16 de marzo del 2016

Derrame en la selva: el daño irreversible del petróleo

El 25 de enero y 3 de febrero, dos fisuras del oleoducto norperuano, operado por petroperú desde 1974, ocasionaron graves derrames de petróleo en los ríos chiriaco (amazonas) y morona (loreto), ambos afluentes del marañón. Profesores PUCP comentan los efectos ambientales y políticos de esta grave situación.

En menos de dos semanas, la Amazonía peruana ha sido vulnerada por dos ingentes manchas de petróleo derramadas en los ríos Chiriaco (provincia de Bagua, Amazonas) y Morona (provincia de Datem del Marañón, Loreto). El responsable: Petroperú, empresa pública que fue signada como tal por no brindarle el mantenimiento adecuado a la infraestructura del Oleoducto Norperuano, la cual fue tildada de “obsoleta” por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

La Dra. Ana Sabogal, directora de la Maestría en Desarrollo Ambiental de nuestra Universidad, califica lo ocurrido como un “desastre ecológico inmenso” y asegura que será “casi imposible” revertir los daños ocasionados a la flora y fauna locales, pues se encuentran marcados por la toxicidad del hidrocarburo que se expande y afecta al ecosistema de los miles de peruanos que dependen de este para subsistir.

“El derrame es consecuencia de la falta oportuna de mantenimiento de los ductos. Lo triste es que no solo los ríos Marañón y Amazonas se contaminan, sino que se pierde espacio no explotado y desconocido para el estudio de los ecosistemas. Por otro lado, y no menos importante, esta situación afecta gravemente la diversidad del Amazonas, que compite con los ríos más grandes del mundo y que alberga nuestra cuenca amazónica, única en el mundo”, detalla la también docente del Departamento de Humanidades.

Como señala Sabogal, los daños ambientales están hechos, pues es imposible remediar la contaminación que actualmente afecta a miles de peruanos que no tienen agua potable, porque la que consumían procedía del río; y que han perdido su sustento diario, pues especies marinas han muerto debido al petróleo. En ese sentido, cabe preguntarse ¿cuál es el rol del Estado en esta grave crisis socioambiental? El Lic. Iván Lanegra, docente del Departamento de Ciencias Sociales, explica que toda empresa dedicada a la actividad extractiva tiene obligaciones en materia de seguridad y medioambiente.

En cuanto a seguridad, la empresa debe certificar que todas las instalaciones del oleoducto tienen las garantías tecnológicas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Esto incluye el mantenimiento, como comentaba la profesora Sabogal, para asegurar el funcionamiento del ducto. Además, el abogado Lanegra afirma que Petroperú tiene la obligación de actuar rápidamente para aminorar el nivel de impacto y reparar totalmente el área afectada.

Por esta razón, y obligado por ley a remediar esta situación, Petroperú informó, a través de un comunicado, que la compañía finlandesa Larsen Marine Oil Recovery (Lamor) es la encargada de hacer la limpieza y remediación de la contaminación ambiental causada por las fisuras del Oleoducto Norperuano, una inmensa tubería de 854 kilómetros de longitud que atraviesa costa, sierra y selva de nuestro país.

“El solo hecho que se produzca daño al ambiente ya genera obligación por parte de la petrolera de reparar e indemnizar a todos los afectados. La actividad es riesgosa y genera una suerte de responsabilidad objetiva que no se puede franquear. No importa la causa, eso está fuera de discusión”, asevera Lanegra.

En ese sentido, el abogado agrega que hay obligación estatal, pues la legislación así lo determina en las figuras de emergencia sanitaria y ambiental. En el primer caso, lo fundamental es proteger la salud de los ciudadanos. Ante las diversas fotos y denuncias, por ejemplo, de niños que están recogiendo el crudo con baldes, el Estado sería el responsable directo de esta situación.

En el caso de la emergencia ambiental, Lanegra asegura que el gobierno debe destinar recursos para atender, lo más pronto posible, los derrames. Es simple: el gobierno debe consignar recursos económicos y humanos (profesionales capacitados y con todas las medidas de seguridad respectivas) para paliar el desastre lo más que se pueda, aunque sea un hecho que los ríos contaminados no volverán a ser los mismos.

