¿Se puede hablar de causas transversales en el giro punitivo en América Latina?

Un elemento común que atraviesa a todos los países es un cambio fuerte en la manera de legislar. Los parlamentos funcionan cada vez más con una lógica altamente politizada en materia de derecho penal. En contextos democráticos, los políticos electos, popularmente, hacen las leyes penales. Sin embargo, tradicionalmente, los expertos del mundo académico y del Estado tenían un rol importante en el diseño de reformas legales. En las últimas décadas, se ha visto un desplazamiento de esos especialistas en América Latina. Los políticos electos proclaman saber qué es preciso hacer, sin necesidad de mayores consultas. Se crean entonces reformas legislativas con muchos problemas técnicos o de inconstitucionalidad y justifican el incremento de la punitividad en tanto “es lo que la gente reclama”. Ahí tenemos una lógica politizada en la forma de producir leyes al interior del derecho penal, que coloca en el centro de la escena el incremento de la punitividad como remedio a las crecientes tasas de delito.

¿El aumento de penas ha desalentado la criminalidad?

No. El ejemplo paradigmático es Brasil. En 1992, encarcelaba a 74 presos cada 100 mil habitantes y  ahora encarcela a 308 por ese mismo número. Por otro lado, en 1992 tenía una tasa de homicidios de 10 por 100 mil habitantes que ahora ha aumentado a 30. Es un ejemplo perfecto de cómo el giro punitivo no se vincula con un descenso de la actividad delictiva. Hay otros ejemplos que cuestionan el «sentido común» –adoptado con frecuencia por los políticos profesionales- de que reducir el delito equivale a excarcelar más gente por más tiempo. El encarcelamiento nunca ha sido buen remedio para el problema del delito. Claramente, la actividad delictiva en las sociedades contemporáneas tiene procesos de producción mucho más complejos que el potencial reductor del encarcelamiento.

¿Qué influencia tienen los movimientos civiles?

En los últimos 20 años, los movimientos de víctimas han logrado un protagonismo inédito en algunos países y han promovido el endurecimiento penal como respuesta a experiencias de victimización. En Argentina, han adquirido dimensiones impresionantes. La concienciación social de que ciertas prácticas son intolerables y deben ser denunciadas no está a la par del incremento de denuncias policiales y judiciales, esto último podría explicar el aumento de procesos penales en marcha. El ejemplo paradigmático es la violencia contra las mujeres, cuyo crecimiento en realidad no remite tanto al fenómeno en sí como a un aumento de su denuncia. Ese desplazamiento puede haberse traducido en más procesos penales contra varones acusados de violencia, pero dudo que ello mueva los patrones de encarcelamiento a nivel macroscópico. Es difícil pensar que ese fenómeno en particular logre semejante cambio.

¿Cómo se relacionan las reformas neoliberales con el giro punitivo?

Desde el Consenso de Washington, en 1990, América Latina ha experimentado una fuerte influencia de agendas de reforma neoliberal, que en muchos casos se tradujo en crecimiento de los niveles  de exclusión social, desocupación, subocupación y precarización laboral. Aunque excepcionalmente alguna persona poderosa económica y socialmente puede ser sancionada penalmente, en líneas generales el sistema penal trabaja sobre grupos de jóvenes varones pobres de áreas marginales de las ciudades. Ese individuo, por lo general, es blanco del sistema penal. Si como consecuencia de los cambios económicos crece el número de personas viviendo en esas condiciones, evidentemente es posible que crezcan las tasas de encarcelamiento. Por lo menos, estos tres fenómenos están presentes en todos los contextos.

¿Cómo influyen los cambios económicos en las tasas de encarcelamiento?

En los ochenta y noventa, los aumentos de desigualdad y exclusión social en América Latina se combinaron con fuertes incrementos del encarcelamiento. Hay una conexión fuerte. Sin embargo, paradójicamente, este diagnóstico no es tan válido para los últimos años. Varios países –incluido Perú- han experimentado descensos de los niveles de desigualdad. Por ejemplo, en Argentina, la desigualdad de ingresos en el 2014 fue 26% menor que en el 2003. Si bien es un cambio importante, este no significó una reducción del encarcelamiento sino un crecimiento más o menos moderado. Hay que tratar estas relaciones con cautela, se debe evitar pensar que el encarcelamiento se mueve por una única variable. Este es un fenómeno social muy complejo que está influenciado por muchos procesos y dinámicas que también lo son.

¿Qué misión tienen los criminólogos y los juristas en este escenario?

Hay una serie de opciones. La academia, en general, debe mejorar la capacidad de comunicar los resultados de su investigación. Tenemos que construir una academia capaz de comunicar nuestra investigación en la vida social e impactar en la agenda y debate público. En ese sentido, hay que construir una criminología pública y una sociología pública; para ello, seguro, debemos adaptar nuestro lenguaje. Es una tarea que debe encontrar los científicos sociales, de algún modo, en el frente de batalla. Va de la mano con denunciar una práctica política de carácter demagógico, habitual en varios segmentos de nuestros sistemas políticos, donde reina el como si. Los políticos, a menudo, actúan como si se enfrentaran los problemas, con la intención de capturar consenso político y electoral. Promueven, entonces, decisiones políticas que producen el efecto contrario al que prometen. Por ejemplo, cuando se elevan las penas, se termina aumentando la reincidencia y la reproducción de la actividad delictiva. La academia tiene que transmitir esta palabra en la esfera pública, se debe deconstruir “lo que los ciudadanos piensan”. Es frecuente que, en nuestros países, los políticos digan «tomamos decisiones para incrementar la punitividad, porque obedece a demandas populares”. En realidad, no sabemos bien qué quiere la gente y eso también hay que estudiar.