Si bien el conflicto en La Oroya no ha tenido las implicancias políticas de Conga ni las trágicas consecuencias de Bagua o de Espinar, no es menos gravitante como un caso a tomar en cuenta dentro de los conflictos donde el medio ambiente entra en colisión con las actividades extractivas. Su intermitente presencia mediática desde al menos 2003, indica que el problema de La Oroya dista de ser resuelto y que cada administración gubernamental ha preferido postergar su solución.

¿Por qué La Oroya aún no resuelve su problema de impactos contaminantes derivados de su exposición a los materiales nocivos emitidos desde 1922, cuando la flamante fundición metalúrgica inició operaciones bajo la Cerro de Pasco Corporation, luego con Centromin Perú y hasta hace poco con Doe Run Perú (DRP)?

La respuesta es muy compleja, como lo es la gama de factores que se han articulado para generar una situación por la cual se produce un perverso trade-off entre el derecho a gozar de una salud pública adecuada y el derecho a los ingresos económicos derivados de las operaciones metalúrgicas. En una suerte de pacto fáustico, buena parte de la población local decidió como más conveniente apostar por las oportunidades económicas que le entrega la empresa que la contamina, a pesar de que eso podría acarrearle graves perjuicios a su salud.

Junto a la opción preferencial por las oportunidades económicas operan factores como la situación de dependencia estructural de la ciudad respecto de la fundición, los pobres antecedentes de responsabilidad socioambiental del propietario de DRP (el norteamericano Ira Leon Rennert), el incumplimiento sistemático de sus compromisos ambientales, el sinuoso e indeciso papel del Estado peruano frente a la aplicación de las normas ambientales y, por supuesto, las inocuas propuestas de solución que no han logrado atacar las fuentes contaminantes.

De hecho, en los últimos diez años se han presentado diversos proyectos desde el parlamento que no han tenido mayor relevancia ni impacto regional. Las entidades que realizan trabajo social en La Oroya han ensayado, por su parte, propuestas participativas que no han logrado convocatoria. Los mecanismos como el convenio entre el Ministerio de Salud y DRP han incidido en acciones de limpieza e higiene en La Oroya, pero no han atacado el foco del problema, las fuentes emisoras que continúan impactando en la ciudad merced a los proyectos de adecuación ambiental exigidos y hasta ahora no cumplidos. Lo curioso de todo esto ha sido que la ciudad ha tenido que esperar la paralización del complejo metalúrgico para ir recuperando ciertas condiciones de habitabilidad, como si esta hubiera sido la salida más viable.

Paradojas aparte, el caso se complejiza con los contenciosos empresariales y judiciales que lo envuelven, sin olvidar a los sindicalistas y trabajadores de DRP que, con gran eficacia, han logrado neutralizar al Estado cuando este ha intentado poner las cosas en orden, sea en las calles de La Oroya, en las inmediaciones del parlamento o de Indecopi.

Cualquier solución seria va a tener que colocar la salud local como prioridad, de donde se deduce que la postergada culminación del circuito de cobre y de la planta de ácido sulfúrico (que permitiría lograr estándares ambientales adecuados) es condición indispensable para el reinicio de operaciones. La salida que emerja de las próximas reuniones entre acreedores y liquidadores tendrá que ser una en la cual se supriman todas las fallas arrastradas desde 1997, cuando DRP adquirió el complejo metalúrgico, lo que incluye nuevos términos en el contrato, cumplimiento de compromisos ambientales y pleno conocimiento de los antecedentes de quien asuma el reinicio de las operaciones metalúrgicas.

Esto último es gravitante: si en 1997 buena parte del personal administrativo e ingenieril de Centromin pasó a trabajar con DRP y ya vemos lo que pasó, en esta siguiente etapa hay que ser cuidadoso con ello, porque la perversa filosofía de trabajo hasta hoy aplicada podría continuar. La Oroya y muchas otras comarcas del país merecen otro trato. Tenemos que entender que la salud pública, el ambiente y el respeto de los derechos de la gente también son factores clave para el desarrollo.