La criminalidad violenta ha ido afectando distintos sectores en el Perú. En lo que va de este año, nuestro país ya ha superado los mil homicidios, según SINADEF, y 26 de cada 100 peruanos han sufrido un hecho delictivo, entre noviembre 2024 a abril 2025, de acuerdo con el INEI. Precisamente, esta problemática se abordó en el seminario «Economías ilegales: estado de urgencia», organizado por el rectorado PUCP y nuestra Facultad de Ciencias Sociales, el último jueves 26.

Especialistas PUCP, junto a representantes del sector público y privado, realizaron valiosas ponencias en las que dieron luces para explicar por qué ocurre y la manera en que funciona la criminalidad violenta, así como para brindar propuestas con el objetivo de combatirla.

Para empezar esta edición, nuestro rector Dr. Julio del Valle sostuvo: “Desde nuestra Universidad, sentimos la necesidad de abrir este tipo de espacios y sostenerlos en el tiempo, más aún en año electoral. Con el seminario “Economías ilegales” buscamos generar un diálogo que reconozca la complejidad de esta problemática y de construir colectivamente, junto a socios estratégicos, formas más justas y sostenibles de enfrentarla». «La criminalidad violenta es una problemática que está atravesando el país. Este seminario nos va a dar luces para plantear propuestas que podamos dar a conocer al Estado”, declaró la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Fanni Muñoz, y dio por inaugurado el seminario.

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La criminalidad violenta: por qué ocurre y cómo nos afecta

En la mesa 1, “Causas y balances de la criminalidad violenta”, se comentó que en el surgimiento de las economías ilegales están involucrados factores como la pobreza, la informalidad y la escasez de oportunidades. Asimismo, que existe una preocupante falta de normas idóneas que combatan la criminalidad organizada. También se aterrizó esta problemática en el caso del emporio de Gamarra y se comparó la situación peruana con la de Ecuador, Colombia y México.

Las economías ilegales en nuestro país son empujadas por múltiples factores sociales, económicos y políticos: la pobreza, la falta de acceso a la economía formal, a las oportunidades y a servicios públicos básicos; y la violencia".

El antropólogo PUCP e investigador de Desco Eduardo Ballón resaltó: “Las economías ilegales en nuestro país son empujadas por múltiples factores sociales, económicos y políticos: la pobreza, la falta de acceso a la economía formal, a las oportunidades y a servicios públicos básicos; y la violencia. Todo ello es parte de una lógica en donde actividades como la minería ilegal se han convertido en parte de la cotidianidad de sectores de la población”.

Más del 90% de empresarios de Gamarra no obtuvieron solución a la denuncia de extorsión que hicieron. En ese sentido, se les revictimiza, porque cuando van a denunciar no encuentran justicia. Eso daña a todo el país porque los ciudadanos dejan de confiar en el sistema".

Nuestra docente del Departamento de Derecho Dra. Romy Chang dio un dato revelador: cada 56 minutos un peruano es extorsionado. Y resaltó que las normas no aportan para detener esta grave situación: “Al contrario de lo que pasa con el crimen que actúa organizado, las instituciones de gobierno peruanas están totalmente desorganizadas. Y en el desorden no se puede combatir esta problemática. Debe visibilizarse que se han dado normas que han venido favoreciendo la actuación de este tipo de criminalidad”.

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú Susana Saldaña contó que, en una reciente encuesta realizada en este emporio, más del 80% de microempresarios manifestaban haber sido víctimas de inseguridad en el último año; mientras que un 10% sufrió extorsiones y solo el 40% lo había denunciado. «Más del 90% de empresarios de Gamarra no obtuvieron solución a la denuncia de extorsión que hicieron. En ese sentido, se les revictimiza, porque cuando van a denunciar no encuentran justicia. Eso daña a todo el país porque los ciudadanos dejan de confiar en el sistema», dijo.

Al contrario de lo que pasa con el crimen que actúa organizado, las instituciones de gobierno peruanas están totalmente desorganizadas. Y en el desorden no se puede combatir esta problemática".

Por su parte, el antropólogo y columnista periodístico Mag. Jaime De Althaus dijo que en Colombia, Ecuador y México ha habido asesinatos a figuras de la clase política y la tasa de homicidios es mayor que en nuestro país. “Considero que en el Perú el combate al narcotráfico es mucho más débil que en otros países. Es una explicación perversa, pero aquí no hay tanta letalidad porque hay corrupción y por ello no hay combate”, dijo.

