Los recientes desastres tras las lluvias torrenciales, huaicos e inundaciones que conocemos y sentimos en el Perú de marzo de 2017, confirma nuestra debilidad de Estado, y con este, particularmente, la debilidad de nuestros gobernantes y nuestro ordenamiento jurídico. ¿Se pudieron prevenir dichos efectos? En el Perú no solo nos encontramos con grandes problemas estructurales recientes como los casos de corrupción de políticos y empresarios, el aumento de la inseguridad ciudadana o el caos vehicular-urbano en Lima y en las regiones del país, sino que nos olvidamos que somos un país con una geografía particular: muy rico en minerales y diversidad, pero también muy vulnerable al cambio climático y a los fenómenos naturales que se suceden.

Los hechos de desastres del norte, centro y sur del país tras las lluvias, huaicos e inundaciones, dados a conocer en los medios y las redes sociales, nos muestra que nuestros gobernantes y la población local no han estado preparados para prevenirlos. Muertes, desaparecidos y heridos, al lado de viviendas destruidas, siembras y vías arrasadas, centros históricos anegados, comunicaciones telefónicas suspendidas, falta de agua potable, sistemas de desagües colapsados, etc., son parte de esos desastres que ya sentimos.

Frente a estos desastres, nuestros gobernantes y nuestro sistema jurídico pudieron operar. Existe en el Perú el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) creada por ley Nro. 29664 del año 2011, que sustituyó el sistema de prevención y defensa civil previo; pero no se aprecia su eficiencia ni eficacia tras los últimos acontecimientos.

El SINAGERD es poco conocido por la población en general, entonces desde ya esta última no sabe ante quien reclamar. Pero, la institución no solo es desconocido por la población, lo alarmante es que los políticos, gobernantes y profesionales o técnicos tampoco lo conozcamos. En las noticias, a la fecha, el SINAGERD normalmente no aparece involucrado. El SINAGERD se integra por el Presidente de la República y el ciudadano que vive en una zona vulnerable a los fenómenos que devienen en desastres. Ministros, gobernadores y alcaldes son los principales responsables, pero también estamos comprometidos los profesionales y técnicos de instituciones públicas y privadas, incluidas las universidades, que se ubican o tienen en su entorno dichas zonas vulnerables.

El ente rector del SINAGERD se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros. A través de esta presidencia y su rectoría es que el Gobierno Central promueve y facilita los procesos de coordinación y articulación de los gobiernos regionales y locales y de todas las otras entidades (públicas o privadas) responsables del sistema. Estas responsabilidades incluyen una principal finalidad: “…identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre…” (Artículo 1ro. de la Ley Nro. 29664).

¿Cumplen nuestras autoridades con esta básica finalidad de la ley? ¿Conocen o, mejor aún, comprenden su significado? Lamentablemente apreciamos tras los hechos de desastres que la respuesta es negativa. No bastan las acciones políticas o públicas aisladas o generales, de último minuto o tras las desgracias. La ley obliga, desde muchos años atrás, a realizar planes de prospección (evitar y prevenir la conformación de riesgos futuros), corrección (corregir o mitigar el riesgo existente) y reactivos (enfrentar los desastres inminentes o materializados). Con los recursos con los que cuenta nuestro Estado se pudo hacer mucho y antes.

¿Qué hacer ahora? Sin dejar de lado las obligaciones de nuestros gobernantes, corresponde priorizar la movilización de nuestra sociedad organizada. A través de las organizaciones o instituciones de nuestra sociedad (a nivel local, regional y nacional) corresponde atender en primer lugar a los damnificados. Pero también es urgente actuar para que no se sumen nuevos desastres: brindar refugio a las poblaciones vulnerables y evitar la proliferación de virus y bacterias estacionales que puedan ocasionar epidemias. En suma, se trata de ir haciendo desde la sociedad al SINAGERD; cumplir la ley o hacer el Derecho desde nuestra sociedad.