29 de abril del 2013

INFORME: Armas bajo la lupa

El número de armas en el país crece cada día con un deficiente control. En un intento de reglamentar este fenómeno, el Ministerio del Interior ha promulgado un Decreto que no deja de ser polémico. Sigue pendiente actuar ante la rampante inseguridad que es la que provoca el reciente armamentismo de algunos ciudadanos.

Asaltos a mano armada, tiroteos y asesinatos son algunos de los delitos perpetrados en nuestro país. En este contexto de incertidumbre e inseguridad, cada vez son más los ciudadanos que prefieren armarse, buscando salvaguardar su integridad.

Las cifras demuestran que en los últimos seis años se ha incrementado la venta de armas de fuego, la cantidad de casas de compra y de tiendas de municiones, las importaciones, el número de armas en circulación, así como el de licencias no renovadas.

En un intento por fiscalizar dicho crecimiento, el Ministerio del Interior emitió el Decreto Supremo N°006-2013-IN el 13 de abril pasado. Este modifica la Ley Nº 25054, sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que no son de guerra, que cuestionaba, entre otras cosas, no poner ningún límite a la cantidad de armas que podía tener una persona. Así, con el nuevo decreto supremo solo se podrá portar hasta dos armas de fuego autorizadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). Y, en casos excepcionales, se podrá permitir el uso de hasta cinco armas de cañón corto, previa evaluación de un comité especial. Adicionalmente, las pistolas de 9 milímetros, como la Parabellum y los revólveres Smith Wesson calibre 38, quedan prohibidos para el uso personal, y aquellos civiles que tengan en su posesión este tipo de armas deberán transferirlas, en un plazo de 180 días, a efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales.

La SUCAMEC refirió que las razones obedecieron a criterios estrictamente técnicos, ya que el alcance máximo de estas armas de cañón largo es de 400 metros, y lo que busca la ley es evitar daños a terceros al momento de su manipulación. La norma también dispone que la licencia para portar armas se deberá renovar anualmente.

Hecha la ley

Como era de esperar, la norma levantó polvo rápidamente y fue cuestionada desde diversos frentes. “Me parece un desatino total, pues supone la privación de la propiedad, que implica la libre disposición de la misma. No te pueden obligar a vender tus armas, eso es una incautación. Debe haber unas 60 mil Parabellums. ¿Cómo y quiénes las van a comprar?”, se pregunta Dardo López-Dolz, abogado de la PUCP y analista en temas de seguridad y defensa nacional.

Por su parte, Romy Chang, abogada penalista y docente de nuestro Departamento de Derecho, sostiene que “esta norma busca reglamentar el uso de armas, limitar su utilización. No veo que haya un derecho constitucional que se esté impidiendo ejercer de forma absoluta. Sin embargo, no pienso que limitar la tenencia de armas contribuya realmente a solucionar el problema, que radica, más bien, en quiénes tienen el permiso para portarlas. Lamentablemente la institución a cargo (SUCAMEC) no está teniendo los filtros adecuados para otorgar las licencias, y un claro ejemplo es el caso de Gerson Urrutia, conocido como el ‘Loco de la Catedral’”. Como recordarán, en marzo pasado Urrutia irrumpió en la capilla El Sagrario (ubicada al lado de La Catedral de Lima) y realizó varios disparos al aire. A pesar de sufrir esquizofrenia, logró obtener una licencia para portar armas.

“Adicionalmente, con la norma publicada, el problema puede agravarse, pues propone reducir la burocracia administrativa para poder conseguir los permisos, acelerando el trámite. En lugar de contribuir con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, se está aportando mayor riesgo”, agrega la penalista.

Entonces, ¿cuál fue la principal motivación para promulgar esta normativa? El director de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), general EP (r) Jorge Carcovich, declaró a diversos medios de comunicación que en los últimos 25 años el Estado peruano había otorgado alrededor de 300 mil licencias para portar armas de fuego. Cerca de la mitad no había sido regularizada, lo que significaba 150 mil armas de las que no se tenía rastro y que, presumiblemente, serían utilizadas para cometer delitos.

Lea el informe completo en la edición impresa de PuntoEdu Año 9, número 273 (2013)

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