Las sanciones

Hoy, semanas después de los derrames, conviene preguntarse cuáles serán las sanciones para Petroperú, más allá de las medidas correctivas que viene aplicando en su obligatorio plan de contingencia de limpieza y extracción del crudo de los ríos y distritos contaminados. El profesor Lanegra explica que, según la legislación vigente, la empresa debe ser multada en casos de falta muy grave (es el caso, por supuesto) y si hay reincidencia.

“Al parecer, ambas cuestiones ocurren, pues hubo un incidente similar de derrames en el 2014 en Loreto. Además, estamos frente a un caso de daño grave, porque el petróleo ha llegado a los cuerpos de agua y ha afectado a la población local”, añade Lanegra. Los derrames del 2014 –a los que hace referencia el especialista– también fueron causados por fallas en el Oleoducto Norperuano: en la estación 1, a la altura de la válvula 58 de bombeo, y otra en el cruce con el río Cuninico, en la cuenca del Marañón. Sobre este punto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) comunicó que la sanción a Petroperú es de 3.200 UIT, suma que asciende a S/ 12’640.000. Las razones que arguye el ente supervisor es la negligencia en la adecuación de sus instalaciones para mantener en buen estado, en su totalidad, el Oleoducto.

En ese sentido, Lanegra enfatiza que “la indemnización y reparación ya tienen fundamento”, y que “la responsabilidad administrativa dependerá del nivel de negligencia y de daño generado”.

Aplicación del Derecho Penal

El Dr. Antonio Peña Jumpa, docente del Departamento de Derecho, explica que, para ser exactos, este no es un desastre ambiental, sino humano, pues la causa se da por la incapacidad, negligencia,
culpa o dolo por no prever el riesgo de las fisuras del Oleoducto. Según él, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está limitado por cambios normativos a través de la Ley N° 30230 (12 de julio de 2014), y que solo ha aplicado medidas correctivas; mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está en facultad de investigar a fondo los efectos del derrame. “El actuar conjunto de estos organismos muestra las limitaciones del derecho administrativo y ambiental para afrontar el desastre”, opina.

En referencia a cómo aplicar el derecho penal en este caso, el abogado apunta: “Es indispensable recurrir al derecho penal para identificar y calificar los actos humanos responsables de la tragedia. Al respecto debemos recurrir a los tipos penales aplicables, los cuales se encuentran regulados en los artículos 304° y 305° del Código Penal peruano, referidos a la tipificación del delito genérico de contaminación ambiental y a la regulación de las modalidades o formas agravadas de los delitos por contaminación ambiental, respectivamente.

Peña Jumpa señala que, según las normas, es evidente que Petroperú ha incurrido en el delito de contaminación ambiental tipificado en el artículo 304° del Código Penal. Además, de determinarse que la situación es una “catástrofe o desastre” –como hemos explicado en este informe– y de comprobarse lesiones graves en la ciudadanía, estaríamos frente a una modalidad agravada de penas mayores, como lo indica el artículo 305°.

“¿Quiénes son los responsables? Los funcionarios de la empresa Petroperú por acción u omisión. Esta responsabilidad puede extenderse hasta los organismos supervisores si hubo omisión en prevenir y controlar la catástrofe. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar e identificar a los responsables, y compete al Poder Judicial calificar, interpretar y sancionar. Ello en coordinación con las autoridades jurisdiccionales de las comunidades nativas, quienes, en cumplimiento del artículo 149° de la Constitución Política, están facultadas a intervenir”, complementa el docente.

El caso es lamentable por los daños irreversibles a las familias de las comunidades amazónicas de la zona. Y el descontento es muy grande con el Estado, al punto de que en Mayuriaga, una comunidad afectada, se retuvo a un helicóptero militar con ocho funcionarios que llegaron a las zonas contaminadas con víveres. Dos días después, la tripulación fue liberada, luego de que Petroperú se comprometiera a realizar obras de
electrificación y saneamiento tras la firma de un acta entre líderes de las comunidades, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Alfredo Murgueytio, y el presidente de Petroperú, Germán Velásquez.

Las declaraciones de Leonardo DiCaprio sobre este desastre ambiental, desde la plataforma mundial de impacto mediático como ganador del Óscar, es de interesante análisis, ya que pone en ojos del mundo la crisis ambiental que vive el país y la precariedad del sistema de protección de comunidades vulnerables. Los medios cumplen un rol vital en ese sentido, pues deben enfatizar la responsabilidad de los Estados en los desastres ecológicos más graves del planeta.

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