El objetivo del reasentamiento involuntario es siempre igualar o mejorar las condiciones de vida de los afectados

La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha sido un proyecto postergado durante mucho tiempo. Dentro de un contexto de auge económico donde la exportación, la inversión privada y los capitales extranjeros cumplen un rol central, la ampliación del principal puerto aéreo del país era no solo necesaria, sino inminente. Llegada la década del 2000, se da en concesión para su modernización y la construcción de una segunda pista. Sin embargo, este proyecto no es gratuito: va a significar el reasentamiento involuntario (RI) de casi 800 familias, distribuidas en ocho asentamientos humanos (AAHH).

En esta zona existieron varias haciendas algodoneras, entre ellas la exhacienda San Agustín. En estos terrenos creció, desde inicios del siglo XX, un pueblo -considerado hoy como un asentamiento humano- llamado El Ayllu. En él viven aproximadamente 350 familias. Durante muchos años, al encontrarse separados de la ciudad por los campos, estas familias (muchas ellas de migrantes) han mantenido sus fiestas patronales, y la seguridad de sus calles, donde los niños pueden salir a jugar y dejar la puerta abierta. Es una situación poco vista y privilegiada en nuestra ciudad y en El Callao.

El Ayllu actualmente se encuentra en una situación complicada con el encargado de su reasentamiento involuntario: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Estado tiene como fecha límite para entregar los terrenos al concesionario el 14 de febrero del 2013. Si bien el proyecto existe desde el año 2000, el MTC inició tardíamente en el 2010 de modo concreto los procesos de RI.

En un inicio, según la ley 27329, el objetivo para los AAHH era reubicarlos a los terrenos de Santa Rosa cedidos por CORPAC en San Martín de Porres. El Estado quedaba como encargado de construir sus viviendas, reinsertarlos laboralmente y reproducir o mejorar las mismas condiciones con las que contaban estas personas. Tras 12 años, en febrero, a un año de la fecha límite del plazo con el concesionario, se modificó la ley para agregar dos opciones más además de Santa Rosa: la compra de un inmueble a cargo de empresas privadas o públicas y la indemnización asistida con fines exclusivos de vivienda.

Actualmente, la mayoría de las familias de los AAHH afectados; ha optado por estas nuevas opciones, las cuales son tanto para ellas como para el Estado, más rápidas y económicas. Sin embargo, 250 familias de El Ayllu mantienen su deseo de ser reasentados en Santa Rosa, pues buscan mudarse juntos y mantener sus lógicas comunitarias para poder adaptarse a la ciudad. La mayor dificultad es que a la fecha, en Santa Rosa no se ha construido ninguna casa y aún existen dificultades de coordinación con las municipalidades.

El Estado afirma que le tomaría aproximadamente 15 meses terminar con Santa Rosa, pero como este tiempo excede ampliamente el 14 de febrero del 2013, se les está otorgando a estas familias montos de 500 soles mensuales para que puedan alquilar inmuebles mientras se termina la construcción de la zona. Esta situación ha desmotivado a muchos pobladores quienes creían que saldrían de una casa para irse a otra, por fin suya. Si bien existe un compromiso público de los funcionarios del Estado y el proceso está normado por ley, las garantías que tiene esta población son escasas: ¿se cumplirá el plazo? ¿qué van a conseguir alquilar por 500 soles familias que pueden tener más de cinco miembros?

El objetivo del reasentamiento involuntario es siempre igualar o mejorar las condiciones de vida de los afectados. Sin embargo, la dificultad que está demostrando el Estado para reasentarlos a todos juntos como comunidad, el paso del tiempo y el proceso burocrático, ha generado no sólo divisiones en la población, sino también una situación de empobrecimiento tanto económico como social. Desde noviembre del 2011, estas familias fueron privadas de una importante fuente de trabajo: los terrenos agrícolas. Como la expropiación se concretó con los dueños de los terrenos y estas personas son solo posesionarios, el Estado dispuso de las tierras saneándolas. A esto se suma el hecho de que si bien existe un compromiso por reinsertarlos laboralmente con una serie de talleres que los forman en trabajos como cosmetología, construcción y pequeños negocios, estas familias no van a ser sujetos de una indemnización por daños y prejuicios. Con esto, la situación ideal para que estas personas continúen su vida particular y comunitaria se ve cada vez más lejana, sujeta a engorrosos procesos burocráticos, plazos inciertos y la poca atención de los medios por su caso.

Este caso genera preguntas aún mayores: ¿se debe sacar a estas personas del lugar que habitan sin tener las condiciones mínimas del lugar que estaba destinado para ellos y exigido por ley desde hace doce años? ¿El vencimiento de un plazo, establecido en un contrato entre una empresa privada y el Estado, debe ser razón suficiente para apurar el proceso aún si puede significar la disminución de la calidad de vida de cientos de familias? ¿qué interés somos capaces de desarrollar como opinión pública sobre casos “latentes”, invisibles por proyectos gigantes de desarrollo y bien nacional?

Según la antropóloga Susanna Price, “el desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo deliberadamente pretende alcanzar resultados beneficiosos pero, mientras la nación gana, los afectados a causa del desplazamiento deben pagar el precio” . La falta de interés tanto de políticos por priorizar el proceso social como de la opinión pública por fiscalizar, da cuenta de la compleja relación que se establece en estos casos, donde el bien mayor no es cuestionado, y aún más, es capaz de invisibilizar importantes costos sociales.

Lorena De La Puente fue la encargada de la investigación “Diagnóstico Social, Espacial y Legal del AA.HH. El Ayllu, Callao”, proyecto desarrollado junto con la DARS.