Los ciudadanos más pobres de nuestro país pagan hasta doce veces más por el agua de consumo doméstico, pese a que acceden a ella en precarias condiciones de calidad y continuidad.

Los ríos de 129 cuencas -de un total de 159 cuencas hidrográficas en nuestro país- están contaminados con coliformes fecales y diversos metales pesados.

En países como Perú no cabe duda de que la gestión del agua supone la gestión de conflictos. Un Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo indica que solo en julio de 2016 se han registrado 150 conflictos de tipo socioambiental y, al menos, el 20% de ellos está directamente vinculado al agua. Lamentablemente, esta conflictividad alude directamente a la falta de concreción de un derecho fundamental como el derecho humano al agua, no solo en relación con la cantidad sino también con la calidad del agua y la oportunidad. Así, por ejemplo, en relación con el agua para consumo humano, los ríos de 129 cuencas -de un total de 159 cuencas hidrográficas en nuestro país- están contaminados con coliformes fecales y diversos metales pesados.

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el año 2015, de un total de 6 millones 864 mil 520 peruanos en situación de pobreza, solo el 68.67% de ellos accedían a la red pública de agua potable. El porcentaje restante de la población en situación de pobreza accede al agua en condiciones que pueden resultar insuficientes y que no aseguran un estado óptimo en términos de calidad. Por ejemplo, el 2.9% hace uso de pilones públicos; 4.49% se abastece de aguas de pozos; un significativo porcentaje de 15.69% bebe agua de ríos, acequias o manantiales; y, finalmente, al menos un 1.92% de la población más pobre adquiere el agua en camiones cisternas.

Este último segmento de la población está conformado por ciudadanos que habitan las áreas más deprimidas de las grandes urbes. De acuerdo con información de la Sunass, en el año 2015 podían llegar a pagar hasta cuatro dólares por metro cúbico de agua, mientras los usuarios conectados a la red pública pagaban solo un monto aproximado de 30 céntimos de dólar por cada metro cúbico de agua. Es decir, los ciudadanos más pobres de nuestro país pagan hasta doce veces más por el agua de consumo doméstico, pese a que acceden a ella en precarias condiciones de calidad y continuidad.

Una dimensión importante de esta situación está relacionada con los marcos normativos que regulan la gestión de los recursos hídricos. La globalización económica ha traído consigo un desarrollo exponencial del derecho internacional de las inversiones; y, al mismo tiempo, somos testigos de la importancia trascendental que han adquirido los derechos humanos y la reconfiguración del rol del Estado, no solo como un garante de los derechos fundamentales, sino también como ente regulador de la economía.

La aplicación de regímenes normativos que regulan estos universos jurídicos alrededor del agua crea tensiones sobre la gestión, uso y disfrute de los recursos hídricos. Cómo resolvemos un conflicto, qué marco normativo usamos, qué efectos genera la aplicación de uno en desmedro del otro, cómo se construye finalmente la gobernanza del agua son preguntas que esperamos responder en las IV Jornadas de Derecho de Aguas, que se realizarán el 15 y 16 de septiembre, organizadas por el Centro De Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (Cicaj), del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Estas jornadas, que se realizarán en el Auditorio de Ciencias Sociales, tendrán como invitados a profesores expertos en el Derecho de Aguas de Argentina, Chile, España, Suiza y Perú.

Sin duda, urge desarrollar políticas que prioricen al agua como uno de los elementos más importantes para el desarrollo humano. En ese sentido, creemos necesario abrir espacios de reflexión y difusión académica, en torno a los desafíos que impone el derecho humano al agua. Por ello, el Cicaj los invita cordialmente a compartir y debatir temas, como las perspectivas del derecho humano al agua y del derecho de las inversiones en el ámbito internacional, la resolución de conflictos por el agua en foros internacionales y los desafíos de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento en nuestro país.