¿De qué delitos se acusa a Berlusconi?

A Berlusconi se le acusa de delitos de naturaleza común y no política. El más grave no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones como presidente del Consejo de Ministros, sino que, más bien, corresponde al ámbito personal. El delito tiene que ver con la corrupción de un juez para lograr una sentencia favorable a una de sus empresas.

Durante el 2003 se creó la denominada «Ley de Inmunidad», ¿qué significó en el proceso contra Berlusconi?

Esta ley era relativa a la inmunidad de los miembros del parlamento italiano. Pero, además, se dispuso la inmunidad para cinco de los más altos cargos del Estado: el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara y el Presidente del Tribunal Constitucional. De todos ellos, el único que tenía un proceso penal en curso era el presidente Berlusconi. Lo que buscaba esta ley era suspender los procesos judiciales no solo por cuestiones funcionales, sino por todos los juicios anteriores a su nombramiento como autoridad. Es decir, era una ley que protegía totalmente a persona (y a todo su pasado) y no al funcionario. En el 2004 esta ley fue declarada inconstitucional a partir de una motivación más bien débil. Poco después se presentó una ley similar con unas cuantas modificaciones pero finalmente el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad.

Ahora que esta ley ha sido declarada inconstitucional ¿qué le puede pasar a Berlusconi?

Si con la inmunidad se suspendían los procesos, ahora la situación judicial de Berlusconi se retoma, por lo que su proceso más grave, por corromper a un juez, vuelve a los fueros penales.

En el caso de Berlusconi, más allá de los delitos de corrupción, ha habido escándalo mediático por las enormes fiestas, la relación con jóvenes modelos y los excesos investigados por la prensa. ¿Es posible judicializar estos escándalos?

A primera vista, este es un aspecto relacionado a la moralidad política antes que algo de carácter jurídico. Sin embargo, si se investiga, puede existir un problema de naturaleza jurídica en el sentido que hay comportamientos y acciones que pueden implicar el uso de bienes públicos como si se tratara de bienes privados. Por ejemplo, el avión presidencial para transportar a las jóvenes a las fiestas que realiza en su casa. A pesar de ello, el problema de fondo es un problema de tipo político y moral, pues no se puede utilizar la acción pública o la acción política parar los intereses privados, como es el caso de ofrecer favores sexuales a cambio de un espacio en la plancha de candidatos. De esta manera se ofrece la posibilidad de candidatear a personas que no tienen la capacidad moral ni intelectual para ser parte de la política.