Dice el Mg. Augusto Tamayo, cineasta de reconocida trayectoria y egresado de la PUCP, que, a pesar de sus vacíos, sin las dos leyes de cine que hemos tenido no habría existido posibilidad de hacer cine en el Perú. “Si el gremio cinematográfico no hubiera logrado las dos leyes que logró, no habría cine peruano. La primera, la Ley 19327, se dio en 1972, durante el gobierno militar. Con todas las carencias que pudo tener, esta fue la ley que permitió que se hiciera cine sistemáticamente, por primera vez, en la historia del Perú, porque se crearon las condiciones para que existiera. Duró 20 años, fue derogada y se cambió por la Ley 26370, el año 1994, que es la que tenemos hasta ahora”, dice el realizador.

La llegada del nuevo siglo trajo consigo la inquietud de una ley que responda al nuevo contexto al que nos enfrentamos. Recuerda Augusto Tamayo que el trabajo por una nueva ley comenzó en el año 2001 en el marco del Festival de Cine de Lima. “El entonces Conacine convocó a un grupo de personas, entre ellas yo, para producir una ley que complementara, cambiara o reemplazara a la 26370, que es la que nos rige ahora. Y desde entonces se viene trabajando. Ha pasado el tiempo, los miembros de esas comisiones hemos rotado una multitud de veces y las distintas comisiones formadas han tenido que lidiar con cuatro gobiernos, cuatro congresos, varios ministros de Economía y algunos ministros de Cultura. Entonces, nos referimos a un largo proceso”, explica.

Pero ¿por qué esta demora? Tamayo considera que los esfuerzos se han quedado sin concretar a causa de un impase que no se consigue superar: el económico. “Hay un problema con el fondo que se desea crear, que solo puede ser superado con una decisión político- económica muy fuerte. Antes no ha habido la intención, no sé si la haya ahora”, dice con cierto escepticismo.

Un fondo común

Carolina Denegri, productora de cine egresada de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, le da la razón a Tamayo en la medida que considera que el presupuesto es un problema importante.

“Necesitamos una nueva ley porque enfrentamos varios problemas claves y uno de ellos tiene que ver con la independencia del presupuesto que manejamos. Los casi S/ 8 millones que gestiona la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura (Mincul), son una partida que se lucha año a año. Los concursos también son una forma que, sobre la marcha, se ha ido gestionando, armando y organizando para poder impulsar, de a pocos, la industria cinematográfica peruana, pero es todavía como si fuera algo prestado, no es una partida institucionalizada de la cual nosotros podamos depender y que sea fija o sólida”, dice.

Carolina explica que los productores nunca saben si DAFO tendrá el presupuesto completo, pues la Dirección lucha constantemente por él. “Es como pedir un préstamo y renovarlo cada año”, añade.

Sin embargo, no es la única carencia de nuestra actual ley (26370). La Mg. Fátima Toche, abogada egresada de la PUCP, considera que lo peor de la actual ley es que hay una desprotección total a la película una vez que ya está hecha y para distribuirse, y que no hay un adecuado seguimiento del dinero que se otorga en los concursos. “El Estado da dinero para una obra cinematográfica, pero no se sabe si este dinero se está utilizando bien o no”, señala.

Una nueva esperanza

El 28 de abril de este año, el ministro de Cultura, Mg. Salvador del Solar, presentó públicamente el anteproyecto de la Ley de Cine y el Audiovisual peruano. El texto estuvo disponible durante dos semanas para recibir aportes de los interesados, y, adicionalmente, DAFO realizó reuniones con gremios e instituciones involucradas. El texto del anteproyecto presenta novedades que han llamado la atención de los involucrados en la producción cinematográfica. Entre ellas, dos muy importantes: la recaudación de fondos, y la exhibición y la distribución.

“Se plantea en el anteproyecto que la DAFO sería un agente fiscalizador y un apoyo también a la hora de lidiar con los exhibidores. Sin embargo, aunque se está pidiendo una semana como mínimo para todas las películas peruanas, los términos exactos de estos acuerdos todavía podrían ser desfavorables. En ese sentido, en mi caso, yo hubiera preferido una cuota de pantalla, porque creo que si bien es más drástico, es más concreto. Se pide una semana para una película peruana pero ha pasado que, de pronto, dan un horario complicado, e incluso podrían dar solo un horario de una sala y con eso estarían cumpliendo la ley. Igual es ser muy pesimista, lo que se espera es que se cumpla la ley en los mejores términos. Sin embargo, durante todo este tiempo, el principal problema es que sentimos que, por parte de los distribuidores y exhibidores, no hay esa intención que está propiciando la ley. Los términos han sido siempre muy vagos, no se firmaban contratos, el maltrato a las películas ha sido constante. Que la ley vaya a cambiar esta intención de los exhibidores es poco probable”, declara Denegri.

