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Informe PuntoEdu: La tala ilegal y la deforestación de la Amazonía peruana

El asesinato del líder asháninka Edwin Chota por presuntas mafias de madereros en Ucayali volvió a poner en el ojo público un problema que el Estado no ha podido encarar: la tala ilegal, actividad que viene depredando bosques amazónicos y que pone en peligro la integridad de las comunidades nativas.

Autor: Carlos Franco | Fotos: La República

Cuando Edwin Chota denunció a los sujetos que, día a día, saqueaban los bosques de su comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali; él no tenía más armas que su propia voz. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para frenar el avance de los madereros ilegales. Él sabía, desde hace mucho tiempo atrás, que la tala de madera afectaba su vida y la de su familia, así como todo su entorno natural. Pero Chota fue asesinado por quienes él había denunciado y no pudo cumplir su sueño: ver a su comunidad nativa segura y libre de los criminales de la madera.

Lamentablemente, no pudo alcanzar sus objetivos estando vivo, pero su muerte ha atraído gran atención política al tema y, quizá ahora, haya esperanza para las familias que viven en las comunidades afectadas por la tala ilegal.

Edwin Chota fue un líder asháninka con voluntad de acero. Había acudido innumerables veces adonde la autoridad estatal para dar a conocer su problema. No le hicieron caso. El Estado hizo oídos sordos a sus reclamos. Las autoridades recién han reaccionado luego de su asesinato –como él, otros tres dirigentes asháninkas fueron muertos ese día– y han nombrado a un alto comisionado que, en teoría, enfrentará a las mafias de la tala ilegal.

Pero los derechos que exigía Chota y sus compañeros y el comercio informal de madera –negocio redondo que anualmente mueve millones de soles en el país– son asuntos que, según los especialistas, difícilmente encontrarán solución en el corto plazo. Y es que, como todo problema complejo, la solución requiere un enfoque multisectorial, para el que aún no se ve una voluntad política real por parte del gobierno.

Negocio redondo

El comercio ilegal de madera es un negocio multimillonario. Según declaraciones del ministro del Interior, Daniel Urresti, anualmente, la tala ilegal mueve aproximadamente 400 millones de soles. Es, además, una de las principales actividades ilícitas que más recurre al lavado de activos, al igual que el narcotráfico y la minería ilegal, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando se “lava la madera” es difícil rastrear su origen. Y es, justamente, esta madera ilegal la que termina en los principales mercados del mundo, como el de Estados Unidos, China y Europa.

De acuerdo con un estudio publicado en el 2012 por el Banco Mundial, el 80% de la madera exportada por Perú es de origen ilegal. En tiendas o centros comerciales norteamericanos y chinos, se puede encontrar este material en forma de parqué de madera fina, que luego acabará cubriendo los pisos de casas, departamentos o residencias. Y todo esto sucede a pesar de un Tratado de Libre Comercio que nuestro país mantiene con EE.UU., en el que, precisamente en una de sus cláusulas, se prohíbe el comercio ilegal de madera entre ambas naciones.

Para Julia María Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en EE.UU., la tala ilegal es un problema muy complejo, en el que están involucrados varios actores. Ella explica que, para que esta actividad pueda darse sin problemas, se necesita un sistema de lavado de madera que haga pasar este recurso por legal, para que así se pueda comercializar a nivel local e internacional.

“Todo este sistema de lavado empieza desde que se llena con información falsa los inventarios forestales que presentan los concesionarios. Cuando la autoridad regresa al campo a verificar de dónde salió la madera, descubre que tales árboles en realidad nunca existieron en el campo, sino sólo en los inventarios falsos”, dice. Y agrega: “Estos inventarios son elaborados por ingenieros forestales, que tienen que estar colegiados. En el documento debe aparecer cada árbol georreferenciado, la especie que se va a talar, su tamaño, entre otras características. Pero, muchas veces, cuando se ha revisado estos inventarios, las autoridades se han dado cuenta de que la información no coincide, es falsa”.

Urrunaga advierte: “El sistema de concesiones se utiliza para lavar madera que viene de cualquier otro lugar”. La especialista afirma, además, que una actividad como la tala ilegal podría poner en peligro un acuerdo comercial como el TLC. “El TLC con Estados Unidos es el primer tratado de comercio que tiene un capítulo ambiental y vinculante, es decir, que es de carácter obligatorio para ambos países. Además, este TLC tiene un anexo forestal, en el que Perú y EE.UU. se comprometen a luchar contra la tala ilegal, aumentar la participación indígena y disminuir la corrupción”, explica ella. “Una violación a estos acuerdos puede traer sanciones comerciales; incluso, en un caso extremo, la disolución del tratado, lo que sería gravísimo”, continúa.

En el 2012, la Agencia de Investigación Ambiental publicó un estudio que analiza el comercio ilegal de madera en el país, sus mecanismos, procedimientos y consecuencias en las comunidades nativas y el medioambiente. El documento se titula “La máquina lavadora: cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques de Perú”.

“En este trabajo –cuenta Urrunaga– demostramos con documentos oficiales del gobierno peruano que se había exportado madera ilegal de Perú a Estados Unidos. La autoridad de comercio norteamericana llegó a abrir  una investigación que duró 8 meses, hubo una serie de reuniones en Washington y en Lima. Pedimos que se investigara a los exportadores, pero estos suspendieron sus exportaciones mientras duró la investigación. No se logró mucho en ese aspecto, pero la investigación confirmó la situación complicada del sector que describimos en nuestro informe y concluyó con un Plan de Acción de 5 puntos, coordinado por ambos gobiernos, que aún esperamos que se llegue a implementar”.

Mira el informe completo en la edición impresa de PuntoEdu N° 323

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