El Plan Nacional de Lucha contra la corrupción 2012-2016 es un documento que debería convertirse en el instrumento más importante del Estado para dar algunos pasos adelante en la prevención y represión de las graves y extendidas prácticas de corrupción. Fue aprobado por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM y, al menos en su estructura y formulación, posee mayores ventajas que el plan que rigió la actuación gubernamental durante el periodo 2008-2011.

Efectivamente, no solo formula conceptos adecuados sobre la corrupción y centra los enfoques preventivos y de combate como formas complementarias para avanzar en esa lucha, sino que además describe un diagnóstico, aunque excesivamente tolerante, del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2008-2011. En esa perspectiva, aunque no parte de una línea de base sobre la situación de la corrupción en los diversos estamentos del Estado (al no existir estadística confiable en el Estado) sí ha establecido hallazgos sobre la situación encontrada y ha escrutado la data accesible según algunas instituciones, como el Ministerio Público o la Procuraduría Anticorrupción.

Dicho esto, nadie puede caer en la ingenuidad de pensar que con tal documento la corrupción desaparecerá o se reducirá a su mínima expresión en el 2016. Se trata de una herramienta necesaria pero que requiere algunas condiciones y presupuestos esenciales para alcanzar lo que sí esperamos de aquel: sentar las bases para los primeros pasos que permitan prevenir y reducir los niveles de corrupción inercial y provocar, además, duros golpes punitivos a los casos más graves de corrupción pública. Sin embargo, el riesgo de que el plan fracase es muy elevado en la medida que una de las condiciones de su operatividad radica en la voluntad política expresada desde el más alto nivel y eso pasa por el propio Presidente de la República, el cual puede imprimirle a la lucha contra la corrupción un efecto cascada. Esta condición no se aprecia hasta ahora con la claridad debida.

Especialmente, con relación al sistema penal anticorrupción el Plan hace especial referencia al fortalecimiento de las instituciones involucradas: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y otras. Este fortalecimiento requiere, como lo hemos evidenciado en el libro Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú, una serie de medidas, de las cuales solo mencionaremos algunas.

En primer lugar, corresponde adoptar alguna medida normativa que evite la prescripción de los delitos de corrupción de funcionarios por el paso del tiempo. Para ello se necesita introducir la polémica medida de la imprescriptibilidad de estos delitos o la duplicación general de los plazos de prescripción. En segundo lugar, las instituciones involucradas requieren, cada una de ellas, un equipo de peritos o especialistas en diversas materias: contadores, auditores, economistas, expertos en derecho financiero, entre otros. Esto permitirá que tanto fiscales y jueces puedan enfrentar delitos complejos como los de corrupción, especialmente a través de una debida valoración de la prueba indiciaria, vital en este tipo de delitos.

No podemos perder de vista que las medidas punitivas no es la única ni la más importante herramienta en el combate a la corrupción. Existen múltiples medidas preventivas que aún faltan implementar o impulsar y de las que también se ocupa el Plan Nacional Anticorrupción. Esperamos que las expectativas creadas con el Plan no vuelvan a frustrase una vez más.

El doctor Yván Montoya acaba de editar el libro Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú, publicado por IDEHPUCP. Descárgalo.