¿Qué tan eficiente puede ser un sistema de salud mixto como el nuestro, compuesto por el SIS, EsSalud y compañías privadas?

La ineficiencia se refleja en la descoordinación, por falta de rectoría (el Minsa debería ser el líder de una articulación) y de colaboración, por ejemplo, para el intercambio prestacional (que permita a un afiliado del SIS atenderse en un hospital de EsSalud y viceversa). Se desaprovecha el hecho de que la red de establecimientos públicos tiene servicios preventivos que servirían a los afiliados de EsSalud (que más tienen hospitales y políclínicos para curar a alguien cuando ya enfermó); y al revés, EsSalud en regiones tiene capacidades para atenciones más complejas donde falta oferta en los hospitales del GORE. Por otro lado, más grave que la ineficiencia es la inequidad por la segmentación del sistema. Es decir, que el ciudadano accede con distinta calidad y oportunidad de servicio si tiene seguro privado, EsSalud o SIS. Esto es inadecuado porque revela diferentes tipos de “ciudadanos”, cuando es un derecho universal.

Más grave que la ineficiencia es la inequidad por la segmentación del sistema de salud”.

¿Cuál es la función del SIS o de una EPS durante una pandemia?

En el caso del SIS, es responsable de la protección financiera de la población, pero maneja solo el 15% del presupuesto público, principalmente para medicamentos e insumos, y es un monto muy bajo para resolver carencias históricas de equipamiento o la operación de hospitales de emergencia. La EPS, por otro lado, fue hecha para atender los casos menos intensivos en hospitalización (la denominada “capa simple”) y así descongestionar la atención en los hospitales de EsSalud. La pandemia ha desafiado esta idea y los hospitales están en problemas para atender la demanda.

La EPS fue hecha para atender los casos menos intensivos en hospitalización (la denominada ‘capa simple’) y así descongestionar la atención en los hospitales de EsSalud. La pandemia ha desafiado esta idea y los hospitales están en problemas para atender la demanda».

¿Quién supervisa a las EPS y por qué es necesaria una supervisión? ¿Cómo se compara con otros organismos reguladores dentro del Estado?

El rol de supervisión recae en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Esta realiza, en general, inspecciones respecto del cumplimiento de los contratos y derechos ciudadanos, como coberturas, y tiene capacidad sancionadora. Uno de sus desafíos principales es que su jefatura institucional consolide autonomía respecto del Minsa. Esto es un problema porque otros organismos reguladores están adscritos a la PCM; en cambio, el ministro(a) de Salud puede designar y remover a la cabeza de Susalud, quien debe supervisar a los hospitales que gestiona el Minsa.

¿Cuáles son las debilidades de cada uno de estos modelos ante una crisis como la de la COVID-19?

El seguro público, en países como Perú, es insuficiente para atender con calidad y oportunidad a los ciudadanos. Es una combinación de falta de presupuesto (y de capacidad de ejecutar el gasto) y de gestión. La falta de recursos siempre es discutible porque los presupuestos han crecido en 20 años y no llegan a gastarse. Pero las necesidades también son crecientes y el gasto público en Perú es apenas 3.3% del PBI, mientras en Uruguay es 6% y en Colombia más del 5%. El seguro público en Perú presenta poco avance en implementar técnicas modernas de gestión del pago a hospitales.

El seguro privado atiende a porcentajes pequeños de la población. Por ejemplo, la EPS cubre a unos 900,000 trabajadores (solo 20% del total de empleo formal). Permite un acceso más oportuno para los que pueden pagar más, y las empresas tienen espacio potencial para usar el poder de mercado y cobrar más caro, o eventualmente aprovechar la integración vertical (seguros y clínicas de un mismo dueño) en perjuicio del ciudadano.

Las hipótesis apuntan a que los que lo hacen mejor son los sistemas de salud con mayor gasto público como porcentaje del PBI (Costa Rica, Uruguay), pero también los que tienen alcance universal (Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile)».

En ambos casos, la lección de la COVID-19 es que ante los eventos catastróficos todos, los pobres y clases medias, somos vulnerables si los tratamientos cuestan miles de soles. Aprender la lección de la pandemia significa, en el futuro, construir un sistema de salud universal y financiado colectivamente, para las principales necesidades en todo el país, desde el dengue y la tuberculosis hasta el cáncer y la COVID.

¿Cómo han reaccionado otros países de la región? ¿Hay algún modelo que sea un ejemplo de respuesta ante la pandemia?

No hay un modelo perfecto sobre sistemas de salud, la COVID-19 es una pandemia en curso y la realidad es cambiante. La discusión recién empieza sobre qué sistemas de salud lo hace mejor. Algunos factores: la institucionalidad del país, la calidad de la burocracia, el liderazgo de los gobernantes, las políticas públicas de educación y saneamiento, la informalidad y concentración de pobreza urbana, entre otros. Las hipótesis apuntan a que los que lo hacen mejor son los sistemas de salud con mayor gasto público como porcentaje del PBI (Costa Rica, Uruguay), pero también los que tienen alcance universal (Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile). Uruguay y Colombia tienen liderazgo público y aseguradores mixtos (público y privados), pero toda la población tiene acceso garantizado a beneficios en salud.