Al respecto, Augusto Tamayo considera que los exhibidores pueden argumentar que se exhiben más películas peruanas que nunca. “Los cineastas, como corresponde, trabajan por defender los intereses de los productores y directores peruanos, pero esto ocurre dentro de un determinado contexto, donde el mercado funciona con determinadas políticas económicas”, señala.

Desde el punto de vista legal, Fátima Toche considera que se trata de una propuesta estructurada. “Trata de ordenar muchas cosas, de establecer facilidades para fomentar las coproducciones con otros países, de tener más dinero en el fondo para el fomento de producciones y se acerca tímidamente al tema de las cuotas de pantalla. No dice que de toda la cartelera siempre habrá que tener una película peruana, lo que dice es si hay una película peruana, tiene que estar, por lo menos, una semana y luego lo que se acuerde por contrato. Que haya un contrato ya me parece bastante, porque el trato con el exhibidor hasta ahora es solo de palabra”, explica.

Sin embargo, Fátima Toche señala algunas cosas con las que sería bueno contar en una ley de cine para que sea completa. “Le falta toda la parte previa, como formación de público o la educación y la capacitación técnica para quienes quieran trabajar en cine. Para mí, el ideal de una ley de cine sería algo que tenga que ver en el currículo, tanto en la formación de público como en la formación de profesionales. No tenemos escuelas para formación de productores, de directores, de técnicos en cinematografía. Normalmente, suelen ‘saltar’ de la publicidad al cine de forma intuitiva, a menos que se haya hecho estudios en el exterior”, señala.

Además, la abogada propone una forma interesante de recaudar más fondos para el cine y la cultura en general. “Se podría apostar por el mecanismo de obras por impuestos para el tema cultural y parte de ello puede dirigirse al cine. Por ahora este mecanismo se utiliza solo con infraestructura, pero ¿por qué no incorporarlo a este rubro? En el cine, los recursos del fondo siempre son limitados, en cambio, con participación privada, siempre puede haber más recursos”, manifiesta.

Mientras que la discusión continúa en el ámbito del Ejecutivo, el gremio cinematográfico espera mejores condiciones para hacer más cine y el público aguarda que el cine que venga sea mucho mejor.

EL FESTIVAL DE CINE DE LIMA
El Centro Cultural de la PUCP (CCPUCP), espacio ya consolidado como circuito de cine alternativo, organiza este año la edición número 21 del Festival de Cine de Lima. Fiel a su misión de acercar al público a lo mejor del cine latinoamericano, gracias a este festival se logra llevar a la pantalla un cine distinto que al comercial, gracias al convenio que se sostiene con la cadena Cineplanet. Las alianzas con otros espacios culturales y salas de cine de Lima y algunas regiones han logrado la descentralización del festival. Se llega cada vez a más público no solo con proyecciones, sino también con talleres, cursos y conferencias que se realizan en el marco de este evento latinoamericano. Durante el discurso inaugural del 20 Festival de Cine, el entonces ministro de Cultura, Jorge Nieto, se comprometió a impulsar la ley de cine. Su palabra ha sido cumplida por el nuevo ministro, Salvador del Solar.

Del 10% al 5%

El anteproyecto de ley contempla que el 5% del valor de las entradas de cine vaya al Fondo de Fomento de la Cinematografía. Sin embargo, actualmente, los cines pagan un impuesto del 10% a los municipios por ofrecer un espectáculo público no deportivo ¿Por qué no mantener ese porcentaje? Según explicó el Mg. Pierre Emile Vandoorne, director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, los cines venían reclamando hace bastante tiempo el retiro de este impuesto, bajo el argumento de que los municipios ya no brindan los servicios de ornato o seguridad que se brindaban antes de la aparición de los multicines. “El 5% fue la cifra de consenso entre los exhibidores, que pedían la exoneración, y los productores, que son los beneficiarios del fondo”, explica. Queda pendiente un trabajo del Ministerio de Cultura con los 26 municipios que serán afectados al no recibir dicho impuesto.