Hasta el momento se han logrado detener 52 personas, luego de que se encontraran nueve fosas comunes en las que habrían hallado 30 cuerpos calcinados. Entre los detenidos, la mayoría son agentes de la policía de Iguala y Cocula, sin embargo, todavía no se ha confirmado si los cuerpos pertenecen a los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

¿Quién gobierna?

Si bien México todavía no es considerado un Estado fallido, el doctor Durand menciona que de los 32 estados que lo conforman, se sabe que por lo menos 15 son controlados por los diferentes carteles, es decir, que el gobierno nacional no tiene ningún control sobre ellos. “Lo que ha colapsado es el gobierno regional y local, y el gobierno de Peña Nieto no ha sabido cómo reconquistarlos, ni ha tenido la capacidad”.

Un ejemplo de esto se puede ver claramente en la confirmación que hiciera el Procurador General de México, en la que afirmaba que los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos prófugos, que entregaban millones de pesos mensuales a los “Guerreros Unidos”, organización criminal que estaría involucrada en la desaparición de los estudiantes.

Por ahora, el gobierno está sintiendo la presión social e internacional de encontrar a los 43 normalistas. “Necesitan terminar con este caso, si no es así, será una clara señal para México y para el mundo de que en realidad no gobiernan su territorio, aunque sea difícil que los encuentren con vida, la costumbre de los sicarios mexicanos es matar a todos en el lugar que ellos controlan y el gobierno o no sabe dónde es o no se quiere meter ahí”, menciona el analista.

Derechos humanos

Francisco Durand reconoce que desde el 2000, se ha dado un proceso de democratización del poder con una mayor presencia de organizaciones de derechos humanos y una mayor independencia de los medios de comunicación, sin embargo, esto se vuelve más difícil en los Estados con mayor presencia de los carteles. Un ejemplo de esto es el caso de la abogada Digna Ochoa, que en el 2001 fue asesinada por defender campesinos que habían denunciado la violación de derechos humanos, y que si bien su caso tuvo seguimiento mediático y se realizó un juicio, se determinó que se habría suicidado. “Esto demuestra el nivel de impunidad incluso donde hay sistemas democráticos y una gran presencia de la sociedad civil, desde ese punto a la fecha, no he visto mayor progreso en México”, explica el profesor.

¿Y el Perú?

Casi cada semana podemos ver las noticias sobre algún asesinato en manos de sicarios, que a la luz del día buscan a sus víctimas. ¿Qué tan lejos estamos de lo que sucede en México? El profesor Durand menciona que en el Perú, “también los presidentes regionales y alcaldes comenten crímenes, no solo por corrupción, sino que también contrabando, tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, trata de menores, además de asaltar las arcas de sus gobiernos, por lo que en realidad nos estamos mexicanizando poco a poco”.

Es cierto que todavía no llegamos a los casos extremos de violencia de los carteles, los cuales ya se han establecido en México desde hace décadas, y si bien no hemos llegado al nivel de impunidad que está sucediendo allá, podemos ver en el caso mexicano un espejo a futuro. “Aquí los sicarios eliminan solo a su objetivo y no a todos los comensales de un restaurante o de una fiesta, como lo hacen los carteles para “no dejar huérfanos”, pero ¿qué cosa va a impedir que no lleguemos a ese punto?, hasta ahora el gobierno no ha presentado ninguna barrera de contención”, explica Durand.