En las últimas semanas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha estado en el centro de las críticas. Principalmente, debido a los escasos resultados en la lucha contra la criminalidad y en la ineficiente atención en los casos de desapariciones y violencia contra mujeres. Esta situación ha intensificado el pedido de los expertos y de la ciudadanía por una reforma policial que, pese a su urgencia, sigue siendo postergada.

El brutal feminicidio y descuartizamiento de Sheyla Cóndor Torres, de 26 años, a manos del policía Darwin Condori Antezana, en Comas, ha generado una ola de indignación y críticas hacia la institución. Una encuesta de Ipsos 2024 indica que el 61% de los peruanos desaprueba su gestión, mientras que un estudio de CPI, del 23 de noviembre, revela que el 91.7% de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la PNP –un 56.3% confía “medianamente” y un 35.4% no confía “nada»–.

61% de los peruanos

desaprueba la gestión de la PNP, según Ipsos 2024

Yanilda González es profesora de la Universidad de Harvard que ha investigado la reforma y violencia policial en América Latina, y cómo las deficiencias institucionales afectan negativamente la calidad de las democracias en América Latina, incluyendo el caso peruano. Este análisis lo presentó durante su ponencia titulada «Inseguridad, violencia estatal y ciudadanía», presentada en Aula Magna 2024, evento organizado por la PUCP.

Según González, especialista en políticas públicas, el actuar de las fuerzas policiales no solo afecta la percepción ciudadana, sino que también puede erosionar derechos fundamentales y debilitar las bases mismas de la democracia.

La Policía: el rostro más cercano del Estado

“Cuando hablamos de policía y seguridad, hablamos de la cara del Estado más cercana a la ciudadanía. Esta impacta profundamente en su vida diaria y determina si pueden ejercer sus derechos”, afirmó González. En su análisis destacó que, en varios países de la región, las fuerzas policiales han fallado en cumplir su rol democrático, que es garantizar la protección respetando los límites del Estado de derecho.

En el caso de Perú, mencionó tres episodios recientes que reflejan estas fallas. Primero, las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Segundo, las manifestaciones de transportistas en rechazo a las extorsiones. Y tercero, la aprobación de la medida que transfiere al fuero militar y policial los casos en los que las fuerzas policiales y militares emplean armas de fuego contra ciudadanos, excluyéndolos así del ámbito civil.

“Estas situaciones reflejan cómo la Policía que actúa de manera autoritaria puede erosionar los derechos fundamentales y la confianza en la democracia. Esto, a su vez, alimenta la inseguridad y desestabiliza el sistema democrático”, señaló.

Estas situaciones reflejan cómo la Policía que actúa de manera autoritaria puede erosionar los derechos fundamentales y la confianza en la democracia. Esto, a su vez, alimenta la inseguridad y desestabiliza el sistema democrático”.

Papel de la PNP: una democracia amenazada por la inseguridad

La inseguridad, además, se convierte en un desafío que trasciende el ámbito policial. En el Perú, el 87% de los ciudadanos teme salir a la calle de noche, según la mencionada encuesta de Ipsos. González alerta el peligro de este miedo ya que alimenta tendencias autoritarias. “El 80% de los peruanos está de acuerdo con suspender derechos civiles o aplicar la ley marcial para combatir la delincuencia”, sostiene. Esta preferencia por soluciones extremas, compartida en varios países de la región, evidencia cómo la ineficacia en la seguridad pública debilita los valores democráticos.

87% de los peruanos

teme salir a la calle de noche, según Ipsos 2024

80% de los peruanos

está de acuerdo con suspender derechos civiles o aplicar la ley marcial para combatir la delincuencia

En ese sentido, González explicó que la función de la Policía en una democracia se desarrolla en dos dimensiones clave: la distribución de la protección y la distribución de la represión.

“En primer lugar, la distribución de la protección es una condición básica para ejercer las actividades políticas, sociales y económicas. Estas constituyen la vida de un ciudadano en una democracia. Y van desde el derecho de participar en una marcha sin sufrir violencia o de ir a trabajar sin que te roben el celular, te violen o te extorsionen”, precisa.

La violencia arbitraria o desigual no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa la desigualdad. Además, investigaciones han evidenciado que este tipo de violencia reduce la confianza y cooperación de la ciudadanía con la Policía”.

Mientras que la distribución de la represión implica un control legítimo y equitativo del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. “La violencia arbitraria o desigual no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa la desigualdad. Además, investigaciones han evidenciado que este tipo de violencia reduce la confianza y cooperación de la ciudadanía con la Policía”, refiere.

Reforma policial: el camino hacia una Policía democrática

De acuerdo con Yanilda, el «pecado original» de las democracias latinoamericanas ha sido «no reformar las Policías y dejar que se gobiernen solas». La experta explica que esta falta de reformas no responde a una cuestión de «falta de capacidad técnica» ni de recursos, sino a «decisiones políticas y resistencia activa por parte de las mismas fuerzas policiales». Según ella, el problema radica en que las autoridades han permitido que estas asuman un rol autoritario en lugar de una función democrática de protección.

Asimismo, destaca que el verdadero desafío de las democracias latinoamericanas será «la construcción de políticas públicas alternativas». El objetivo es que logren resolver la inseguridad a través de «modelos democráticos», y no perpetúen los mismos enfoques de «autogobierno policial, militarización y delegación de la política de seguridad a la Policía».