¿Realmente las condiciones que dio el MTC a Telefónica fueron ‘duras’ como las tildó la empresa en su comunicado?

En primer lugar, Telefónica tiene varios contratos, tiene el de telefonía fija y el de móvil que les da muchas ventajas y no son duros ni adversos para la empresa. En el Perú, el mercado de telecomunicaciones se encuentra altamente concentrado, son tres empresas que tienen todo el mercado, entre Telefónica y Claro hacen el 87% del mercado. Las condiciones con las que se ha negociado ahora son legítimas para el Estado porque su objetivo es que el mercado funcione correctamente y que sus ciudadanos tengan la mejor calidad de servicio y la mayor cobertura, además debe asegurar la accesibilidad económica del derecho de las telecomunicaciones, estamos hablando del derecho de los ciudadanos a tener acceso a las telecomunicaciones.

Se menciona que Osiptel no tiene presupuesto para regular una empresa tan grande como Telefónica. ¿Este es uno de los grandes problemas que no se contempló en el contrato?

En el Perú, existe un grave problema de infraestructura, que, según un estudio realizado por la Universidad del Pacífico y ESAN, solo en telecomunicaciones se necesita una inversión de 19 mil millones de dólares, a eso se suma el problema de una brecha de fiscalización regulatoria, ya que, durante el gobierno anterior, los reguladores sufrieron un debilitamiento progresivo y contundente. Osiptel, siendo uno de los mejores reguladores y con mayores capacidades técnicas, hoy en día no tiene la capacidad suficiente para fiscalizar una empresa de la magnitud de Telefónica. El gobierno de Toledo anunció que no se renovaría el contrato por incumplimiento, han pasado varios años, tantos ministros y nadie vio el problema, lo que debió ocurrir fue la no renovación por incumplimientos graves, como el de transparencia de la información ya que dio datos falsos a Osiptel. Hoy día, Osiptel tiene grandes dificultades para fiscalizar una empresa que tiene bastante incidencia en los aparatos gubernamentales.

Osiptel hizo un informe sobre el costo del espectro, sin embargo, se decidió que la empresa no realizará un pago por el mismo. ¿Es un error no haber tomado en cuenta la palabra del regulador?

El que va a supervisar y fiscalizar a la empresa en cuanto a sus obligaciones contractuales tiene que ser un elemento clave en la definición y diseño de los contratos que serán supervisados. Si no hago que mi regulador sea fuerte teniendo en cuenta sus observaciones y sus informes, entonces lo estoy ninguneando y eso es lo que está sucediendo, pierde fuerza.

El contrato es enteramente de inversión. ¿Es esta decisión la más beneficiosa para el Estado?

Hay cosas positivas en el contrato, está la tarifa social de telefonía móvil para un millón de personas, la ampliación de la cobertura a 409 capitales de distrito y otras más, que de todas maneras implican una inversión en infraestructura. Una estrategia de regulación que se usa mucho es cobrarle a la empresa y luego redistribuir, por eso unos dicen que este dinero debió darse al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL) y que ellos hagan la distribución. Otra forma es regular por contrato, donde deben estar las obligaciones de inversión para facilitar la mayor y mejor cobertura del servicio. El problema es que el Estado debería mostrar con transparencia cuál ha sido su análisis para escoger entre uno u otro y definir el monto con mucha claridad; en segundo lugar, cuál es el monto que se va a invertir y que va a redituar al Estado, es necesario hacer un análisis costo-beneficio y de impacto regulatorio. Es necesario hacer transparente y discutir en espacios abiertos las decisiones que toma el Estado, es lamentable que esto no ocurra porque genera un problema de legitimización de la decisión. Quizá es la mejor alternativa pero hay una falta de transparencia del proceso.

¿Por qué no se discutieron las deudas tributarias de Telefónica en el contrato?

Creo que faltó poner este elemento en discusión. Un ciudadano cualquiera es perseguido para que pague sus impuestos, cómo no lo hacen con una empresa que debería más de 3 mil millones de soles y que ha llevado al Estado Peruano a un proceso judicial ante el CIADI. Aquí vemos que ha habido incumplimiento de las obligaciones básicas que tiene una empresa ante un Estado que, me parece, se está autocensurando y autocastigando, so pretexto de que la empresa se pueda ir del país o que se ahuyentará la inversión. El Estado debería ser inflexible y Telefónica no tiene por qué tener alguna objeción al momento de pagar su deuda.

¿Cree que estas condiciones hechas a Telefónica mejoran la competencia?

Uno de los criterios básicos para la ampliación de la competencia entre nuevas empresas que entran al mercado de telecomunicaciones es la construcción de la red dorsal y Telefónica tiene una posición dominante sobre este tema. El alto nivel de concentración que tiene la empresa es lo que genera enormes restricciones para que nuevos operadores ingresen en el Perú, es complicado competir con una empresa que tiene tanta presencia y fuerza a nivel de mercado en el país. En el caso de telefonía fija, el costo de interconexión, que es un pago que se mantiene hasta ahora, y la renta básica, que es un tema contractual legal, son restricciones que impiden que nuevas empresas puedan ingresar al mercado. Creo que la negociación debió incluir estrategias claves que puedan fomentar la competencia para que, sobre todo en telefonía móvil, bajen los costos, pero además necesitas que tu regulador sea fuerte para que controle la calidad. Esta empresa no se iba a ir del país por más que las condiciones fueran ‘duras’, Telefónica es una de las empresas más fuertes de Latinoamérica y el Estado debe garantizar el derecho de los usuarios de telefonía fija, celular y de los otros servicios, como cable e internet, que nadie supervisa y que también son críticos.

Si no se renovaba el contrato, ¿cuál hubiera sido el escenario?

Los servicios públicos son denominados así porque el Estado asume la titularidad de su regulación o su prestación, a veces lo presta directamente o lo privatiza, pero si sucede lo último, se controla a través de sus reguladores o de los contratos de concesión. Es servicio público porque el Estado guarda la titularidad de la capacidad de regular, controlar y sobre todo garantizar que la prestación del servicio se dé. Si en algún momento se da la disolución de un contrato, por ejemplo el de telefonía, el Estado está en toda la capacidad de asumirlo directamente y esto no está negado por la Constitución, que establece un principio de subsidiariedad, eso no significa que se hace una empresa pública, salvo que sea necesario y el privado no lo quiere o no lo pueda hacer. Además, si Telefónica decide irse mañana, no nos deja colgados, porque el Estado tiene que asumir la responsabilidad de, inicialmente, mantener la continuidad del servicio; y segundo, debe someter a un nuevo concurso para que entre otro operador; entonces si se va Telefónica, pues ingresará otro. Las renovaciones son a largo plazo y no es que empiece mañana, sino que se tiene años para que empiece la vigencia del contrato.