¿Cuál es la polémica en torno al tema de las alianzas público-privadas (APP) y cuáles son sus principales problemas?

Los países necesitan invertir y cerrar la brecha de infraestructura, y solo hay dos formas de hacerlo: como obra pública o como alianza público- privada. La problemática de las APP se debe a varios factores. Los tiempos de preparación de una APP demoran más que los de una obra pública. El gobierno presiona para acelerar la ejecución de los proyectos y por ello estos no salen bien. ¿Cómo pueden lanzar un proyecto para un metro en Lima si no se sabe si este va a ir por arriba, por el suelo o por debajo? El contrato para la segunda pista del Aeropuerto Jorge Chávez estipulaba que se construyera en el 2007 y recién se va a empezar a construir 10 años más tarde. Además, los directores ejecutivos de Proinversión duran un promedio de siete meses en su cargo. Generalmente, los despiden por presiones políticas, porque no sacan proyectos tan rápidamente. Si hubiera una política de Estado, no ocurrirían estas cosas. Pero todos los gobiernos piensan en su propia administración y no en una continuidad. Actualmente, el Perú tiene en papel el mejor marco legal y normativo de toda América Latina, pero en la práctica hay algunos agujeritos y un par de agujerazos.

¿Qué tan exigente es el Perú con las ofertas de los postores a una APP?

En el Perú, los indicadores del nivel de detalle en la ingeniería son de 3 o 4 en una escala del 1 al 10. A nivel internacional, está definido que deberían ser de nivel 7 como mínimo. Soy muy crítico de las adendas porque son generadas por esta problemática. Otro aspecto problemático son las apuestas agresivas de los privados. Hay operadores privados que se “arriesgan” a realizar una oferta muy temeraria, en la cual desde el primer momento pierden dinero. La finalidad es ganar el proyecto con la idea de renegociarlo más adelante con adendas.

¿Y cuál es la responsabilidad del Estado al aceptar estas negociaciones?

En principio, se deberían respetar los contratos firmados, aun con las propuestas agresivas. El porcentaje de operaciones canceladas en los gobiernos a nivel mundial alcanza tan solo el 2% o 3%. Sucede que cuando se adjudica un proyecto es un gran éxito político, pero si se reconoce el fracaso de una concesión, se pierde capital político y hay que buscar un operador temporal, cuya adjudicación podría tomar otro año. Por esto, la incidencia de renegociación es de alrededor del 70%, altísima. El número de adendas en el Perú es de tres por contrato. En un contrato por 30 años puede haber adendas después de varios años luego de varias transformaciones en el mercado, ¡pero estas se solicitan luego de tres o seis meses!

¿Cómo asume el sector empresarial  su responsabilidad en los casos de corrupción?

El escándalo de Odebrecht ha propiciado un cambio de actitud en el empresariado, que ha bajado un poco la cabeza. Antes se culpaba de todo al gobierno, ahora aceptan su responsabilidad al crear unos cuantos condicionamientos que son altamente abusivos y nocivos. Los veo más dispuestos a cooperar y  a entrar en razón. Odebrecht y otros privados establecieron esa cultura de la corrupción. Antes, Odebrecht era el héroe, el operador con más proyectos en el Perú.

¿Cómo cree que se manejará la reconstrucción con la participación de APP y qué debería tomarse en cuenta para evitar la corrupción en estas obras?

En lugar de trabajar un proyecto aquí y allá, se debe establecer una política solida de Estado que estructure los proyectos.  Hay que estandarizar los procedimientos, las tipologías de estudios, todo, para que funcionen con precisión. El Perú debería contar con fases 1 y 2 para el estudio y creación de proyectos de inversión. Siempre sugiero contar una fase 1, en la cual los proyectos están preparándose para su lanzamiento. Y detrás la fase 2, que son los proyectos en etapa inicial y que demorarán uno o dos años para entrar en la fase 1. Colombia tuvo una experiencia desastrosa en la década del 2000. Tras un cambio de administración se repensaron los problemas y se preparó un programa de concesiones de infraestructura que se llamó Cuarta Generación. Empezaron sector por sector. Con US$ 10,000 millones lanzaron alrededor de 16 proyectos en seis años. Además hay que aceptar las políticas de Estado y entender que hay proyectos que deben tomar su tiempo.

Foto: Andina

El Perfil

Nombre: José Luis Guasch