La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) expresa su profundo pesar por el asesinato de cientos de personas producto de la ola de violencia criminal que padece nuestro país. Esta ola de criminalidad violenta se ha traducido, en el primer trimestre de este año, en más de 500 homicidios, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año 2024. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas, con sus familias y seres queridos. La pérdida de cada vida humana a manos de la criminalidad supone un daño irreparable en el tejido social que no podemos normalizar.

Además de ese medio millar de vidas perdidas, la delincuencia armada ya ha trastornado la vida de la población. La zozobra producto de las amenazas, extorsiones y actos delictivos se ha convertido en una vivencia cotidiana. Las actividades económicas de una amplia franja de la ciudadanía son objeto de extorsión violenta: ganarse la vida legalmente se ha convertido en un riesgo para la vida misma. Actividades básicas como asistir a la escuela o a la universidad, o movilizarse por la ciudad han devenido peligrosas. Ello impacta de manera particular a nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes se ven limitados en su derecho a asistir a aprender a sus centros de estudio. Estamos, pues, y así debe ser reconocido, ante un país amenazado por el crimen, donde se está afectando de manera dramática el bienestar y la tranquilidad de millones de peruanos y peruanas.

Esta situación no se mitiga con el paso del tiempo, y existe una comprensible y justa indignación por la aún insuficiente respuesta efectiva desde el Estado y de los poderes políticos del país. La sociedad peruana tiene el derecho de exigir soluciones prontas, efectivas e integrales a sus autoridades, que se construyan desde el respeto irrestricto a la institucionalidad, el Estado de derecho y dentro de los cauces democráticos. No hay atajo autoritario que resuelva el problema de fondo: la evidencia demuestra que las políticas autoritarias, además de inefectivas, han tenido como consecuencia el incremento de la violencia.

Demandamos que las soluciones no solo se orienten hacia la protección efectiva de la integridad física y material de los ciudadanos y ciudadanas, sino sean comprendidas desde un marco mayor, donde primen el derecho al trabajo y a la educación. Vemos con mucha preocupación el tener que recurrir a la continua suspensión y cambio de las clases, debido a la situación de la criminalidad y a la justa protesta por parte de la ciudadanía, pues estas medidas afectan gravemente el logro de aprendizajes de nuestras niñas, niños y jóvenes. Nadie debería salir de su casa con miedo a no saber si llegará a su centro de estudios o trabajo. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar esos derechos.

Desde la PUCP hacemos un llamado al Estado a asumir su obligación de manera efectiva ante la crítica situación que hoy vive la población, y nos ofrecemos como un espacio de encuentro y diálogo para desarrollar, consensuar y proponer soluciones frente a esta cotidiana erosión del Estado de derecho, y esta inaceptable vulnerabilidad y desvaloración de la vida humana en el Perú. Nuestra juventud merece un futuro alentador, merece estudiar y vivir sin miedo ni violencia.

Lima, 10 de abril de 2025

Rectorado