Cuatro jóvenes ciclistas de San Juan de Lurigancho son detenidos por el Serenazgo de Miraflores y torturados en la comisaría de ese distrito. Este hecho, que generó indignación a muchas personas, demuestra cómo la discriminación hacia la población indígena y afrodescendiente es una situación permanente y dolorosa.

Para muchos jóvenes, el racismo puede ser visible en la búsqueda de trabajo, los círculos de amigos o las relaciones de pareja. «Mis padres todavía no aceptan a mi enamorada, porque no es tan blanca como yo», me decía hace años un alumno. Normalmente, en el Perú el racismo aparece unido a otros factores de discriminación, como la condición económica (reflejada en la vestimenta), la falta de educación, el lugar de origen o residencia, el apellido o la actividad. De esta forma, se produce el fenómeno que hemos llamado discriminación acumulada, que padecen trabajadoras del hogar, cobradores de combi, vigilantes y, de manera mucho más intensa, los campesinos andinos y nativos amazónicos.

La discriminación acumulada se manifestó intensamente durante los años del conflicto armado, cuando miles de campesinos de rasgos andinos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad, asumiendo que podían ser senderistas. De hecho, en los años ochenta, los cuatro ciclistas detenidos cerca de Larcomar, probablemente no hubieran aparecido con vida. A pesar de ser un fenómeno permanente, hasta hace pocos años el racismo era negado por muchas personas, inclusive autoridades e intelectuales. De hecho, Gonzalo Portocarrero y Juan Carlos Callirgos señalan que cuando comenzaron a exponer esta problemática ante sus colegas encontraron mucha resistencia. Esta negación, que operaba como un mecanismo de defensa, hace que sea tan importante la labor de la sociedad civil para denunciar las prácticas racistas.

Las acciones antirracistas han tenido carácter sumamente creativo, algo provocador y con sentido del humor: en Larcomar, una marcha pacífica y simbólica evidenció a los locales racistas; el operativo Empleada Audaz implicó que 500 mujeres se sumergieran en el mar vestidas como trabajadoras del hogar, para denunciar la discriminación contra las empleadas en las playas del sur de Lima.

Respecto a los estereotipos de belleza que existen en la publicidad, el operativo Cuerazos Peruanos invitó a los transeúntes a posar como modelos a la entrada de diversos locales de Saga Falabella y Ripley. Meses después, por primera vez Saga Falabella publicó un encarte donde aparecían diversas modelos de rasgos afroperuanos y asiáticos, junto con la actriz ayacuchana Magaly Solier. Ella también ha aparecido este año en el aviso de esta tienda por el Día de la Mujer, con un saludo en quechua, rompiendo la tradición de presentar solamente mujeres blancas y rubias en esta ocasión.

En cuanto a la labor de las instituciones públicas, a partir del año 2004, Indecopi ha comenzado a multar establecimientos racistas y se llegó a clausurar por dos meses el Café del Mar, ubicado en Miraflores. La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo importantes acciones de sensibilización y ha realizado la primera denuncia penal por discriminación, pidiendo que se aplique el artículo 323 del Código Penal, que sanciona estas prácticascon cárcel.

A todo esto se suma la intervención de más de 30 Municipalidades, desde Jauja hasta Arequipa y desde Chiclayo hasta Jesús María, que desde el 2006 han emitido Ordenanzas disponiendo la cancelación de la licencia de funcionamiento de los locales que discriminen. En la zona andina, varias Municipalidades y gobiernos regionales han tomado medidas para garantizar que las personas quechuahablantes sean atendidas en su idioma.

Problemas como la situación de los adultos mayores, la discriminación por orientación sexual o por actividad, por fin comienzan a aparecer en las ordenanzas municipales y regionales. Hace menos de un año, era un sueño contar con un documento como la Ordenanza 017 del Gobierno Regional de Apurímac. Ahora está vigente la norma más completa emitida contra la discriminación a nivel nacional, y empieza a ser estudiada por otros gobiernos regionales.

Todavía queda pendiente mucho por hacer: en muy pocos hogares se cumple la legislación respecto a las trabajadoras del hogar. Una situación parecida de precariedad enfrentan muchos vigilantes, que solemos llamar huachimanes, especialmente los que trabajan de manera informal. Cuatro jóvenes ciclistas de San Juan de Lurigancho son detenidos por el Serenazgo de Miraflores y torturados en la comisaría de ese distrito. Este hecho, que generó indignación a muchas personas, demuestra cómo la discriminación hacia la población indígena y afrodescendiente es una situación permanente y dolorosa.

