El 15 de agosto de 2007 ocurrió uno de los terremotos más devastadores de la historia republicana del Perú. Su intensidad fue de 7.9 grados en la escala de Richter y su epicentro fue ubicado en las costas de la provincia de Pisco, y se expandió a las provincias de Chincha, Ica, Cañete, Huaytará, Castrovirreyna y Yauyos. El desastre vivido comprendió 597 personas muertas, decenas de desaparecidos, miles de heridos, cerca de cien mil viviendas destruidas y cientos de miles de viviendas afectadas. Transcurridos 10 años de esta situación de desastre, el proceso de reconstrucción aún no concluye. ¿Por qué? Tratamos de dar una breve explicación a partir de sus causas.

1. La falta de coordinación entre autoridades y de una efectiva aplicación del principio de subsidiaridad en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal

Superada la etapa de emergencia tras el terremoto del 2007, se careció de un gobierno para la situación de desastre. Durante la etapa de rehabilitación y en la reconstrucción, las autoridades nacionales (ministros de Estado y la institución Forsur, creada para gestionar la reconstrucción) disputaban competencias con las autoridades regionales, estas con las autoridades municipales provinciales, y estas últimas con las autoridades distritales y organizaciones de base. Devino entonces una cadena de disputas jerárquicas contraria a la subsidiaridad gubernamental requerida: de respaldo a la autoridad u organización más cercana a las necesidades. En los tres niveles de gobierno, sus representantes quedaron cegados por los prejuicios y egoísmos. De un lado, manifestaron sus prejuicios de capacidad-incapacidad en unos y otros, y, de otro lado, manifestaron sus intereses al querer controlar y ejecutar el mayor presupuesto nacional unos más que otros.

2. Los actos de corrupción en las obras y servicios de reconstrucción, y la inexperiencia para su prevención y control

En cada diseño, ejecución y fiscalización de proyectos de obras o servicios para la reconstrucción hubo actos de corrupción, salvo excepciones. Desde el programa “Bono 6,000 soles para damnificados” hasta las obras de infraestructura en escuelas y hospitales hubo cobros o pagos indebidos, que involucraron a funcionarios de los tres niveles de gobierno, y a las empresas privadas contratistas y subcontratistas. La forma más común a través de la cual se realizaron estas acciones fue en la adjudicación directa de las obras o servicios. En la población de Pisco se conoce que las autoridades o sus funcionarios cobraban entre 10% y 35% de comisiones indebidas para favorecer a una persona o empresa por la obra o servicio. Lo lamentable de estos hechos de corrupción es que no se pudieron prevenir ni controlar. No hubo transparencia, se perdieron documentos o expedientes, y, finalmente, las investigaciones policiales, fiscales y de la Contraloría fueron débiles. Ello devino en la absolución de las pocas personas procesadas por delitos de corrupción y, una vez más, la impunidad por tales hechos quedó grabada en la población.

3. La falta de participación de los propios damnificados y afectados en el proceso de reconstrucción

Tras el terremoto del 2007, se desarrolló en los damnificados y afectados una particular forma de organización y participación, que apareció durante la etapa de emergencia y, en parte, en la etapa de rehabilitación (previa a la etapa de reconstrucción). Así se hizo posible la administración de agua, los alimentos y las carpas en las primeras semanas del terremoto. Por barrios o cuadras en zonas urbanas de Pisco, o por comunidades, sectores o centros poblados en la zona rural, se realizó este tipo de colaboración y trabajo. Sin embargo, las autoridades nacionales, regionales y locales no fortalecieron esta forma de organización y participación. Por el contrario, la fueron anulando poco a poco, conforme se planificaba la reconstrucción.

Estas tres causas principales muestran que el problema de la reconstrucción no es de recursos económicos o la falta de solidaridad nacional e internacional. Se calcula que se ha gastado o invertido más de S/ 3,000 millones en la reconstrucción. El problema fue la falta de enfoque metodológico (inexperiencia para incluir a los damnificados), el control jerárquico del poder frente al desastre (desconocer una gestión gubernamental de subsidiaridad) y los actos de corrupción por comisión u omisión (limitaciones en la prevención y control de la corrupción). El resultado ha sido un nuevo fracaso, pero sobre todo la pérdida de poder hacer más grande a Pisco y a las provincias afectadas por el terremoto del 2007.

En la reconstrucción del norte del Perú, tras la destrucción producida por El Niño costero del verano del 2017, se puede aprender de los errores de la reconstrucción tras el terremoto de Pisco. Es una nueva oportunidad de rectificación que siguen esperando los damnificados.