¿Cómo era la situación en Cocachacra cuando fueron con el equipo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos?
Fuimos entre el 24 y 25 de septiembre del año pasado, poco antes de la consulta que se hizo a la población, y se respiraba un ambiente de incertidumbre, pues no se sabía claramente las implicancias del proyecto. La gente estaba muy sensibilizada por lo que podría suceder con el proyecto Tía María pero no se sabía qué podría pasar después. Recordemos que se había suspendido la audiencia del 9 de agosto con los enfrentamientos que todos pudimos ver por televisión. La Municipalidad convoca a una consulta para esos días de septiembre en la que ganan aquellos que se negaban a la aplicación del proyecto.

¿Cómo fue aquella consulta?
El «No» ganó con más de 90% de apoyo, cabe mencionar que solo participó el 40% del universo de votantes. En menos de un mes el Gobierno Regional de Arequipa crea una mesa de diálogo que nunca se conforma. Luego, el Ministerio de Energía y Minas convoca a otra mesa para el 15 de febrero del 2010, que se postergó para el 19 de abril. Esto demuestra que los procesos no han sido eficaces, los plazos se han dilatado demasiado y ahora la situación ha empeorado: el conflicto se fue acrecentando, la polarización fue mayor y ahora estamos en pleno paro indefinido que incluye la toma de carreteras.

¿Qué actores participan de este conflicto?
De un lado, tenemos a un sector de la población que está en contra del proyecto, pues afirma que la explotación minera va a afectar la calidad y cantidad del agua y por lo tanto sus cultivos. Estos son representados por la Coordinadora Provincial de Lucha contra la Agresión Minera y los Frentes de Defensa, en los que participan los alcaldes de Cocachacra e Islay. Tengamos en cuenta que en Islay no hablamos de comunidades campesinas sino de agricultores que tienen una mediana producción agrícola que no es de panllevar. Se produce arroz y azúcar para la exportación. De otro lado, tenemos a la empresa. Se trata de la Southern Copper Corporation que tiene un proyecto para explotar cobre. Además participa el Estado representado por el Ministerio de Energía y Minas, pero también tenemos a los gobiernos locales.

¿Cuáles fueron los principales problemas que desencadenaron esta paralización?
Considero que hay varios problemas aquí. El primero es el de la comunicación: hay mucha desinformación acerca de las implicancias del proyecto y la manera en la que se explicó cómo sería el uso del agua no fue del todo correcta. El segundo, es el de la legitimidad del Estado: aquí el Ministerio de Energía y Minas, que debería tener el objetivo de velar por la población, se ve enfrentado a esta, al punto que en la última reunión se les solicitó que se retiren de la sala. Una falta de legitimidad total.

La desconfianza arrastra también a los organismos técnicos del Estado ¿qué sucedió con la Autoridad Nacional del Agua?
Claro, la ANA ha hecho un informe en el que ha determinado que no se va a afectar ni el acuífero ni las aguas subterráneas. Pero a pesar de ello, la población no le cree. Y esto me lleva a un tercer tema, el rol del Gobierno Regional que ha intentado entrar como mediador creando una mesa de diálogo, pero que también ha perdido legitimidad pues ha sido acusado de responder a intereses políticos. Y, finalmente, el significado que se le da a la audiencia del 19 de abril como el momento cumbre de este conflicto cuando solo se trata del último punto de aprobación de un estudio. Esto sucede porque no se ve al estudio de impacto ambiental como un proceso de uno o dos años en el que debe estar inmersa la población que será afectada. Se suele hacer el estudio por un lado y simplemente se presenta y ya, se piensa que todo debe aprobarse. Esto solo hace que el conflicto se acreciente.

¿Cuáles deben ser las acciones que debe tomar el gobierno para evitar que la violencia se desate?
En primer lugar el gobierno debe evaluar bien si se va a llevar a cabo la Audiencia del 19. Me parece que las condiciones no están dadas para que se realice esta reunión. Debe realizarse de todas maneras pero en otro momento o en otro lugar. De otro lado, existe un estudio técnico de la ANA que demuestra que no hay afectación pero también hay observaciones que ha hecho la Municipalidad de Cocachacra al estudio de impacto ambiental. Creo que lo que tendría que hacer el Estado es llevar todo este conflicto a un ámbito más bien técnico y sobre este ámbito tratar de limpiar los intereses políticos de uno u otro lado que están detrás. Algo que es muy importante es mantener la imparcialidad del Ministerio de Energía y Minas, que no se adelante opinión pues deja la sensación que se está de lado de la minera y esto sólo colabora a caldear los ánimos. Y, finalmente, pensar que por más que quieran hacerlo rápido Tía María va a demorar pues hay que iniciar un proceso.

En la opinión pública y el debate que se ha generado sobre este tema se identifica dos discursos: quienes dicen que los manifestantes son pobladores delincuentes y manipulados y quienes dicen que el gobierno es «vende patria». ¿Estos estereotipos sirven de algo?
Definitivamente no. La situación es mucho más compleja que la presencia de Humala o Patria Roja en el sur del país. No descarto que existan estos operadores políticos, pero reducir esta situación a algo tan simple como «la manipulación» implica no ver el conflicto en su real magnitud. Pues esto lleva a decir: «Yo no converso con humalistas» y se bloquean los canales de comunicación. Lo mismo sucede del otro lado al decir que el Estado regala nuestros recursos sin pensar en la población. Son estereotipos que no ayudan a solucionar los conflictos. Estamos cometiendo los mismos errores que nos llevaron a las tragedias de Chala o Bagua.

Entrevista: Ricardo Reátegui Marchesi
Foto: Gonzalo Silva