Para muchos jóvenes, el racismo puede ser visible en la búsqueda de trabajo, los círculos de amigos o las relaciones de pareja. «Mis padres todavía no aceptan a mi enamorada, porque no es tan blanca como yo», me decía hace años un alumno. Normalmente, en el Perú el racismo aparece unido a otros factores de discriminación, como la condición económica (reflejada en la vestimenta), la falta de educación, el lugar de origen o residencia, el apellido o la actividad. De esta forma, se produce el fenómeno que hemos llamado discriminación acumulada, que padecen trabajadoras del hogar, cobradores de combi, vigilantes y, de manera mucho más intensa, los campesinos andinos y nativos amazónicos.

La discriminación acumulada se manifestó intensamente durante los años del conflicto armado, cuando miles de campesinos de rasgos andinos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad, asumiendo que podían ser senderistas. De hecho, en los años ochenta, los cuatro ciclistas detenidos cerca de Larcomar, probablemente no hubieran aparecido con vida. A pesar de ser un fenómeno permanente, hasta hace pocos años el racismo era negado por muchas personas, inclusive autoridades e intelectuales. De hecho, Gonzalo Portocarrero y Juan Carlos Callirgos señalan que cuando comenzaron a exponer esta problemática ante sus colegas encontraron mucha resistencia. Esta negación, que operaba como un mecanismo de defensa, hace que sea tan importante la labor de la sociedad civil para denunciar las prácticas racistas.

Las acciones antirracistas han tenido carácter sumamente creativo, algo provocador y con sentido del humor: en Larcomar, una marcha pacífica y simbólica evidenció a los locales racistas; el operativo Empleada Audaz implicó que 500 mujeres se sumergieran en el mar vestidas como trabajadoras del hogar, para denunciar la discriminación contra las empleadas en las playas del sur de Lima.

Respecto a los estereotipos de belleza que existen en la publicidad, el operativo Cuerazos Peruanos invitó a los transeúntes a posar como modelos a la entrada de diversos locales de Saga Falabella y Ripley. Meses después, por primera vez Saga Falabella publicó un encarte donde aparecían diversas modelos de rasgos afroperuanos y asiáticos, junto con la actriz ayacuchana Magaly Solier. Ella también ha aparecido este año en el aviso de esta tienda por el Día de la Mujer, con un saludo en quechua, rompiendo la tradición de presentar solamente mujeres blancas y rubias en esta ocasión.

En cuanto a la labor de las instituciones públicas, a partir del año 2004, Indecopi ha comenzado a multar establecimientos racistas y se llegó a clausurar por dos meses el Café del Mar, ubicado en Miraflores. La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo importantes acciones de sensibilización y ha realizado la primera denuncia penal por discriminación, pidiendo que se aplique el artículo 323 del Código Penal, que sanciona estas prácticascon cárcel.

A todo esto se suma la intervención de más de 30 Municipalidades, desde Jauja hasta Arequipa y desde Chiclayo hasta Jesús María, que desde el 2006 han emitido Ordenanzas disponiendo la cancelación de la licencia de funcionamiento de los locales que discriminen. En la zona andina, varias Municipalidades y gobiernos regionales han tomado medidas para garantizar que las personas quechuahablantes sean atendidas en su idioma.

Problemas como la situación de los adultos mayores, la discriminación por orientación sexual o por actividad, por fin comienzan a aparecer en las ordenanzas municipales y regionales. Hace menos de un año, era un sueño contar con un documento como la Ordenanza 017 del Gobierno Regional de Apurímac. Ahora está vigente la norma más completa emitida contra la discriminación a nivel nacional, y empieza a ser estudiada por otros gobiernos regionales.

Todavía queda pendiente mucho por hacer: en muy pocos hogares se cumple la legislación respecto a las trabajadoras del hogar. Una situación parecida de precariedad enfrentan muchos vigilantes, que solemos llamar huachimanes, especialmente los que trabajan de manera informal. Son tan discriminados que muchas personas pasan ante ellos sin siquiera saludarles, como si fueran un objeto.

Las Municipalidades podrían hacer mucho por enfrentar esta realidad, simplemente empadronando a trabajadoras del hogar y vigilantes, brindándoles asesoría en casos de explotación, así como orientación sobre sus derechos, pero, sin que esto sea necesario, las propias familias podrían cumplir con sus obligaciones hacia las personas que hacen más llevadera su vida.

Todos los peruanos hemos tenido una educación racista y sería absurdo pretender que no existe racismo dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, la tarea no es solamente admitirlo, sino procurar cambiarlo. Pese a lo que se ha avanzado en los últimos años, sigue en nuestras manos lograr una sociedad donde nadie sea rechazado o maltratado por su color, su origen o su apellido.