La finalidad no debe ser solo castigar y reprimir las conductas de quienes están destruyendo nuestra biodiversidad, o evadiendo tributos, entre otros; sino pensar y trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la minería ilegal.

Las protestas violentas en Madre de Dios como reacción a las medidas legislativas que penalizan la minería informal, entre otros, son la punta del iceberg de un problema mayor y sumamente complejo. Los antecedentes se encuentran en la minería de oro artesanal que se da en el Perú hace muchísimos años, que en la década de 1980 se convirtió en una alternativa de subsistencia para mucha gente, desplazada por la crisis económica y el terrorismo. Con los años, esta actividad fue creciendo de manera desordenada e informal como una estrategia de lucha contra la pobreza. Según información diagnóstica, fue a partir del 2002 que creció fuertemente dado el ciclo internacional de precios altos del oro, lo que llevó a una expansión geográfica que pasó de desarrollarse en cuatro zonas tradicionales Madre de Dios, Puno, La Libertad y el eje Nazca-Ocoña, a gran parte del territorio nacional.

No obstante, la magnitud del problema iba creciendo y generando variantes (corrupción, trata de personas, daños irreversibles al medio ambiente, a la salud humana, evasión de impuestos, etc.); desde el Estado la respuesta no fue lo suficientemente contundente como para enfrentarlo. Hoy pareciera que hay voluntad política para hacerlo. Esta voluntad debe ir de la mano con un entendimiento integral y profundo del problema que busque aprehenderlo en su complejidad. Dicha complejidad está dada evidentemente por las múltiples dimensiones asociadas a la problemática: aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos, tecnológicos, legales, laborales, territoriales, entre otros. Por ejemplo, parte del problema pasa por la búsqueda de oportunidades de trabajo de mujeres jóvenes que terminan siendo forzadas a la prostitución; pero también se relaciona con la debilidad de instituciones estatales que no han contado con las capacidades y recursos necesarios para enfrentarse a la minería ilegal, dando lugar a espacios que son tierra de nadie.

Estos son solo un par de ejemplos de las múltiples cuestiones asociadas al problema de la actividad minera ilegal. Con los lentes de la mutidimensionalidad nos damos cuenta de que no estamos frente a un solo problema, sino muchos problemas a su vez complejos e interconectados que generan conflictos. Una de las entradas de intervención es el enfoque legal, que ha generado medidas legales como el decreto legislativo 1103 que establece medidas de control y fiscalización de los insumos químicos (mercurio y cianuro) que se utilizan en la minería ilegal y la penalización asociada. Desde este enfoque legal se están haciendo valiosos esfuerzos, que incluso pasan por tratar de definir los ámbitos del problema. El reciente DS 006-2012  diferencia entre minería informal e ilegal, señalando que ambas son actividades mineras que no cumplen con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental; y diferenciándolas en que mientras la primera se realiza en zonas autorizadas, la segunda no.

Indudablemente las medidas legislativas deben complementarse con otras que respondan a las demás dimensiones del problema. Regresando entonces a las recientes protestas de Madre de Dios, diría que este conflicto puede traer un potencial transformador si como sociedad tomamos conocimiento y nos sensibilizamos ante la impunidad total con la que ha actuado la minería ilegal. Este conflicto en Madre de Dios podemos verlo también como un catalizador para un cambio social positivo.  La finalidad no debe ser solo castigar y reprimir las conductas de quienes están destruyendo nuestra biodiversidad, o evadiendo tributos, entre otros; sino pensar y trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la minería ilegal. Si vamos más allá, coincido con quienes piensan que tenemos al frente el desafío de construir un modelo de desarrollo regional para Madre de Dios, que sea verdaderamente humano y sostenible. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el diálogo sobre los plazos y formas del proceso de formalización es uno de los primeros pasos. Restan muchos otros que deben responder a una estrategia integral y planificada para intervenir en este conflicto.

Un riesgo es limitar las estrategias a lo que más se conoce o dejarse llevar por presiones de tiempo o por dinámicas políticas. Entonces, necesitamos identificar y explicitar qué nivel de cambio se busca, y lógicamente cómo lo vamos a medir. La premisa es que existen causas fundamentales o profundas en el conflicto de Madre de Dios, las que por definición deber guiar las intervenciones que se pretendan llevar a cabo. Debemos comenzar por una profunda y concienzuda investigación de la naturaleza, fuentes y dinámicas de los conflictos relacionados con la minería informal. Aquí puede estar el gran aporte de nosotros como academia para que el Gobierno pueda definir estrategias viables para la búsqueda de soluciones. La minería informal, al igual que otros problemas sociales, no es un asunto del Gobierno solamente sino de todos los peruanos.