Ciencias sociales y comunicaciones
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¿Qué implica la llamada ‘Ley mordaza’?

El Dr. Jorge Acevedo, docente del Departamento de Comunicaciones de la PUCP, nos da algunas luces sobre la Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano.

Autor: Suny Sime

La semana pasada el Congreso aprobó la Ley 30793, también conocida como ‘Ley mordaza’ o ‘Ley Mulder’. Esta medida prohíbe al Estado anunciar en medios de comunicación privados y restringe su publicidad a los medios estatales. Sus defensores aducen que es una ley “antimermelada” (en el argot periodístico, “mermelada” se refiere a los beneficios que reciben ciertos comunicadores a cambio de mejorar la imagen de políticos o empresarios), cuyo único objetivo es parar el “despilfarro” del dinero público en favor de grandes grupos mediáticos.

Para el Dr. Jorge Acevedo, docente del Departamento de Comunicaciones de nuestra Universidad, esta “es una forma de censura indirecta a los medios de comunicación que genera una colisión directa con la Constitución y con un conjunto de principios y declaraciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha emitido”.

Regulación sí, restricción no

En agosto del 2006 se promulgó la Ley 28874, la cual establecía algunos principios y criterios para regular la publicidad estatal, pero nunca fue reglamentada. “El segundo gobierno de Alan García tuvo la posibilidad de reglamentarla, pero esto no sucedió. Por eso llama mucho la atención que el congresista (Mauricio) Mulder, que fue parte de ese gobierno, ahora presente esta ley que tiene el apoyo absoluto del fujimorismo”, comenta Acevedo.

Para el especialista, esta no es la forma de subsanar el problema de fondo: la gestión ineficiente de los recursos públicos. El camino no es prohibir, sino debatir reformas a la ley del 2006 y reglamentarla, teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y siguiendo los principios de equidad, descentralización y transparencia, propuestos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El Consejo de Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) también rechazaron la aprobación de esta ley. A través de un comunicado, señalaron que este mecanismo constituye una muestra de censura indirecta e implica un recorte de libertades informativas. “Bajo el pretexto del uso de los recursos públicos, esta ley oculta la intención de acallar a la prensa y mermar su rol fiscalizador, además de atentar contra el derecho de los peruanos a recibir información en poder del Estado”, manifestaron.

Visto así, los principales afectados de esta medida son la ciudadanía, la prensa y el Estado. “Hay un recorte del derecho de los ciudadanos de estar informados y hacer una tarea de vigilancia y control de las actividades del Estado”, señala Acevedo. “Y una restricción severa, no solo a los grupos mediáticos grandes, sino a los diversos medios de comunicación locales y regionales, que podrían ser los más afectados, porque los mercados de la publicidad en regiones no están tan desarrollados en Lima”, agrega.

Por su parte, el Estado, a través de los gobiernos locales y regionales, ministerios y agencias gubernamentales en general, se ve imposibilitado de desarrollar un trabajo informativo permanente sobre campañas vinculadas a políticas públicas, programas sociales, y derechos y obligaciones de la ciudadanía. “No se está pensando en regular en favor del derecho a la información de los peruanos, de la pluralidad y diversidad de medios, y de la capacidad de comunicación que tiene que tener cualquier gobierno en el mundo”, puntualiza.

Vacío digital

El segundo artículo de esta ley señala que las entidades públicas también podrán difundir información a través de las redes sociales. Lo que no se toma en cuenta es que estas también son medios privados. Acevedo alerta que este espacio tampoco está libre de intereses políticos y económicos.

Una de las corporaciones globales más grandes, Facebook, se vio recientemente cuestionada por la filtración de datos personales a la consultora política Cambridge Analytica durante la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Las huellas que dejan los usuarios incluyen información sobre su vida, como intereses y capacidad de consumo, que luego es usada por corporaciones privadas para ofrecer productos y servicios.

Además, debido a la última actualización del algoritmo de Facebook, la red pasó a privilegiar el contenido por intereses y a priorizar las publicaciones de familiares y amigos de los usuarios por encima de las distribuidas por empresas. Así, para aumentar el alcance de una página de Facebook, el contenido debe ser pagado. Esto es casi imposible con el marco de contrataciones públicas. Razón por la cual, por ejemplo, el diario brasileño Folha de S. Paulo dejó de publicar en esta red social.

Si por un lado se omite cierta información; por otro, se abre paso a la posverdad (tergiversación de información). Y las redes sociales son terreno fértil para este tipo de acciones. Prueba de ello son los ataques masivos a periodistas o políticos por parte de trolls, mediante la difusión de información falsa.

Finalmente, Acevedo advierte la relación de esta medida con las próximas elecciones, tanto municipales y regionales como generales. “Si los fujimoristas y apristas están tan interesados en abrir el espacio de los medios al servicio de la ciudadanía, ¿por qué, por ejemplo, no discuten límites a la concentración en la prensa? ¿O por qué no proponen que la publicidad electoral, al menos por un periodo de 60 días antes de una votación, se desarrolle con financiamiento público?”, concluye.

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