La vulnerabilidad institucional como causa de conflictos sociales

Vulnerabilidad significa debilidad (sensible a daños o perjuicios físicos o morales) y lo institucional está referido al Estado. En términos sencillos, vulnerabilidad institucional significa debilidad del Estado. La debilidad está relacionada a las capacidades o incapacidades, ausencia o falta de legitimidad de nuestras autoridades políticas y funcionarios del Estado.

La vulnerabilidad institucional se relaciona con los problemas estructurales que las autoridades políticas no pueden mitigar (calmar o aliviar) o resolver. Uno de estos problemas es el centralismo del Estado. Las grandes decisiones políticas, legislativas, económicas, educativas, de salud o de justicia dependen de un pequeño grupo de políticos; pero, sobre todo, se siguen tomando desde la capital de nuestro país. Si a ello sumamos las decisiones sobre las actividades de las grandes empresas productivas, de las empresas bancarias y financieras, o de las empresas de comercialización o servicios, que también son tomadas en la capital, notaremos que el problema es muy grave.

Esta vulnerabilidad es la que produce o reproduce los 273 conflictos sociales contados hasta junio del 2009 por la Defensoría del Pueblo. Es curioso notar que estos reclamos tengan un carácter local y muchos veces histórico, pero el origen responde a un carácter nacional y centralista. Los procedimientos administrativos y legislación general son elaborados y controlados desde Lima, bajo intereses normalmente capitalinos.

En cualquier sociedad o país es normal el desarrollo de conflictos sociales. Pero cuando estos se multiplican desproporcionadamente o devienen en desastres políticos, resultan inaceptables. Los recientes sucesos de Bagua, en nuestra Amazonía, y los ocurridos anteriormente tanto en Ilave, como en nuestros Andes, son claros ejemplos de esta anormalidad social y política. Lo particular de estos conflictos es que su causa u origen, y su resolución o prevención, se encuentran en actos humanos (de nuestros políticos, empresarios y líderes sociales), pero no llegan a ser comprendidos o atendidos.

¿Es posible diseñar otras alternativas institucionales para evitar los conflictos y sus posibles desastres políticos? Se han propuesto dos alternativas interesantes. La primera es una ley de consulta y participación de nuestra población originaria o local. La segunda es la iniciativa gubernamental de conformar oficinas especializadas en la resolución de conflictos sociales a nivel de los ministerios. Sin embargo, nuevamente parece repetirse la causa del problema estructural ¿No será que se sigue diseñando e implementando alternativas desde nuestro centralismo institucional?

Las enseñanzas de Bagua e Ilave nos muestran que debemos actuar incluyendo a la población local. Esta población sufre los efectos de la vulnerabilidad institucional a la que nos hemos referido. En consecuencia, ¿no parece sensato trabajar con ellos para elaborar una propuesta legislativa de consulta y sus propios mecanismos de resolución de conflictos sociales?