación.

Desde diciembre del año pasado, nuestra Universidad viene procesando el que ha sido uno de los sucesos más difíciles en su historia institucional: la crisis creada a partir del cobro de recargos por pago extemporáneo en las pensiones de nuestros alumnos, que condujo a la renuncia de autoridades de la PUCP. La atención a este tema implicó una serie de acciones y decisiones de nuestra Asamblea Universitaria con el objetivo de conocer qué sucedió, plantear reformas para mejorar y garantizar que estos sucesos no se repitan bajo ninguna circunstancia, así como restablecer la confianza al interior de la comunidad universitaria.

La principal herramienta para esto es el trabajo realizado por la Comisión de Investigación y Reparación y la Comisión de Comunicación y Diálogo, cuyas conclusiones y recomendaciones presentamos para conocimiento de la comunidad universitaria en dos resúmenes ejecutivos redactados por las propias comisiones.

La Asamblea Universitaria tomó conocimiento de los informes y los aprobó por unanimidad. En el caso concreto del informe de la Comisión de Investigación y Reparación, hay unos señalamientos en relación con hallazgos que la Comisión ha tenido oportunidad de constatar, y que servirán de base para que la propia Asamblea Universitaria y las instancias oportunas, como el Consejo Universitario, puedan proceder determinando el procedimiento más idóneo a seguir. Habrá que determinar, en cada caso, las eventuales responsabilidades, ya sea en el ámbito administrativo o laboral, con el respeto al debido proceso.

El presente dosier informativo incluye, además del material de divulgación elaborado por las comisiones, las disculpas públicas del rector pro tempore a los estudiantes y sus familias en nombre de la Universidad como parte de las medidas reparadoras sugeridas por la Comisión de Investigación y Reparación.

Este esfuerzo por mantener a la comunidad informada con respecto a las investigaciones, sus resultados y las medidas que se están tomando para resarcir los errores responde a una voluntad de la Asamblea Universitaria por generar procesos más transparentes e involucrar a toda la comunidad universitaria.