En los últimos años, la figura del indulto ha estado asociada, de un lado, con el perdón de los delitos políticos, especialmente como una forma de abrir una nueva etapa de reconciliación en el país luego de períodos de violencia y, de otro, como una forma de reparar injusticias cometidas por gobiernos previos.

Dentro del primer grupo encontramos que el indulto fue utilizado como un instrumento de reconciliación política hacia opositores o hacia quienes se levantaron en armas contra el Estado. En este rubro podríamos incluir aquellos otorgados a los apristas por José Luis Bustamante y Rivero y a los guerrilleros Hugo Blanco y Héctor Béjar por Juan Velasco Alvarado. En este mismo sentido, en otros países de la región se buscó utilizar el «perdón del gobierno» para integrar a grupos subversivos y paramilitares al sistema democrático, los cuáles se convirtieron luego en partidos políticos.

Ahora bien, en tanto forma de reparación por abusos del sistema judicial, podemos señalar la creación, durante el Gobierno de Transición, de la Comisión de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena para investigar la situación de quienes habían sido sentenciados sin un debido proceso durante el mandato de Alberto Fujimori. Así, en el gobierno de Valentín Paniagua, esta Comisión llegó a liberar a un número significativo de presos, entre ellos al ex Primer Ministro Yehude Simon Munaro.

Por supuesto, el indulto ha tenido que ver también con las dictaduras de América Latina desde los años setenta en adelante. Durante el gobierno de Fujimori, por ejemplo, se buscó aplicar una «variante» del perdón presidencial, la amnistía –es decir, la absolución no solo de la pena sino del delito cometido– a los integrantes del Grupo Colina, pese a las pruebas que demostraban la participación de estos en el asesinato extrajudicial de civiles.

Si bien desde 1979 es una atribución presidencial –antes era del Congreso–, este no solo depende de la voluntad del mandatario de turno, pues en casos especialmente delicados el indulto necesita de la legimitidad que le otorga la opinión pública. Esto es visible, sobre todo, en la última década, en la que se ha incorporado una nueva dimensión al tema del indulto: el perdón de los acusados por corrupción, herencia del fujimorismo. Así, los intentos de los acusados por escapar a la justicia o ser perdonados por los delitos cometidos han contribuido a erosionar más la legitimidad de las instituciones judiciales y de la democracia, como viene ocurriendo estos días, en el que Gobierno no sabe cómo justificar lo ocurrido con José Enrique Crousillat.

Indultos presidenciales en gobiernos recientes (1975-2009)

Francisco Morales Bermúdez: 403
Fernando Belaunde: 2839
Alan García (I): 4316
Alberto Fujimori (I): 2823
Alberto Fujimori (II): 3821
Valentín Paniagua: 508
Alejandro Toledo: 309

Durante el 2009, García habría dado ya más de tres mil indultos.

(Fuente de las cifras: Raúl Mendoza Cánepa. «Fujimori y el indulto»).

Foto: Cristian Castro