En su discurso presidencial de 28 de julio, el presidente Alan García anunció que se pondrá en marcha un proceso de «descentralización popular», que consistirá en «entregar parte del dinero que los ministerios, las regiones y los municipios no alcanzan ni a gastar a las miles de comunidades andinas, nativas, a los asentamientos humanos, a los grupos de jóvenes» para que estos ejecuten directamente las obras. Con esta reforma, el presidente asegura que «el nivel de ejecución del gasto allí sí se elevará».

Esta propuesta tiene una serie de implicancias sumamente complejas, y ha sido una de las más criticadas por distintos analistas políticos. Las críticas han señalado básicamente que se trata de una movida populista, que favorecerá principalmente a militantes apristas, que se le dará un excesivo poder al cuestionado Carlos Arana de FONCODES, que aumentará la corrupción por la falta de adecuada fiscalización, entre otros.

Si bien coincido con estos cuestionamientos, me parece que no se le ha prestado suficiente atención a dos problemas críticos de esta propuesta: que incrementará los conflictos sociales municipales y profundizará la dispersión del presupuesto de la república. Los conflictos de gobierno local han sido 41 en el reporte de conflictos de la Defensoría de junio de 2009, en segundo lugar luego de los notorios conflictos socioambientales.

Una de las explicaciones para esta alta conflictividad es precisamente el sostenido aumento de presupuesto de las últimas décadas para los gobiernos locales, que en zonas rurales y con economías deprimidas genera que los recursos municipales aparezcan como el irresistible botín por el que grupos locales, sin mediación partidaria, compiten de manera descarnada. La corrupción y la incapacidad de gestión son los detonantes perfectos para la conflictividad, y la escasa presencia y dinamismo de instituciones centrales como la contraloría, el poder judicial o la policía explican que la conflictividad no sea canalizada por vías institucionales sino que se exprese por medio de la violencia.

Ante este panorama, la propuesta de descentralización popular significa echarle más leña al fuego a la conflictividad municipal. En el Perú actual no existen las condiciones para que núcleos ejecutores del «pueblo organizado» realicen obras y contribuyan así con el incremento del gasto. La elección de obras a financiar, la calidad de las mismas y el manejo de los fondos será fuente indudable de nuevos y quizás mayores conflictos. La idea de que «el pueblo» no caerá en corrupción sino que será «el mejor fiscalizador», no resiste el menor análisis: si hay conflictos por el manejo de recursos municipales por parte de autoridades electas en procesos democráticos, es evidente que habrá conflictos por el manejo de recursos de «núcleos ejecutores» seleccionados quién sabe cómo.

El presidente justifica la idea de la descentralización popular basándose en el hecho de que el Estado es incapaz de ejecutar el amplio presupuesto que se le asigna. En el «Ranking de avance de las inversiones públicas», del congresista Juan Carlos Eguren, vemos que el gobierno nacional solo ha invertido el 23.1% de lo programado, los gobiernos locales el 24.4% y los gobiernos regionales tan solo el 17.6%. No se difunde sin embargo que el presupuesto de inversiones del 2009 subió 103% respecto del 2008, y tampoco «que la inversión pública ejecutada de S/. 6,073 millones en el I Semestre del 2009 fue superior en 27.6% a la del 2008» (1).

Así, los gobiernos locales y regionales han tenido cada vez mayores presupuestos durante los últimos años, y han avanzado rápidamente en su ritmo de ejecución. Esto no quita, sin embargo, que haya un grave problema de incapacidad de gestión, que debe ser afrontado. Pero una medida como la descentralización popular no ataca este problema, sino que lo agudiza. El mensaje es: «ya que no puedes gastar, le daremos el presupuesto directamente a la gente», cuando lo lógico sería que, si el Estado funciona mal, se promueva que funcione bien.

Además de que no hay razones para pensar que el «pueblo organizado» será un gestor eficiente, lo que tendremos con esta medida será un apresuramiento del Estado de gastar como sea para no perder los fondos que les fueron asignados. Así, se incrementará la dispersión del presupuesto público en obras inconexas y mal hechas. En este contexto, y en el mensaje a la nación, el inoperante CEPLAN brilló por su ausencia.

La propuesta de descentralización popular apunta, otra vez, a debilitar al Estado. Y así como hay un convencimiento desde el gobierno de que toda inversión privada es buena (como si no hubiera calidades en la inversión), ahora se piensa que todo gasto público de por sí es bueno, y lo que hay que evitar es la burocracia y la demora. Es preocupante que el presidente considere esta medida como la «respuesta a la reforma del Estado». Una vez más hace explícita la visión del Estado que maneja. Esperemos que el plan piloto iniciado en Lima, increíblemente, un día después del mensaje presidencial, no prospere y no sea continuado en las regiones y municipios del país (2).

Notas:
(1) Humberto Campodónico. «Toda la culpa la tiene el Estado». http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1964
(2) Este artículo puede leerse también en: http://www.ser.org.pe/