¿En qué estado se encuentra la demanda que presentó un grupo de integrantes de la comunidad PUCP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

La CIDH tiene muchísimos casos de toda la región. Nuestro caso todavía no ha sido analizado, debido a esta carga. Este año, la Comisión recién ha visto casos que se presentaron en el 2008 y el 2009. Nuestro caso será visto el próximo año.

¿Definitivamente?

Sí. Esperamos que sea el primer semestre del 2013, pero no tenemos esa información. Sin embargo, hemos seguido presentando evidencias de las afectaciones al debido proceso vinculadas a las libertades de enseñanza, de cátedra y al modelo que defiende nuestra Universidad. Es un modelo en el que es fundamental que haya una pluralidad de ideas.

¿Cuáles han sido estas evidencias?

De afectación a las libertades de enseñanza, investigación y cátedra, que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La demanda sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional, del 2010, viola el debido proceso porque incumple la imparcialidad judicial. Con esta sentencia, de un proceso constitucional, hoy se pretende concluir un proceso civil sobre interpretación de testamento, lo que viola el debido proceso. Con ello, se pretende vulnerar la libertad de enseñanza, esencial para cualquier universidad.

¿Cómo se demuestra esto?

La carta del cardenal Bertone a la Conferencia Episcopal cuestiona que en la PUCP se discuta textos del padre Gustavo Gutiérrez, no condenados sino reconocidos por el Vaticano. También cuestiona que la PUCP haya distinguido al español Gregorio Peces Barba, recién fallecido, profesor de filosofía del derecho muy reconocido y uno de los siete ponentes de la Constitución española. Entonces, están en juego las libertades de enseñanza, cátedra y de investigación, pilares de nuestro prestigio nacional e internacional.

¿Qué otras evidencias se han adjuntado a la Comisión Interamericana?

Declaraciones y cartas de los sectores más conservadores de la Iglesia señalan que aquí existirá una sola doctrina que corresponda a la Iglesia. Aquí tienen que discutirse distintas corrientes. En derecho hay que enseñar normas sobre el divorcio. Imagínense que en la Facultad de Ingeniería no se pueda investigar la teoría del Bosón de Higgs. La PUCP desarrolla iniciativas interesantes en biomedicina. Conocemos algunos cuestionamientos a la Universidad, sabemos dónde empieza la censura pero nunca dónde acaba. Ese es el peligro.

El TC ha favorecido irregularmente al Arzobispado con una apelación por salto. ¿De qué manera puede influir este hecho en el proceso ante la CIDH?

Ya pusimos en conocimiento de la Comisión esta concesión de la apelación por salto porque es irregular. Precisamente, es la forma como se pretende que la sentencia que expidió el TC en el 2010 sirva para concluir el proceso civil sobre interpretación de testamento.

¿De qué manera puede influir el reciente decreto de la Santa Sede?

En primer lugar, ese decreto no tiene validez jurídica en el Perú porque la PUCP se rige por las leyes peruanas. En el proceso ante la Comisión Interamericana, creo que el decreto no tiene ninguna relevancia salvo demostrar la manera tan imperativa en que el Vaticano pretende que la Universidad deje de usar su nombre. Pero mucho más importantes son los ataques documentados a las libertades de educación y de enseñanza.

El gobierno peruano ha cuestionado a la Comisión Interamericana por el caso Chavín de Huántar. ¿Podemos perder la protección de este sistema? ¿Cuál sería el escenario?

No. La Comisión está integrada por miembros de reconocida trayectoria y confiamos en su independencia. Se están estudiando algunas modificaciones al estatuto de la Comisión en el marco de la OEA. No es el Perú solo. Estoy confiada en que eso no alterará el tratamiento a nuestra petición porque estamos denunciando las vulneraciones clarísimas a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Protocolo de San Salvador.

Algunos consideran poco probable que la Comisión Interamericana admita la demanda por ser un caso atípico. ¿Ha habido nuevos casos que se asemejen al de la PUCP?

Sí. Estos son los nuevos casos que está recibiendo la Comisión. Tradicionalmente, eran ejecuciones forzadas, desapariciones, torturas; pero América Latina ha cambiado y, en democracia, se dan casos distintos. Pero hay vulneraciones, como en el de la PUCP. En el caso Ricardo Zipper vs. Chile, del 2009, la Comisión señala que la vulneración a la libertad de enseñanza puede suponer una vulneración a la libertad de pensamiento. Además, aportamos jurisprudencia de otros países. En España, en el 2011, el TC repuso a una profesora de religión que el obispo había retirado porque se casó con un divorciado.

¿Cuál es el proceso que sigue si se admite la demanda?

Una vez admitida, la Comisión busca una solución amistosa entre peticionarios y Estado. En el Perú ha habido precedentes en que las partes han acordado los términos de la solución. Estoy segura de que habrá esfuerzos denodados para que haya un acuerdo.

¿Cualquier miembro de la comunidad de la PUCP puede adherirse a la demanda?

Sí. El pedido inicial fue firmado por los miembros de la comunidad universitaria que, a la vez, integraban el Consejo Universitario. Pero, recientemente, más de 40 profesores de la PUCP se han adherido a la petición porque ven estas amenazas a las libertades de enseñanza y de investigación. Cualquiera que quiera adherirse, puede comunicarse conmigo.