¿Cómo surge la idea de este estudio?

Surge por un interés personal, dada mi experiencia en la elaboración de estudios socioeconómicos y de impacto social en comunidades andinas que cuentan con industrias extractivas por operar o en ejecución. Como conozco la problemática que existe en estas zonas, elaboré mi tesis de maestría sobre este tema. Este libro es el insumo que sale de la tesis.

¿Por qué se seleccionó el periodo 2008-2009 para este análisis?

Empecé la investigación finalizando el 2009 y revisé los reportes mensuales de conflictos de la Defensoría del Pueblo publicados entre enero 2008 y enero 2009. No quería hacer un estudio específico de algunas zonas, sino tener una mirada general del país en el último año de conflictos sociales, que estaban en crecimiento en este periodo. Los reportes son bastante cualitativos y el trabajo fue poner en números esa información.

¿Hay algún conflicto en particular que destaque en este lapso?

Uno de los más importantes en ese tiempo ocurrió en el valle de Condebamba (Cajamarca). Una empresa minera quería empezar su etapa de exploración en una parte del valle y los comuneros no querían. Si bien había un interés por hacer las cosas bien, ya había habido roces entre la empresa y la comunidad. La información que daba la primera no quedaba clara para la segunda y la desconfianza existente imposibilitaba una conexión.

¿A qué se debía esa desconfianza? ¿Solamente a desinformación?

En el caso del valle de Condebamba, el nivel de desconfianza de los comuneros era alto por desinformación y una mala experiencia previa. Recuerdo haber hablado con el presidente de la ronda y con el cura del pueblo, quienes nos dieron permiso para ingresar. Pero los comuneros se opusieron y tuvimos que retirarnos sin recoger buena parte de la información.

Recuerdo también el caso del proyecto Río Blanco (Piura). De todos los estudios que he realizado en diferentes partes del país, fue uno de los conflictos más fuertes que me tocó vivir. La población no creía en nadie, desconfiaba de cualquier persona que no formase parte de su comunidad. Alquilábamos camionetas para ir para allá y como se parecían a los de la empresa minera, botaban árboles para impedirnos el pase. Conversé con varios ronderos que me dijeron que sacara garantías para mi vida. Por seguridad, optamos por hacernos a un lado sin concluir el estudio. En ese espacio, construir una relación era muy complicado.

Me llama la atención que se combinen las variables de pobreza y de medio ambiente, como si fuera causal una de la otra y viceversa…

La investigación no pretende hacer una relación de causalidad, porque eso sería mucho más complicado. Lo que sí puede haber en términos naturales, sin intervención de una empresa extractiva, es una bidireccionalidad: la pobreza puede deteriorar la calidad de algunos recursos ambientales y por otro lado, el deterioro de estos recursos puede llevar a más pobreza. Pero mi estudio no busca encontrar las causas, sino caracterizar a los distritos que en ese periodo tenían conflictos con mineras.

¿Qué características sociales y ambientales compartían?

A partir de un análisis estadístico, encontré que el 60-70% de los distritos que tenían conflictos en ese momento eran altamente pobres (por ingresos monetarios o por necesidades básicas satisfechas) y se encontraban por encima de los 3000 m.s.n.m. Además, su población económicamente activa se dedicaba prioritariamente a la agricultura o a la ganadería, con niveles elevados de analfabetismo.

Por otro lado, comparten una alta preocupación por el uso que la empresa minera haga de sus recursos naturales. Temen que la tierra y el agua, fuentes principales para su subsistencia, vayan a sufrir algún tipo de contaminación o que pierdan el control de estos recursos.

¿Cómo evalúa el manejo del gobierno central de los conflictos sociales? ¿Ha mejorado o empeorado del gobierno anterior al actual?

Si bien cada vez hay más instituciones y organizaciones que están velando por la relación entre comunidad-empresas extractivas, los conflictos sociales están aumentando. Y esto va en paralelo con un crecimiento económico que no es percibido por la gente. El libro no le echa la culpa a la minería, pero sí ve problemas estructurales que ni este ni los anteriores gobiernos no han resuelto, como el de la pobreza. Entonces llega una empresa minera y para la población es la gota que derrama el vaso.

El Estado ha estado actuando como bombero, apagando conflictos a través de mesas de diálogo, de manera reactiva. Ahora se está comenzando a hacer un abordaje desde la prevención, pero no es una política general. Creo que con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) podrían hacerse muchas mejoras. No hay que perder las esperanzas.

El Perfil

Nombre: Sofía Castro