Un signo indiscutible del siglo XXI es, sin lugar a dudas, el impacto de las nuevas tecnologías en la vida privada, la paulatina reducción de los márgenes de acción del legislador elegido democráticamente, que se pone en evidencia mediante el control de constitucionalidad y con el nuevo control de convencionalidad.

No hay derechos fundamentales sin democracia, ni democracia sin respeto de los mismos; por eso, la democracia es una garantía institucional de los derechos de las personas. No obstante, la democracia representativa no es ajena a la afectación de los derechos, pero nunca como en las épocas de dictadura. En efecto, vemos cómo en diversos escenarios se afectan y/o amenazan clásicos derechos de libertad por medidas arbitrarias de las autoridades, pero también se violan derechos de igualdad tanto por las autoridades públicas como por las privadas. Ante estas situaciones, el estado de derecho ha previsto una jurisdicción constitucional como garante de los derechos fundamentales, tanto en sede ordinaria del Poder Judicial como en sede especializada, de última instancia, como el Tribunal Constitucional.

Esta labor judicial de protección de los derechos fundamentales se enfrenta a nuevos fenómenos que surgen como producto de la inercia o ausencia del Estado; por ello, por un lado, resulta necesario enfrentar problemas tan álgidos para las personas, como la inseguridad ciudadana, el agua potable como un derecho fundamental, la vulnerabilidad de la mujer y otras minorías, el alcance de las garantías judiciales en los procesos políticos en el Parlamento y la concentración de los medios de comunicación.

Por otro lado, un signo indiscutible del siglo XXI es, sin lugar a dudas, el impacto de las nuevas tecnologías en la vida privada, la paulatina reducción de los márgenes de acción del legislador elegido democráticamente, que se pone en evidencia mediante el control de constitucionalidad y con el nuevo control de convencionalidad. Asimismo, el efecto de irradiación de los derechos fundamentales conlleva, de modo necesario, un progresivo y constante proceso de constitucionalización del entero ordenamiento jurídico. Y no menos importante sigue siendo la problemática sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas.

En ese contexto, la Asociación civil Thémis, el Área de Derecho Constitucional y la Red Interamericana sobre Derechos Fundamentales y Democracia (RED-IDD) -cuya finalidad es constituir un espacio compartido de reflexión académica y científica en torno a la consolidación de la democracia constitucional y la efectividad de los derechos entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- llevará a cabo la Semana Interamericana de Derechos Fundamentales, conformada por dos eventos académicos de gran importancia: las II Jornadas Nacionales sobre Derechos Fundamentales (9 y 10 de octubre) y las IV Jornadas Interamericanas sobre Derechos Fundamentales (del 11 al 13 de octubre).

Como en los años anteriores, la Semana Interamericana de Derechos Fundamentales será una oportunidad de intercambios y reflexión académica entre docentes e investigadores provenientes de las diferentes universidades que conforma la red (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, etc.), quienes abordarán temas de especial trascendencia para la consolidación del estado constitucional y la plena realización de los derechos fundamentales en los países latinoamericanos.

Es importante destacar que esta actividad se inscribe en el centenario de la PUCP, institución que a lo largo del tiempo se ha comprometido con la protección de los derechos fundamentales, la democracia y la consolidación del estado constitucional.