Desde hace varias décadas la defensa del medio ambiente ha ido ganando terreno en la opinión pública mundial. Primero fue la Conferencia de Estocolmo de 1972 que se centró en discutir el impacto de los haloalcanos en la capa de ozono y dio inicio al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta fue seguida por la Primera Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río que desarrolló la Agenda 21 y la Declaración de Río donde se determinaron tres temas importantes en materia ambiental: la Biodiversidad, la reducción de residuos tóxicos y el cambio climático. Para este último se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

A fines de la misma década, en Kyoto, Japón se firmó el Protocolo de Kyoto que expresa el acuerdo internacional para la reducción las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el año 2002 se organizó la Segunda Cumbre de la Tierra en Johannesburgo donde se puso en agenda la erradicación de la pobreza, el acceso al agua y a los servicios de saneamiento, y la salud. En el 2009 se celebró La Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de Copenhague, con el objetivo de preparar futuros lineamientos para remplazar los del Protocolo de Kyoto. Finalmente, en el 2011 se llevó a cabo la Conferencia sobre el Cambio Climático de Durban que llegó al acuerdo de extender el Protocolo de Kyoto hasta después de 2012 y fijar una hoja de ruta para un acuerdo global de reducción de gases de efecto invernadero.

Con estos antecedentes, la cita de Río + 20 tiene el enorme desafío de evaluar que hemos hecho 20 años después de la llamada Cumbre de Río. En el caso peruano, la reducción de un 23% de la nieve de los glaciares tropicales se presenta como una situación compleja que genera riesgos. Lo que está en juego principalmente es la ausencia del agua. ¿Qué efecto tiene en concreto la desaparición de los glaciares tropicales en el Perú? ¿Qué medidas se deben de tomar? ¿Qué políticas de Estado, de adaptación y de mitigación hay que desarrollar? Se necesitan respuestas urgentes para un problema que ya está en curso y frente al que hemos hecho muy poco.

La universidad tiene un papel fundamental. En razón de ello pensamos que la tarea de producir ciencia y conocimiento se torna en un desafío ético de proporciones globales. La universidad tiene que cumplir un papel de guía y de asesoría permanente en el esfuerzo por informar y educar sobre las causas reales de los fenómenos naturales que se están produciendo, así como ser una instancia de propuestas, monitoreo y crítica a las acciones de la sociedad civil y del Estado en esta materia. El papel entonces de la universidad, del quehacer científico, tiene un claro sentido de responsabilidad social con la comunidad.

Podríamos agrupar las responsabilidades de la academia en cuatro grandes lineamientos de trabajo. El primero, vinculado al papel de la investigación y del conocimiento científico en materia del cambio climático; el segundo, en relación al trabajo de formación ética y de docencia con los estudiantes; el tercero, a la elaboración de propuestas concretas y de alternativas técnicas a los problemas ocasionados por el cambio climático; y finalmente, el cuarto lineamiento, al compromiso de mantener el espíritu crítico y de hacer seguimiento de las prácticas tanto pública como privada en relación con el tema.