En las primeras semanas del 2025, nuestro país ha sufrido diversas fallas y derrumbes en infraestructura, tanto pública como privada. Así podemos mencionar el techo del Real Plaza Trujillo, los puentes de Chancay y Girasoles, techos de colegio e incluso hay 11 hospitales al borde del colapso, según el ministro de Salud César Vásquez.

¿Por qué se derrumba así nuestro país? Más allá de las razones técnicas, aquí nuestras especialistas PUCP analizan las razones de fondo que nos han llevado a esta situación que, lamentablemente, ha cobrado vidas humanas. Asimismo, las especialistas dan recomendaciones para enmendar el camino.

Colapso del Real Plaza y puentes: falta de planificación y mantenimiento

“Los colapsos de puentes y del techo del Real Plaza Trujillo no son incidentes aislados; más bien evidencian la deficiencia sistémica en la gestión de infraestructura en el Perú. Hay una falta de planificación y de entender que el proceso de una obra no termina cuando se entrega”, resalta nuestra egresada de Arquitectura PUCP, y exviceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños. Ella explica que en el Perú no se le da la importancia debida a garantizar que el puente, hospital, colegio o centro comercial funcione.

A la edificación e inauguración de una obra siempre se le presta recursos e importancia, pero no así a su mantenimiento. “El incentivo político se enfoca en la construcción de una obra. Y en esto hay que hacer mea culpa, porque la sociedad y los medios de comunicación también prestamos atención a la infraestructura nueva, mas no al mantenimiento de lo que ya se tiene”, sostiene la Mag. Guiselle Romero, docente del Departamento de Ciencias de la Gestión y exsecretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Hay una falta de planificación y de entender que el proceso de una obra no termina cuando se entrega (…). Muchas veces los puestos en los gobiernos locales no son por meritocracia, sino más bien son ocupados por temas políticos. Eso hace que no se garantice el cumplimiento de las normas".

Romero señala que la entidad del sector público a cargo de la construcción -ya sea la municipalidad, gobierno regional o nacional- debe contar con un plan de mantenimiento (y cumplirlo). Por ejemplo, Añaños menciona que el Programa Nacional de Infraestructura contempla solo S/ 295 millones para dar mantenimiento anual a más de 54 mil colegios en el país en el 2025, lo cual considera es insuficiente.

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Una minuciosa norma de inspección técnica de seguridad, pero ¿se cumple?

Al igual que en el sector público, Romero señala que las empresas privadas también deben destinar personal y recursos al mantenimiento: “Es muy importante que la lógica del sector privado no sea reducir costos sino cumplir adecuadamente las normas de construcción”. En esa línea, nuestra docente del Departamento de Ciencias de la Gestión Mag. Mariana Alegre enfatiza: “El sector privado -tanto empresas chicas, medianas y grandes- tiene la responsabilidad de cumplir las regulaciones y hacer inversiones adecuadas para evitar no solo afectar sus propios ingresos, sino, sobre todo, vidas humanas”.

En cuanto a la fiscalización para el sector privado, Añaños resalta que la norma del reglamento de Inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) es bastante completa y robusta. Al revisarla, notó que el artículo 63 señala que la supervisión está a cargo no solo de las municipalidades sino también del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. “La responsabilidad está hecha en cadena. La pregunta es si se viene cumpliendo esta jerarquía de normas y a cuántos gobiernos locales ha fiscalizado el ministerio”, enfatiza. El gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, ha señalado a medios de comunicación que el local de Trujillo no tuvo observaciones de índole estructural en su última inspección.

En el Congreso, se presentó un proyecto de ley para que la inspección técnica de seguridad en edificaciones sea cada 10 años. “Esta propuesta, excesiva, era prácticamente un pedido de que el Estado renuncie a su competencia fiscalizadora», resalta Alegre. En esa línea, Añaños subraya: “Más bien las inspecciones deben reforzarse y ser continuas. En 10 años, una infraestructura puede tener fallas o cierto nivel de obsolescencia”.

Reformas no realizadas que nos pasan factura

Un tema de fondo que afecta a nuestro país, señala Romero, son las reformas que faltan hacer o que quedaron truncas. Entre ellas menciona a la reforma universitaria para mejorar la calidad educativa; la del servicio civil, que fortalece los cuadros de los gobiernos locales y regionales; y la descentralización. “Las reformas que no hemos realizado nos están pasando factura. En el Perú, queremos que todo sea bueno, barato y rápido. Y resulta que los cambios y mejoras cuestan”, dice Romero.

Las reformas que no hemos realizado nos están pasando factura. En el Perú, queremos que todo sea bueno, barato y rápido. Y resulta que los cambios y mejoras cuestan".

En el informe técnico “Análisis del Servicio Civil en el Perú y principales aspectos alertados”, de la Contraloría, se señala que en el período 2018-2022 hubo, en promedio, una rotación del 24% de personal en todas las entidades estatales. En los gobiernos regionales, el cambio fue mayor en el 2022, con 42%, lo que coincide con el último año de gestión de la autoridad. “Esta alta rotación no permite formar y tener servidores públicos que realicen su labor de manera correcta y estén empoderados. Así no se puede sostener la continuidad de las políticas públicas”, menciona Romero.

Falta de prevención ante el cambio climático

El calentamiento global está generando que se altere el patrón de las precipitaciones, y sucedan más frecuentemente inundaciones, fuertes lluvias y sequías, como indica Naciones Unidas. Ante ello, Romero menciona que es vital que estemos preparados e incorporemos un enfoque de gestión del riesgo de desastre en la infraestructura pública y privada.

El sector privado tiene que cumplir las normas en aras de la seguridad. Y como sociedad debemos contribuir a desmontar la corrupción”.

“Si ves los indicadores de la capacidad de los gobiernos locales para la gestión del riesgo de desastres, encuentras que hay falencias profundas”, dice la docente. «Existen obras que se hicieron hace varios años y no tenían contempladas las condiciones de vulnerabilidad del cambio climático. Si no tienes mantenimiento y no tienes prevención, la situación de la infraestructura va a empeorar», dice Añaños.

Corrupción que afecta la fiscalización

Al igual que en distintos sectores de nuestro país, la corrupción afecta al campo de la infraestructura pública y privada. “En el aspecto de fiscalización de las edificaciones, hay que revisar que, lamentablemente, muchas veces los puestos en los gobiernos locales no son por meritocracia, sino más bien son ocupados por temas políticos. Eso hace que no se garantice el cumplimiento de las normas”, sostiene Añaños.

Por último, Alegre sostiene: “Desde los gobiernos locales, los procedimientos de fiscalización deben ser transparentes, y los plazos, razonables. El sector privado tiene que cumplir las normas en aras de la seguridad. Y como sociedad debemos contribuir a desmontar la corrupción”.