Considero que en el Perú el combate al narcotráfico es mucho más débil que en otros países. Es una explicación perversa, pero aquí no hay tanta letalidad porque hay corrupción y por ello no hay combate”.

Estrategias y articulación para enfrentar la problemática

En la mesa 2, “Estrategias y articulación frente a la criminalidad violenta”, dirigida por la docente PUCP de nuestra Sección de Antropología Mag. Norma Correa, se resaltó la importancia de la prevención, la urgencia de contar con una política de Estado que combata con eficacia la criminalidad y el papel de la academia y la sociedad civil.

Cada problema de seguridad y economía ilegal deben tener una estrategia diferenciada para contrarrestarlo. Y es importante tener una estrategia proactiva en vez de solo reactiva; es decir, no esperar que el delito ocurra sino invertir en la prevención".

El docente de nuestra Sección Ciencia Política Mag. Noam López empezó enfatizando que la seguridad es un derecho y que se tiene que diagnosticar el tipo de crimen para combatirlo en su especificidad. “Cada problema de seguridad y economía ilegal deben tener una estrategia diferenciada para contrarrestarlo. Puede tener algunos puntos de contacto, pero ciertamente el origen y las estructuras que los mueven tienen diferencias que debemos identificar. Y es importante tener una estrategia proactiva en vez de solo reactiva; es decir, no esperar que el delito ocurra, sino invertir en la prevención».

Fiscal superior Dr. Jorge Chávez Cotrina: "Es necesaria una verdadera política de estado contra la criminalidad"

En su intervención, el fiscal superior Dr. Jorge Chávez Cotrina dijo que hemos tocado fondo en violencia criminal y delincuencia. Asimismo, resaltó la ineficiencia de las normas que se han dado para combatirla. “En este gobierno, el Congreso tiene su plan contra el crimen organizado y el Ejecutivo, el propio. Y si uno lee las leyes de los congresistas y los decretos legislativos son totalmente contradictorios”, dijo.

“Por eso, es necesaria una verdadera política de Estado contra la criminalidad que debe tener cuatro ejes fundamentales: la prevención, la protección, la interdicción y la reeducación del delincuente. Si tú haces algunas normas, como ahora, de aumentar penas o inventar tipos penales, no solucionas el problema”, dio como propuesta.

La integrante del Colectivo País Seguro Mag. Andrea Ortiz de Zevallos se enfocó en la problemática de la minería ilegal y destacó que no hay voluntad en el Congreso para controlarla. “La solución a la situación actual no va a venir por el lado político; sino por el de la sociedad civil. Por eso es muy importante que se involucren la academia, el sector empresarial y diferentes actores de la sociedad civil, como sucedió en la década de los ochenta en Medellín”, mencionó.

La solución a la situación actual no va a venir por el lado político; sino por el de la sociedad civil. Por eso es muy importante que se involucre la academia, el sector empresarial y diferentes actores de la sociedad civil, como sucedió en la década de los ochenta en Medellín”.

Asimismo, el gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI) Mag. Julio Corcuera brindó un mapa de la extorsión en el país donde mostró que en 2022 había 15 regiones con más de cien denuncias de este delito, en 2023 ascendieron a 20 y en 2024 era todo el Perú. “Si estoy en una zona donde el crimen controla el espacio y yo quiero ser alcalde ahí, es ilógico pensar que yo pueda hacer campaña sin que ellos sepan o interfieran. Por eso entran en diálogo con un intermediario de la organización criminal”, detalló.

Si estoy en una zona donde el crimen controla el espacio y yo quiero ser alcalde ahí, es ilógico pensar que yo pueda hacer campaña sin que ellos sepan o interfieran. Por eso entran en diálogo con un intermediario de la organización criminal”.

Para concluir esta edición del seminario, se realizó una sesión de preguntas y respuestas, donde el público de la Comunidad PUCP y externo absolvió sus consultas y dio también sus propuestas. De esta manera, nuestra Universidad busca aportar al debate público de la criminalidad violenta y economía ilegales, las cuales son problemáticas que afectan profundamente a todos en el país.